Fondo de Asistencia Laboral: Neuquén contra sus jubilados

Contexto: el llamado proyecto de “ley de modernización laboral” crea un Fondo de Asistencia Laboral para cubrir indemnizaciones por despido. Se financia con una contribución patronal del 1,5% al 2,5% sobre la masa salarial (según tamaño de empresa), cuando el proyecto original del PEN preveía 3% (en ningún lugar puede encontrarse explicaciones o estudios que fundamente dichos porcentajes, y cuestión aparte es el negocio de quienes administrarán dichos fondos. Pero ese porcentaje no es un aporte adicional, sino que se detrae del conjunto de contribuciones al sistema de seguridad social. Por lo tanto, el sistema previsional y de seguridad social termina financiando —total o parcialmente— el costo de la desvinculación laboral. En concreto: se socializa el costo del despido y se privatiza el beneficio del ajuste empresarial.

Cuando un trabajador pretende jubilarse, le dicen que el sistema no tiene recursos. Cuando pretende aumentos dignos, tampoco. Cuando un empleador despide, el sistema sí los tiene.

Hay votos que son ideológicos. Hay votos que son disciplinamientos partidarios. Y hay votos que, además de todo eso, desconocen la realidad concreta de la provincia que dicen representar.

Eso ocurrió con la aprobación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) en el Senado. Los dos senadores libertarios por Neuquén y la senadora del partido provincial oficialista –que invoca permanentemente la “neuquinidad”- votaron a favor de un régimen que detrae recursos de la base contributiva del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) para financiar un mecanismo que alivia el costo empresario ante despidos.

No es una discusión abstracta. En Neuquén, según el último informe del Ministerio de Capital Humano (BESS, septiembre 2025), hay 190.000 aportantes al régimen nacional, 85.000 jubilaciones y pensiones pagadas por Anses, más de 88.700 asignaciones familiares contributivas y no contributivas, y casi 1.900 prestaciones por desempleo.

Frente a eso, el régimen provincial (ISSN) cuenta con alrededor de 90.000 aportantes y paga aproximadamente 34.000 prestaciones (diciembre 2024).

La realidad es clara: en Neuquén el sistema previsional nacional no es marginal. Es estructural. Hay más del doble de aportantes nacionales que provinciales y más del doble de jubilaciones y pensiones nacionales que provinciales. La inmensa mayoría de los trabajadores privados neuquinos —incluidos los del sector hidrocarburífero— aportan al régimen nacional. Y la mayoría de los jubilados de la provincia cobran de Anses.

Entonces cabe una pregunta elemental: ¿a quién representan cuando votan un esquema que reduce la masa de financiamiento del sistema nacional?

Durante años se levantaron voces indignadas contra las moratorias previsionales diciendo que “quebraban el sistema”.

Se dijo que eran irresponsables, que quebraban el sistema, que ponían en riesgo la sustentabilidad. Se cuestionó que hombres y mujeres que habían trabajado toda su vida —muchas veces sin registro por decisión de sus empleadores— pudieran jubilarse regularizando aportes y pagando cuotas.

Ahí el argumento era la defensa del sistema, de la “sustentabilidad”.

Ahora, cuando se crea un mecanismo por el que se utilizan recursos que antes financiaban jubilaciones para destinarse a cubrir indemnizaciones empresarias, afectando el financiamiento de la seguridad social, el discurso cambia. Ya no hay alarma. Ya no hay advertencias sobre el déficit. Ya no hay preocupación por la sustentabilidad.

Cuando el trabajador envejece sin aportes suficientes, el sistema es “insostenible”.

Cuando el empleador despide, el sistema sí puede aportar.

Eso no es neutralidad fiscal. Es una definición política.

Y en una provincia donde 190.000 personas sostienen el régimen nacional y 85.000 jubilados dependen de él, ese voto no es abstracto: impacta directamente en el tejido social neuquino.

La “neuquinidad” no puede invocarse para defender intereses empresariales mientras se debilita el sistema que paga la jubilación de la mayoría de los neuquinos. Si se habla de identidad provincial, debería empezar por defender los ingresos de quienes ya trabajaron toda su vida.

La coherencia exige una sola vara: si el argumento fue siempre proteger el financiamiento previsional, esa defensa debe valer tanto cuando se amplían derechos como cuando se alivian costos empresariales.

De lo contrario, no estamos ante un debate técnico. Estamos ante una redistribución silenciosa: menos para la seguridad social, más para amortiguar el riesgo empresario.

* Abogada. Exsubsecretaria de Seguridad Social del ministerio de Trabajo de la Nación, exfun cionaria de legales de Anses y ex jefa de la oficina de Anses en Neuquén.