Peligroso extravío moral

Juan Martin *


El pensamiento de Gómez Alcorta se inscribe en algo más amplio, la idea sostenida por un progresismo delirante de que un delincuente es un emergente de la sociedad.


Al referirse a los seis jóvenes que fueron detenidos en la ciudad de Buenos Aires mientras abusaban sexualmente de una mujer dentro de un vehículo, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, sostuvo que “no son monstruos, son varones socializados en esta sociedad”.

De esta manera echó mano a un concepto del feminismo radical de los años 70, una década que obsesiona al kirchnerismo: la supuesta existencia de una “cultura de la violación” en la cual este repugnante delito es un problema social aceptado y normalizado debido a actitudes sobre el género, el sexo y la sexualidad.

Se trata de una teoría que puede ser válida e interesante para un debate académico, pero que se torna peligrosa en boca de una funcionaria de primera línea.

De acuerdo con los últimos datos publicados por el Ministerio Público Fiscal de la Nación, en 2018 se denunciaron 4.141 violaciones, lo cual arroja una tasa de 9,6 hechos cada 100.000 habitantes.

Cada uno de estos delitos aberrantes deja una marca indeleble en las víctimas, en sus familias y daña la confianza que debe regir la convivencia en sociedad. Pero aun asumiendo que muchos de estos hechos no se denuncian, las cifras no muestran que se trate de una práctica socialmente extendida, habitual y mucho menos transmitida a través de la socialización como postula la ministra.

Con sus afirmaciones, Gómez Alcorta naturaliza y por ende banaliza algo que no es normal, a la vez que hace uso de un discurso de odio que tiene como blanco ni más ni menos que a la mitad de la población de nuestro país. Algo indudablemente ofensivo para los millones de varones que respetamos a los demás y vivimos de acuerdo con las normas que aseguran la convivencia en la sociedad.

Sin dudas, el pensamiento de Gómez Alcorta se inscribe en algo más amplio, la idea sostenida por un progresismo delirante de que un delincuente es un emergente de la sociedad. Así, la responsabilidad de quien comete un delito se diluye entre victimario, víctima y hasta quienes no tuvieron nada que ver con el hecho. En palabras de Discépolo, “en el mismo lodo, todos manoseados”.

Esta idea guió muchas de las decisiones del kirchnerismo. Sin ir más lejos, cuando en 2016 se trató la limitación de beneficios a los condenados por delitos sexuales, la mayoría de ese bloque (incluyendo a dos diputadas rionegrinas) votó en contra.

Cuando ya nos estábamos olvidando de Sabrina Frederic y las teorías antropológicas que justificaban su ineptitud, ahora aparece Gómez Alcorta poniendo en el mismo plano a un grupo de degenerados y a millones de varones argentinos.

Mientras tanto, lleva adelante una verdadera pyme ideológica que maneja un presupuesto multimillonario destinado a viáticos, cursos, conversatorios, foros, catering y útiles de oficina, pero no a resolver los problemas reales.

El Estado no puede renunciar a ser quien garantice la convivencia, marcando claramente los límites de lo que está bien y lo que está mal y haciendo cumplir las leyes. Pero esto es precisamente lo que está haciendo el Gobierno, infundiendo confusión moral en la sociedad y tratando de contagiar a todos de su extravío.

Creo que hay algo en lo que todos estamos de acuerdo, o al menos la inmensa mayoría: la violencia sexual es un problema que debemos atacar. Pero no lo vamos a hacer con relatos ideológicos, sino con leyes firmes, una Justicia eficiente e instituciones que se pongan del lado de las víctimas.

A los violadores hay que mantenerlos bien lejos del resto de la sociedad, no justificarlos.

* Legislador rionegrino de Juntos por el Cambio


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