No hay derecho

editorial

Cuando a la estadística fría se le desdibuja el número y empieza a prefigurarse en rostros humanos, en personas concretas, el resultado puede terminar dando escalofríos. Es lo que ocurre si uno humaniza los números que dio a conocer esta semana Unicef Argentina: el año 2015 concluyó con un 30,2% de la población de 0 a 17 años de este país viviendo en situación de pobreza. Poniéndoles rostro, son cuatro millones de chicos y adolescentes que tienen problemas en materia de nutrición, salud, educación, vivienda, violencia… Y hay más: un millón de ellos viven en la pobreza más extrema.

Una nueva generación que está creciendo en un entorno donde la cultura del trabajo pasó a ser tema de otros. Una generación que ve no sólo a sus padres sino también a sus abuelos sin trabajo. Tercera generación de argentinos que entran en ese campo minado en el que el trabajo –ni hablar del estudio– es privativo de otros sectores sociales. El dato, la estadística fría, impacta más aun cuando se viene de transitar un país que tuvo durante doce años un crecimiento económico exponencial. Un país en el que nunca se otorgaron tantos planes de ayuda asistencial como en esa larga década y en el que, sin embargo, nunca hubo tanta pobreza

Debería pesar en la conciencia social de los argentinos ver cuatro millones de rostros pidiendo una respuesta. Debería pesarle aun más a las clases dirigentes, incluyendo a la Justicia. Debería indignar de la misma forma que indignaron esas imágenes obscenas de empresarios ligados al poder contando más de cinco millones de dólares entre sonrisas, habanos y vasos de whisky.

La tragedia de Once, de aquel funesto febrero del 2012, en la que murieron 51 personas instaló una frase en la sociedad argentina: “La corrupción también mata”.

Estos cuatro millones de chicos pobres, esos obscenos cinco millones de dólares –apenas un grano de arena en el desierto de la corrupción– deberían permitirnos decir también “La corrupción expulsa del sistema y condena a la marginación a cientos de miles de los nuestros”. Quedó claro que esa imagen que difundió en marzo un noticiero porteño quemó las manos de varios en los tribunales federales de Comodoro Py. Fue el último capítulo de todas las denuncias periodísticas que se vinieron haciendo desde el 2013 sobre descarados hechos de corrupción que involucraron al anterior gobierno con un grupo de amigos devenidos en empresarios a la sombra del poder.

La primera pregunta es casi una obviedad: ¿y si los medios de comunicación pudieron obtener toda esa información dónde estaba la Justicia? ¿Hacia dónde estaba mirando el Poder Judicial, supuesto contralor constitucional de los otros poderes del Estado? Y si de controles se trata, ¿por qué razón el Consejo de la Magistratura, donde hoy el oficialismo tiene quórum propio, no pide que se investigue lo ocurrido, planteando, por ejemplo, el juicio político del juez que dejó “dormir” la causa y permitió que se esfumaran pruebas y dinero de la corrupción como por arte de magia?

¿Por qué razón el juez Sebastián Casanello dispuso la detención de Lázaro Báez en el aeropuerto de San Fernando y su traslado al penal de Ezeiza en medio de un show televisivo (¿quién le avisó a los noticieros ?) y Martín Báez sigue detenido en su domicilio? ¿El padre podía fugarse y el hijo no?

Horas después de la detención de Báez circuló un mensaje de tinte mafioso. Decía que si detenían al hijo, ni él ni su esposa lo iban a tolerar y “hablarían”. ¿Puede ser todo tan obvio y que todos sigan mirando hacia un costado, viendo como el juez dispone movimientos de retroexcavadoras en las estancias de Báez , mientras el hijo lo mira desde su casa por tevé? El límite del absurdo quizás haya llegado con la “expropiación” de la biblioteca del empresario y el pedido a la Biblioteca Nacional para que catalogue libros como “La razón de mi vida”, de Eva Perón, como si se tratara de un incunable del Arcipreste de Hita. Todos los supuestos millones de dólares –miles de millones, dicen– que la corrupción le usurpó a este país se traducen en el rostro de estos cuatro millones de pibes que se quedaron sin futuro. La Justicia no puede seguir mirando hacia un costado. No hay derecho.