Orden internacional de captura contra Olivera

París- El mandato internacional de arresto contra el ex militar argentino Jorge Olivera, acusado por la desaparición de una joven francesa durante la dictadura, se ha ampliado a todos los países a través de Interpol, dijeron ayer a EFE fuentes judiciales francesas.

Olivera llegó ayer a Buenos Aires después de que el Tribunal de Apelaciones de Roma decidiera dejarlo en libertad y anoche integrantes de organizaciones defensoras de los derechos humanos realizaron un escrache frente a su casa, en Olivos.

Con cánticos e insultos, miembros de la agrupación HIJOS y otras entidades se congregaron en la puerta de la casa de Quintana 2215, en el norte del Gran Buenos Aires, mientras en una de las esquinas estaba detenido un patrullero.

El mayor retirado fue detenido el mes pasado en el aeropuerto de Roma, conforme a una orden de arresto dictada por el magistrado francés Roger Le Loire por su presunta implicación en la desaparición de la joven francesa Marie Anne Erize Tisseau en Argentina en 1976.

Esa orden de arresto sólo era para el área de Schengen, pero, después de que la justicia italiana decidiera liberar al mayor argentino, fue ampliada a todo el mundo, con lo cual Olivera no podrá viajar fuera de Argentina sin arriesgarse a ser detenido.

Olivera, quien tras su detención rechazó ser entregado a Francia, negó en Roma su vínculo en la desaparición de Erize Tisseau en la provincia de San Juan, durante la dictadura.

El hecho de que la Justicia italiana haya liberado a Olivera y que éste haya vuelto a Argentina no significa el fin de la causa en su contra en Francia por presunto secuestro con torturas, un crimen que no prescribe según la ley francesa, ya que una desaparición es un crimen continuado.

«El procedimiento va a continuar y (Olivera) será juzgado en rebeldía», dijeron las fuentes, que señalaron que por este tipo de delito la condena suele ser de cadena perpetua.

La abogada de la familia de Erize Tisseau, Sophie Thonon, denunció en los más fuertes términos la decisión italiana y la consideró un golpe no sólo para la familia, sino también para «todos los que luchamos contra la impunidad en América Latina y en el mundo».

Dijo a EFE que la decisión de la justicia italiana, «extremadamente impugnable», se ha adoptado conforme a un certificado de defunción «que sospechamos es una falsificación. En todo caso, un documento de ese tipo no prueba una muerte. Hace falta un cadáver».

Según Thonon, esa decisión «es una violación del convenio sobre extradiciones firmado entre Italia y Francia en 1957».

Ayer varias asociaciones de derechos humanos acusaron en París a la justicia italiana de haber «violado los convenios internacionales» con una decisión que supone un «considerable retroceso» para la defensa de las libertades fundamentales.

«Es una vergüenza» que el tribunal se basara en un «documento falso» presentado por los abogados de la defensa y liberara al «antiguo torturador sin ninguna condición», recalcaron los organismos.

Según las asociaciones, la decisión es aún más «escandalosa» dado que los países de la Unión Europea firmaron el 27 de setiembre de 1996 un convenio cuyo artículo 8 establece que no se puede denegar una extradición alegando que la acción penal ha prescrito según la ley del Estado al que se pide que extradite a un detenido.

El juez Le Loire lanzó una comisión rogatoria internacional para poder interrogar en Argentina a sospechosos y testigos en relación con la desaparición de Erize Tisseau. (EFE/Infosic)

Controversia por la «presunción de fallecimiento» de la joven francesa

BUENOS AIRES- El abogado Horacio Méndez Carreras confirmó que la justicia argentina resolvió el «fallecimiento presuntivo» de Marie Anne Erize Tisseau -secuestrada y desaparecida en 1976-, pero negó que ese fallo sea «un certificado de defunción».

El tema cobra relevancia ya que la Corte de Apelaciones de Roma se basó en la presunción de fallecimiento de Erize Tisseau para excarcelar el lunes al militar acusado del crimen, Jorge Olivera, que tiene pedido de extradición de Francia y hoy regresó al país.

Olivera afirmó ayer que estuvo detenido en Italia «sin tener nada que ver» en la desaparición de la ciudadana francesa. «Estuve detenido sin tener nada que ver», dijo Olivera en declaraciones a Radio 10, tras arribar a la Argentina procedente de la ciudad de Milán, luego de que la justicia italiana ordenará su libertad, aunque aún no se definió sobre el pedido de extradición.

El abogado Méndez Carreras señaló a DyN que el juicio de presunción de fallecimiento «sirvió al solo efecto de que la familia pudiera regularizar su situación legal y cobrar la indemnización» dispuesta por el Estado para las familias de los desaparecidos.

Para el abogado, que representa a las familias de franceses desaparecidos en la dictadura militar, ese dictamen «no quiere decir otra cosa que el Estado reconoció que Marie Anne fue víctima del terrorismo de Estado y que a la familia le correspondía cobrar».

El fallo fue dictado por el Juzgado Civil uno, secretaría uno, de la Capital Federal el 6 de diciembre de 1990, y en él consta: «Hacer lugar a lo solicitado, y en consecuencia declarar el fallecimiento presunto de María Ana Erize en los términos de la ley 14.394».

Según confió Méndez Carreras, también se fijó como «día presunto de su fallecimiento el 15 de octubre de 1977», es decir un año exacto después de su secuestro, ocurrido el 15 de octubre de 1976 en San Juan.

«Esto no es una partida de defunción y los restos de Marie Anne no aparecieron nunca con lo cual el delito de secuestro seguido de torturas es un delito continuado», enfatizó el abogado.

Olivera, quien desde el aeropuerto se dirigió a su casa de Olivos, aclaró que la acusación que debió afrontar «fue por secuestro y tortura y en ningún momento se habla de asesinato».

Olivera señaló que el viernes pasado «presentamos elementos probatorios», entre los cuales citó «la declaración de un guerrillero argentino que dijo ante la Conadep, que otro guerrillero le había comentado que otro guerrillero me había visto a mí en este tipo de procedimiento», por los secuestros y posteriores torturas.

En ese sentido, Olivera apelando a su profesión de abogado, dijo que «desde el punto de vista jurídico cuando existe una confesión de una de las partes interesadas existe el relevo de pruebas en forma automática».

Consultado sobre el proceso que debió afrontar en Mendoza por la desaparición de Erize, en el cual resultó beneficiado por la ley de Obediencia Debida, dijo que «firmé la notificación de que fui procesado y desprocesado en el mismo acto, porque no tenía la más mínima idea de que había sido procesado». (DyN/Télam)