El Gran (y oxidado) Acuerdo Rionegrino

Weretilneck anunció su gabinete, sin miembros de la conducción radical ni peronistas en la primera línea. El vínculo con Doñate sigue frío, algo que también se refleja en la Legislatura.

Río Negro tiene nuevo gabinete definido. También hay varios nombres confirmados para segundas líneas. Y hasta el momento, poco y nada se percibe sobre la apertura anunciada en el primer cuatrimestre, cuando se caminó el terreno electoral bajo el paraguas del “Gran Acuerdo Rionegrino”.

Noviembre y diciembre pintaron otro país, bien diferente a ese que imaginó Alberto Weretilneck cuando promocionaba el valor de las coincidencias con peronistas y radicales.

El nuevo escenario presenta otros desafíos. El principal: llegó el tiempo de valerse por sí mismos, porque desde la Casa Rosada (o mejor dicho, desde el hotel Libertador) no aparecen señales que garanticen un camino estable y asistido.

El gobernador electo esperó el balotaje para revelar quiénes serán ministros y secretarios. Y el triunfo nacional de Javier Milei terminó inclinándolo hacia el conservadurismo, refugiándose en su partido y en las lealtades, dejando atrás el perfil de generosa distribución de espacios de poder.

El radicalismo aparece con un rol lateral, con su presidente, Pedro Sánchez, en el DPA. Tampoco hay peronistas en la primera línea del nuevo gobierno. El primer reflejo hacia ese sector apareció con la designación de Javier Iud en ARSA, pero esa definición no puede computarse como una concesión al PJ, porque el exintendente de San Antonio está cerca de Juntos Somos Río Negro desde hace tiempo. Algo similar a lo que ocurre con Federico Lutz, futuro ministro de Gobierno, que integró gobiernos radicales en Bariloche, pero no forma parte de la conducción provincial que se reunió con Weretilneck a principios de año para sellar la integración.

Weretilneck y el kirchnerista Martín Doñate -con quien festejó codo a codo en abril- tenían previsto un encuentro el jueves en el Senado. No ocurrió, por problemas de agenda, según la explicación del lado del mandatario electo. Desde la otra orilla desconfían y advierten que el frío de los últimos meses se mantiene.

Nos Une Río Negro, el sector liderado por Doñate, tiene su capacidad de respuesta en la Legislatura, a partir de las cinco bancas que ocuparán desde el próximo domingo.

Si aquella sociedad de principios de año se mantuviese sólida, no habría razones para el notorio apuro del gobernador electo, que forzó una sesión maratónica para este miércoles, para exprimir al máximo la mayoría propia de la actual composición legislativa.

El temario para el último encuentro de esta gestión del parlamento rionegrino incluye el Presupuesto 2024, Paquete Fiscal, Ley de Emergencia Económica, Ley de Ministerios y la segunda vuelta para los proyectos de modificación de la Ley de Tierras y de las normas que regulan la actividad minera en la provincia.

Un experimentado dirigente comentaba el viernes con ácido humor que si hay alguien que deberá estar atento el miércoles en Viedma es el jefe del SIARME, con sus ambulancias, porque los legisladores de Río Negro no tuvieron jamás ese ritmo de trabajo este año y podría darse algún evento indeseado. Ojalá no ocurra.

Marchas y nuevos desafíos para el sistema de seguridad

Lejos de esas ironías, quienes sí tendrán trabajo serán los responsables de la seguridad pública. Los cambios en las leyes de tierras fiscales presentados por el oficialismo como un puente al desarrollo, a partir de la promoción de la actividad minera, serán resistidos en las inmediaciones de la Legislatura con manifestaciones de organizaciones y comunidades indígenas.

Será la primera prueba en terreno para el gobierno de Weretilneck ante movilizaciones en la vía pública, porque más allá de que la formalidad todavía no lo encuentre a cargo del Ejecutivo, la boleta sobre el éxito o el fracaso del operativo será cargada a su cuenta.

Y en ese sentido, vale conectar ese test inicial con lo ocurrido esta semana en Roca, donde el “desocupado” Miguel Báez y su organización ODEL montaron un acto en un salón cuyo alquiler ronda los 300.000 pesos.

Tal vez al rionegrino de a pie le resulte dificultoso saberlo, pero el nuevo gobierno ya debe saber quién está detrás del financiamiento de ese grupo con antecedentes violentos, que resurge ahora, precisamente con perfil de mano de obra desocupada puesta a disposición de quien pretenda agitar las calles.

Desactivar esas conexiones a tiempo sería un gesto de responsabilidad, en medio de un país que no necesita más combustible para su hoguera.


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