Los casos Solange y Álvaro, responsabilidades y perejiles
Cuando en el transcurso del mes de agosto de 2020´ por orden del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) impulsado por el Gobierno de la Provincia de Córdoba, se impidió el ingreso del padre de Solange Musse al territorio cordobés, frustrando que pudiera despedirse de su hija atrapada por un cáncer terminal, la justicia provincial de Huinca Renancó resolvió imputar sólo a dos médicos, una trabajadora social y un sargento, integrantes del COE´ respectivo pero compelidos inexcusablemente a cumplir órdenes superiores.
Para el papá de Solange, “Inhumano fue lo que hicieron ese 16 de agosto del 2020, y de las 9 de la mañana hasta las 13 horas que a mí me sacaron de Córdoba junto con mi cuñada, y ellos hablando por teléfono permanentemente, no creo que haya sido una decisión solamente del doctor (Eduardo) Andrada (director del hospital), el sargento de la policía (Darío Mansilla) y una trabajadora social (Analía Morales)”, indicó Musse.
“Si ellos tomaron la decisión es porque hubo una comunicación de la gente de Huinca Renancó para arriba, y Claudio Vigneta era el segundo jefe del COE en ese momento”, remarcó un padre inconsolable ante la ausencia definitiva de su hija.
Álvaro, detenido y esposado
Por su parte, en la tarde de este miércoles ejerciendo su derecho y garantía constitucional de circular libremente, Álvaro fue detenido y esposado por efectivos de la Policía de la Ciudad cuando quería circular por avenida 9 de Julio, la que por enésima vez se encontraba cortada al tránsito por una protesta de agrupaciones gremiales y de piqueteros impunes, de hecho, los nuevos dueños y señores de las calles, puentes y avenidas argentinas, con la flagrante complicidad judicial de los fiscales en turno.
A raíz de esto último, las máximas autoridades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, (CABA), esto es Horacio Rodríguez Larreta y su ministro de Justicia y Seguridad, Marcelo D’Alessandro, burdamente en la cuenta de Twitter de éste último, anunciaron que se iniciaría un sumario administrativo al comisario a cargo del operativo que derivó en la detención del joven. “Si no está capacitado para resolver una situación profesionalmente, no puede seguir siendo parte de la Policía de la Ciudad”, expresó dicho funcionario porteño. Obviamente, en cuestión de horas, oficializaron el pase a disponibilidad de dicho comisario… ¿o perejil?
Así las cosas, las similitudes consisten, en ambos casos, que los funcionarios imputados y sancionados (¿perejiles?), fueron elegidos, formados y controlados por las máximas autoridades provinciales de las cuales jerárquicamente dependen. El accionar de los mismos se limitó a cumplir órdenes superiores que finalmente concluiría responsabilizando a las primeras magistraturas tanto de la provincia de Córdoba como de la CABA, respectivamente; sin perjuicio de aquellas propias del Estado Nacional.
Lo contrario sería confirmar la teoría del “perejil” que se explica e impregna en esa persona públicamente insignificante, que la corrupción política y judicial identifica como culpable de algún delito que no cometió, para encubrir al verdadero responsable o para velar la ineficiencia de las instituciones que deberían resolver el caso.
Respecto a las responsabilidades de los estados provinciales en cada caso, fue flagrante la desprotección administrativa y jurisdiccional de los administrados, razón por la cual sería justo y necesario indemnizar los daños y perjuicios ocasionados.
Finalmente, a fin de rescatar la necesidad y justicia de indemnizar cabalmente los daños y perjuicios de que se trata -sin menoscabo de sancionar administrativamente a cada responsable directo de los mismos-; en estos casos el Estado no podría excusarse ni ser exculpado judicialmente, porque si bien la responsabilidad estatal nunca debe ser justiciable separadamente de la responsabilidad personal de sus funcionarios públicos, éstos últimos -esclarecemos y corroboramos- siempre son elegidos, formados, vigilados y sancionados, precisamente por el Estado de que se trate.
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