Órganos de control externo: un estilo que no cambia

Marcelo Ochoa

Los órganos de control externo de Río Negro ya tienen nueva integración. La Legislatura tomó ayer juramento a tres miembros, cumpliéndose la renovación planteada por el flamante oficialismo. Esos nombramientos generan cierta frustración, originada en la repetición del esquema radical que consistió en instalar a adeptos al oficialismo en las áreas ideadas para la vigilancia en el Estado. La reciente conformación del Tribunal de Cuentas y de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas no oculta esa identificación partidaria. Las contradicciones con la imagen independiente que debe surgir de esos órganos aparecieron desde el primer minuto, porque hubo juramentos por el Movimiento Justicialista y hasta por el ex gobernador Carlos Soria. El vicegobernador Carlos Peralta recibió esas promesas institucionales de parte de Marcelo Ponzone, quien asumió al frente de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. También lo hicieron el contador Juan Huentelaf y el abogado Mario Sabatella, nuevos vocales del Tribunal de Cuentas, sumándose a la reciente designación de Erika Acosta. La jura de Ponzone alcanzó al Movimiento Nacional Justicialista y Soria mientras Huentelaf lo hizo también por la memoria del mandatario fallecido. De esta manera, el Tribunal -el máximo organismo de control administrativo- quedó conformado con Acosta, ex directora de Contabilidad del municipio de Roca, y Huentelaf, hasta ahora titular de la aseguradora Horizonte y presidió el Tribunal de Cuentas roquense durante las dos gestiones de Soria. Sabatella fue el último candidato al municipio de Viedma por el Frente para la Victoria. La Fiscalía estará a cargo de Ponzone, un dirigente justicialista de Bariloche, hasta ayer subsecretario Legal y Técnico de Río Negro. El Tribunal de Cuentas se integró en 1994, buscando que ese “órgano de contralor externo, con autonomía funcional”, asumiera la vigilancia del marco legal y procedimientos administrativos. La conformación original ya expresó que ese organismo estaría alineado al gobierno radical. Lo integraron por tres funcionarios del oficialismo: Pedro Casariego (fiscal de Estado), Rubén Gianni (Contador general) y Leonor Zamborain (directora de administración de la Legislatura). Casariego logró su renovación en el 2000 y en el 2006, con mandato hasta dentro de algunos meses pero renunció frente a las presiones. Otro reciente alejamiento correspondió a Carlos Malaspina, que antes de llegar al Tribunal fue asesor legal de la Lotería y fiscal de Investigaciones. El año pasado se fue el roquense Daniel Bossero, que había ocupado el cargo de Contador General. Por su parte, la Defensoría del Pueblo está conducida provisoriamente por Gustavo Casas mientras se cumplen con el proceso de selección de candidatos. Las fuerzas justicialistas se dividen entre los que promueven la confirmación del arquitecto y quienes buscan la designación del ex legislador Miguel Ciliberto, que integraba el equipo técnico de la sede Atlántica de la UNRN. (AV)