No es viable no hacer nada
Lo entiendan o no los dirigentes que se aferran a la idea fatua de que los ajustes no son viables, el mundo exterior no comparte para nada este punto de vista.
Desde hace muchos años, distintos dirigentes partidarios, entre ellos los más conspicuos, insisten en que el «ajuste» planteado por el gobierno de turno es políticamente «inviable», de suerte que sería mejor que el ministro de Economía pensara en una alternativa menos truculenta. A pesar de todo lo ocurrido en los días últimos, continúan diciendo lo mismo. Conforme al flamante titular de la UCR, el gobernador chaqueño Angel Rozas, «políticamente no hay mucho margen para seguir por el camino del ajuste, y menos socialmente», mientras que dirigentes peronistas ya se han afirmado contrarios a cualquier ajuste ensayado a cumplir con los objetivos planteados por el FMI. ¿Qué quieren decir nuestros líderes con esto? Es de suponer que quieren decir que son personas bondadosas que nunca soñarían con ordenar medidas destinadas a perjudicar a quienes dependen del sector público. Sin embargo, el mensaje que reciben los preocupados por la proximidad de un derrumbe es otro, que por motivos electoralistas los políticos más poderosos del país no están dispuestos a asumir ninguna responsabilidad por temor a verse convertidos en blancos de la ira de los demás.
Por razones evidentes, a nadie le gustan los ajustes. Tanto el presidente Fernando de la Rúa como el ministro de Economía, Domingo Cavallo, harían virtualmente cualquier cosa a fin de no tener que intentar instrumentar uno más. El problema es que gracias a la actitud de generaciones de políticos para los que ajuste ha sido una mala palabra, ya no les quedan opciones más simpáticas. Lo entiendan o no aquellos radicales y peronistas que se aferran a la idea fatua de que los ajustes no son «viables», el mundo exterior no comparte su punto de vista y por lo tanto se resiste a enviarles más dinero. En cuanto al «sector privado» local, es decir, la mayoría abrumadora de los habitantes del país, sencillamente no está en condiciones de darles las sumas enormes que les permitirían seguir como antes. Por supuesto que en el caso de que los legisladores o gobernadores encontraran una fórmula que además de hacer innecesario un ajuste garantizara un período de crecimiento sustentable, los más agradecidos serían precisamente De la Rúa y Cavallo, pero por ahora cuando menos no existe ningún motivo para sospechar que estén por sorprendernos así.
La clase política nacional se ve frente a una disyuntiva. Por un lado, puede reconocer que la crisis financiera es auténtica y avalar de forma inequívoca las medidas necesarias para que el país logre superarla. Nadie en sus cabales ignora que dichas medidas tendrán que ser sumamente duras y antipopulares: si no fuera por esta realidad desafortunada, el desbarajuste fenomenal que estamos viviendo jamás se hubiera producido. Por el otro lado, los dirigentes políticos pueden continuar actuando como si creyeran que la mejor forma de ahuyentar a la crisis consistiría en negarse a tomarla en serio, apostando a que sus sentimientos presuntamente nobles terminarán importando más que la evolución de «los mercados». El primer curso brindaría al país la posibilidad de salir del pozo en el que se ha precipitado minimizando, si bien no eliminando, los costos que serán muy elevados. El segundo, el planteado por la irresponsabilidad que reivindican con orgullo perverso los representantes más destacados de la clase política nacional, sólo serviría para asegurar que la crisis se agrave hasta tal punto que un colapso generalizado, de consecuencias políticas y sociales imprevisibles, sea sólo una cuestión de tiempo. Entonces, en medio de las ruinas del país los gobernadores, senadores, diputados y referentes partidarios podrían informar a los sobrevivientes de que a pesar de todas las presiones se resistieron a ajustar nada, pero sería poco probable que se los felicitara por lo buenas que fueron sus intenciones. Por el contrario, incluso los muchos que hoy en día los aplauden por su voluntad de concertar una salida que no suponga un ajuste los considerarán, con toda justicia, los artífices de una catástrofe que con un mínimo de sentido común por parte de los «dirigentes» nunca se hubiera producido.
Desde hace muchos años, distintos dirigentes partidarios, entre ellos los más conspicuos, insisten en que el "ajuste" planteado por el gobierno de turno es políticamente "inviable", de suerte que sería mejor que el ministro de Economía pensara en una alternativa menos truculenta. A pesar de todo lo ocurrido en los días últimos, continúan diciendo lo mismo. Conforme al flamante titular de la UCR, el gobernador chaqueño Angel Rozas, "políticamente no hay mucho margen para seguir por el camino del ajuste, y menos socialmente", mientras que dirigentes peronistas ya se han afirmado contrarios a cualquier ajuste ensayado a cumplir con los objetivos planteados por el FMI. ¿Qué quieren decir nuestros líderes con esto? Es de suponer que quieren decir que son personas bondadosas que nunca soñarían con ordenar medidas destinadas a perjudicar a quienes dependen del sector público. Sin embargo, el mensaje que reciben los preocupados por la proximidad de un derrumbe es otro, que por motivos electoralistas los políticos más poderosos del país no están dispuestos a asumir ninguna responsabilidad por temor a verse convertidos en blancos de la ira de los demás.
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