Reforma educativa: la retórica de las «capacidades»

¿Se acuerdan de la profesionalización docente? Situémonos en los 90. Modelo neoliberal. Fue la crisis del modelo fordista de trabajo, de la sociedad salarial. Fin de la regulación homogénea a través de estatutos o convenios colectivos y del sector trabajador organizado gremialmente. Flexibilización y desregulación laboral y también una “agenda educativa global”, porque educación y modelo económico siempre van juntos.

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En este contexto, el trabajo docente también estuvo en la mira y, si bien no se salvó del todo, pudo frenar algunas regulaciones como el “Proyecto de ley de profesionalización docente”, de 1997. ¿Se acuerdan de la Carpa Blanca?

El discurso de la profesionalización resultaba seductor, porque la categoría de profesional connota un estatus más prestigioso que la de “trabajador” u “obrero”. Las profesiones tradicionales provenían de universidades, requerían más años de formación, eran signo de ascenso social. Pero de la mano de este discurso se allanaba el camino a una ley que en realidad cambiaría con fuerza jurídica las condiciones laborales de los docentes. Por este doble juego discursivo Pablo Imen -en sus estudios posteriores- le llamó “retórica profesionalizante”, porque intentó imponerse como valoración positiva de la docencia, pero escondía formas de precarización laboral. La idea que subyacía era que el docente debía hacerse a sí mismo en un “mercado profesional”, ofrecer su fuerza de trabajo a cambio de un salario acorde a su “productividad”, con sistemas de evaluación y criterios para definir el sueldo en base a los resultados. Lo que se buscaba, en definitiva, era precarizar el trabajo docente como se había hecho con el resto de los asalariados; con un argumento intencionalmente ambiguo: la calidad educativa, un amplio paraguas conceptual tan noble como ineficiente.

Situémonos ahora en 2024, en los cambios económicos y su correlato de reformas educativas. La Res. 476 del gobierno nacional propone una “formación docente basada en capacidades”. Me pregunto si la persona que tituló el documento sabe que quienes trabajamos en la formación docente pensamos desde hace mucho y todo el tiempo en qué capacidades debe tener un educador para trabajar. Según el documento, al basarse en las capacidades, se pasaría “desde un conocimiento repetitivo a desarrollar hábitos”. Pero los hábitos y las capacidades son cosas muy diferentes -deberíamos contar a estos funcionarios- y el conocimiento repetitivo -cuándo es útil y cuándo no- es algo que se discute hace más de 30 años.

El documento también propone “renovar la concepción de enseñanza, aprendizaje y de evaluación”. Tal vez “enseñanza” y “aprendizaje” estén allí a modo de cumplidos (a esta altura no me sorprende nada), pero me quiero detener en el de evaluación. Como ya nos lo advirtieron la Dra. Mirian Feldfeber, Pablo Imen y muchos otros que estudiaron largamente la historia del trabajo docente, es en la evaluación donde se ve la mentira de las supuestas reformas didácticas y pedagógicas. Lo que realmente se busca reformar son las condiciones laborales de los docentes.

Dice el documento que la evaluación no tendrá plazos rígidos, sino que será en función de las trayectorias. Esto ya es así: cada estudiante tiene muchas oportunidades de rendir exámenes y no es necesario que curse todas las materias juntas, puede acomodarlas y armar su propia trayectoria. Dice que la evaluación no será homogénea, sino diversa y equivalente. Debería aclarar a qué se refiere, porque -todos coincidimos- hay saberes básicos que todo docente debe tener.

Hablan de evaluación formativa, término que los docentes estudiamos muchísimos años antes de que los creadores de este documento decidieran irrumpir en la política y tomar este tipo de decisiones. Es más, ya está en nuestros diseños curriculares y en la vasta bibliografía sobre el tema. Sin embargo, también dice que la evaluación “permita a todos los estudiantes acreditar (esto es: aprobar) los saberes”.

Qué optimismo. Quienes hace rato estamos en la formación docente, sabemos que es muy pequeño el porcentaje de graduados, tal como en otras carreras. (¿O será ahora obligatorio que todos aprueben en cualquier condición?) También dice que hay que pasar de evaluar “supuestos invisibles” a los criterios de evaluación, algo que en los programas, no sólo de ésta, sino de cualquier carrera, aparece de manera expresa.

Entonces, qué es lo que quieren cambiar. Lo realmente novedoso es que a los docentes en formación se les reconocerán “créditos” logrados con el ingreso temprano al aula. En mi barrio, a esto le decimos “pasantías no rentadas”.

Tal como ocurrió en los 90 con la retórica profesionalizante, hoy las “capacidades” son una excusa -mucho más torpe y contradictoria- para reformar condiciones laborales de la docencia que aún conserva algunos derechos que antes no pudieron eliminar. No sólo se evidencia en el documento el desconocimiento del territorio -y de la teoría-, sino la trampa discursiva.