La fiscalía pidió confirmar la orden de desalojo contra la comunidad mapuche Buenuleo

Fracasó la audiencia convocada por el Tribunal de Impugnación de la Provincia para tratar de resolver el conflicto porque cada parte mantuvo su postura. En 20 días, los jueces resolverán.




Los miembros de la comunidad Buenuleo ocupan desde el 10 de septiembre de 2019 el lote en litigio con privados, en el cerro Ventana. (Foto: Marcelo Martínez)

Los miembros de la comunidad Buenuleo ocupan desde el 10 de septiembre de 2019 el lote en litigio con privados, en el cerro Ventana. (Foto: Marcelo Martínez)

La audiencia convocada por los jueces del Tribunal de Impugnación de la provincia (TI) María Rita Custet Llambí, Adrián Fernando Zimmermann y Carlos Mussi para tratar de solucionar el conflicto, que se originó tras la imputación fiscal por el delito de usurpación de tierras en el cerro Ventana contra 9 miembros de la comunidad mapuche Buenuelo, no prosperó.

Los defensores de los acusados y los abogados que representan a los querellantes mantuvieron sus posturas y no hubo punto de acuerdo. Y el fiscal jefe Martín Lozada, junto con el fiscal Tomás Soto y el adjunto Gerardo Miranda solicitaron al Tribunal de Impugnación que confirme la resolución del juez de garantías Sergio Pichetto, que admitió el pedido de la medida cautelar de la fiscalía y ordenó el desalojo de los miembros de la comunidad Buenuleo, que ocupan desde el 10 de septiembre pasado el predio.

Pichetto dictó la orden de desalojo el 16 de septiembre del año pasado, cuando admitió los cargos formulados por la fiscalía -con la adhesión de la querella- contra los imputados por el delito de usurpación.

El juez Marcos Burgos revisó la resolución de Pichetto tras la impugnación de la defensa de los mapuches imputado y el 2 de octubre pasado la confirmó.

La defensa recurrió ante el Tribunal de Impugnación para revocar la orden de desalojo. El TI declinó la competencia a principios de diciembre de 2019 y entendió que era una causa que debía dirimirse en la justicia federal.

Por eso, envió el expediente al juzgado federal de Bariloche. Pero el juez federal subrogante Gustavo Zapata resolvió a principios de mayo pasado no aceptar la competencia y devolvió el expediente al Tribunal de Impugnación, que no compartió el criterio de Zapata y lo elevó a la Corte Suprema.

El 13 de agosto pasado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que la justicia rionegrina era competente para intervenir en la causa. Por eso, el Tribunal de Impugnación no le quedó otra opción que acatar el fallo del máximo tribunal del país. Por eso, citaron a las partes a una audiencia para este miércoles a las 9, para tratar de resolver el conflicto. Pero no se avanzó.

Tras la audiencia, que se hizo por videoconferencia, fuentes judiciales informaron que el abogado Fernando Kosovsky, que asiste a uno de los imputados, había pedido al Tribunal de Impugnación que se disponga un intérprete mapuche para explicar a la comunidad el conflicto y lo que se discutía en la audiencia. Pero el planteo fue desestimado.

Como no hubo acuerdo, los fiscales pidieron a los jueces resolver el tema de fondo, que tiene que ver con la orden de desalojo. Solicitaron, junto con los abogados por la querella Alejandro Pschunder y Marcelo Ponzone, que el TI confirme la resolución de Pichetto.

Soto explicó que habían propuesto un plazo de 90 días para procurar una mesa de diálogo entre las partes en conflicto, pero que el TI resuelve el tema del desalojo, que no lo dilate.

Los defensores particulares Kosovsky y Manuel Mansilla, que asiste a 8 acusados, plantearon lo contrario. “La fiscalía por un lado propone una mesa de diálogo por 90 días, pero al mismo tiempo insiste con que el TI resuelve la medida cautelar”, sostuvo Mansilla.

Dijo que ellos se pronunciaron a favor del plazo de 90 días para dialogar, pero sin resolver el tema del desalojo. Los jueces darán a conocer su veredicto en 20 días.

La acusación fiscal

La fiscalía les atribuyó a mediados de septiembre del año pasado a los 9 miembros de la comunidad mapuche Buenuleo ser coautores del delito de usurpación porque la mañana del 10 de septiembre de 2019 despojaron de la posesión a Emilio Friedrich.

Desde la comunidad alegaron que se trató de un acto de recuperación de lo que consideran es parte de su territorio. Después, avanzaron y se instalaron en la cabaña que Friedrich había construido en el predio, de 90 hectáreas, ubicado en el faldeo del cerro Ventana, a unos 10 kilómetros del centro de Bariloche. Se trata de un lugar con un entorno natural único que tiene un valioso valor inmobiliario.


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