Oficialismo obtuvo dictamen para el proyecto de responsabilidad del Estado

ARGENTINA

El Frente para la Victoria obtuvo esta noche dictamen de comisión para el tratamiento del proyecto del oficialismo que regula la responsabilidad del Estado. Impuso su mayoría apenas se retomó el debate en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General de la Cámara de Diputados.

En la tarde, el debate había sido pospuesto porque desde el oficialismo no lograron sumar voluntades de la oposición para establecer la responsabilidad del Estado fuera del Código Civil. “Los fallos de la Corte establecen la responsabilidad del Estado en el ámbito del Derecho Público y en el ámbito del Derecho Administrativo”, resaltó el ministro de Justicia, Julio Alak en ese momento, para defender el intento del kirchnerismo de quitar esa cuestión del debate.

El funcionario había advertido que, si se incluye la responsabilidad en el derecho civil, “los factores de poder económico van a ir a buscar lucro cesante contra las provincias argentinas, contra los municipios, contra el Estado Federal aplicando normas del derecho civil mucho más amplias contra el Estado, de una manera mucho más poderosa”.

La oposición insistió por su parte, en que la norma debe formar parte del nuevo código Civil y Comercial, con el objetivo de licuar los efectos de la iniciativa kirchnerista. El proyecto para regular la responsabilidad del Estado ingresó la semana pasada a la Cámara de Diputados.

En la discusión que se planteó en la reunión presidida por la titular de la comisión de Asuntos Constitucionales, Diana Conti (FPV) la oposición coincidió en sostener que la responsabilidad del Estado tiene que formar parte del cuerpo del nuevo Código Civil, como lo había dispuesto la comisión de juristas que redactó el anteproyecto que el Poder Ejecutivo envió el año pasado al Congreso.

Elisa Carrió (CC-UNEN) fundamentó la posición en base a antecedentes que fijaron doctrina y concluyó que “todo sujeto tiene derecho a la reparación integral, no pueden limitarse los daños” y recordó además que el Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles, que tiene validez constitucional en la Argentina, así lo establece. En vista de ello, Carrió sostuvo que el proyecto propuesto por el kirchnerismo “vuelve 100 años atrás el paradigma” aceptado en el país.

Graciela Gianetassio (FPV) explicó que la posición del oficialismo es que la relación del Estado con los particulares “no se rige por el código común que rige la relación entre pares” y apuntó que “el derecho administrativo es el que se para frente al Estado para evitar abusos” y se litiga en el fuero contencioso-administrativo y no en el civil.

Por el PRO, Pablo Tonelli propuso volver al texto original del anteproyecto de reforma del Código Civil que había incluido en los artículos 1764, 1765 y 1766 la responsabilidad del Estado.

Su compañera de bloque, Laura Alonso, apuntó que el proyecto del FPV “prevé eliminar las sanciones pecuniarias, las multas, para el Estado y los funcionarios” con lo que estaría discriminando “a particulares que según el Código Civil son pasibles de multas pecuniarias estableciendo un régimen de privilegios para el Estado y su funcionariado”. Advirtió que eliminar el “lucro cesante implica que a sola firma de una disposición o resolución administrativa un funcionario puede – sin mayor garantía, recortar el derecho a la propiedad”.

Juan Tunessi (UCR) destacó que el Código Civil “tiene que tener al menos normas de carácter general que regulen la responsabilidad del Estado como un principio general” para todo el país y aseguró que la propuesta del oficialismo “no cumple con los estándares mínimos de constitucionalidad”.

Héctor Recalde (FPV) anticipó dos modificaciones al proyecto: uno en el artículo 9 para suprimir la “culpa” y reemplazarlo por el “dolo” en cuanto a la responsabilidad estatal y, por iniciativa propia, impulsó la inclusión de un artículo para establecer la responsabilidad del Estado como empleador.

Jorge Yoma, definitivamente alejado del kirchnerismo, dejó claro también su rechazo al proyecto porque “pone al Estado por encima del derecho de los ciudadanos”, una posición en la que coincidieron entre otros Manuel Garrido (UCR), Patricia Bullrich (Unión por Todos), Liliana Parada (Unidad Popular) y Omar Duclós (GEN-FAP).

Fuente: DyN.-