Jueces y democracia: el derecho de la sociedad a conocer y entender las decisiones del poder

Dos integrantes de la Corte Suprema argentina han promovido cambios recientes en el mecanismo de selección de juezas y jueces a nivel nacional, proponiendo reducir el margen de apreciación subjetivo y la discrecionalidad al tiempo de las entrevistas. Este hecho nos invita a reflexionar sobre una discusión a la que Argentina vuelve una y otra vez de manera notable y curiosa: la necesidad urgente de dotar de mínimos democráticos y republicanos a la toma de decisiones públicas. Reconocer este problema es, en parte, admitir un gran déficit en la materia; de hecho, es posible afirmar que padecemos de una baja calidad institucional que funciona casi como una política de Estado.

Por un lado, vemos que instituciones como los Consejos de la Magistratura se «exportaron» desde otros sistemas hacia el nuestro. Al observar los resultados, cabe reflexionar: ¿Alguien se preguntó si eran compatibles con la matriz cultural, social e institucional de nuestra realidad? Aunque la respuesta no sea clara, es una sensación generalizada que el acceso a los poderes judiciales no siempre se basa en el mérito, las credenciales académicas o la trayectoria profesional.

El recorrido hacia la discrecionalidad continúa cuando el pliego de la persona seleccionada por el Consejo de la Magistratura llega al Poder Legislativo para su aprobación. Allí nos topamos nuevamente con la falta de institucionalidad: si el pliego es rechazado, nadie fundamenta ni da las razones de esa decisión.

Finalmente, la propia Corte argentina es ella misma protagonista de este movimiento institucional de no fundamentar las decisiones, ya que muchas veces simplemente rechaza su intervención mediante el recurso extraordinario federal sin dar explicación alguna.

Como puede advertirse rápidamente, el problema es mucho más profundo y se vincula con la autopercepción de cada actor en su propio espacio institucional, donde siempre sobran los justificativos para no dar razones de las decisiones públicas. Esta «sin razón democrática» se disfraza siempre en motivos de «poder», ya que es sabido que el poder posee vocación por mayor poder y así lo hace saber. Frente a esto, la propuesta debe ser propositiva y remitirnos al artículo 1 de la Constitución argentina: la república supone la obligación de dar fundamentos en toda decisión pública y que estos sean racionales y razonables. No es posible la ausencia de fundamentos, ni tampoco cualquier fundamento.

Si volvemos al tema del rechazo de los pliegos legislativos, nos encontramos con una clara tensión entre la «facultad discrecional política» que argumenta tener el legislador para no fundamentar su rechazo, y el derecho que tiene la persona “ganadora” del concurso por ante el Consejo de la Magistratura a conocer las razones de su rechazo en el ámbito legislativo. ¿Cómo se resuelve este conflicto? Siempre con más institucionalidad y mayor democracia concluyendo en el deber de fundamentar el voto negativo. Una manera posible de lograrlo es generando estándares o criterios objetivos de esos fundamentos, de modo tal que en cada votación se vayan consolidando y sirvan de guía ineludible.

Adoptar este mecanismo eliminará el autoritarismo que implica no dar explicaciones, contemplará el derecho individual de la persona cuyo pliego es rechazado y finalmente, pero no por ello menos importante, permitirá que la sociedad conozca las razones que invoca el legislador según esos estándares fijados. Si todos ganan con este sistema, resulta válido preguntarse por qué existe tanta resistencia a implementarlo. La respuesta es simple y preocupante: porque el poder posee mayor vocación de poder, consolidando una tipología de poder que perpetúa nuestra baja calidad institucional y que se niega a ver que el ejercicio de sus atribuciones constitucionales debería buscar, ante todo, la realización democrática del bienestar general de la comunidad.

*Abogado y profesor de Derecho.