«Para algunos es parte de un show, para otros contagiarnos con la esperanza»

Al Sr. Juan Walter Kopprio:

Debo advertir que no me llama la atención la espontaneidad con la que el secretario de la seccional UPCN-Bariloche pretende anteponer un importante debate de fondo, como la «precarización laboral», frente a un escandaloso y varias veces millonario nuevo caso de corrupción provincial. Lo suyo sí es un «sketch».

No obstante ello, como joven rionegrino -no como dirigente político ni como legislador provincial- deseo aclararle que la denuncia penal producto de los listados de beneficiarios de becas de capacitación -que hoy empiezan a salir a la luz- no incluye ni pretende ser ofensa alguna frente a los rionegrinos en situación de vulnerabilidad social que reunieron los requisitos para acceder a estas becas. Como tampoco -claro está- frente a los trabajadores sociales que el gobernador Saiz obligó durante largos años a estar precarizados laboralmente por intermedio de las mismas.

Aquellas personas que honrosamente cumplieron tareas sin recibir aportes jubilatorios, obra social ni cobertura de la ART -ni licencias ni vacaciones- indudablemente deben estar indignadas con los «delincuentes» que los obligaron a padecer esa situación, y no -como Ud. pretende- con quien hizo pública sólo una parte del famoso Padrón Único de Beneficiarios de Planes Sociales de Río Negro. Ese que por ley debiera ser público, aunque ahora ya sabemos por qué nunca se dio a conocer.

Malversar el dinero destinado a los sectores más humildes para financiar el sostenimiento de un aparato político «subsidiado» no tiene absolutamente nada que ver con la precarización laboral. Cuya erradicación, en su calidad gremial, seguramente lo debe desvelar, aunque no lo parece.

Seguramente esos trabajadores sociales precarizados deben sentir la misma bronca que yo al ver que en los listados de becados del ministro Alfredo Pega figuran el actual presidente de la Juventud de San Carlos de Bariloche, Marcos L. Miguel; el actual presidente del Comité Bariloche, Norberto Dura; el presidente del Comité de Valcheta, Juan S. Sale; el vocal del Comité de Roca, Pedro I. Riffo; el secretario de Gobierno de Ingeniero Jacobacci, Daniel G. Aranibe; la funcionaria municipal de esa localidad, María A. Chamelli; la secretaria legislativa del Concejo Deliberante de Sierra Grande, Elena Quiñenao; la actual concejal de Huergo, Sandra N. Fracer; la hermana del intendente de Huergo, Noemí G. Ballester; el hermano del presidente de la Juventud Radical de Roca, Cristian Marcaccio; el hijo del secretario de Desarrollo del Ministerio de Producción de Río Negro, Juan C. Fiñana; el ex presidente de la Juventud Radical de Viedma, Lucas Canziani; la pareja del ex presidente de la Juventud Radical de Río Negro y actual subdirector de Desarrollo Juvenil del Ministerio de Familia, Ricardo Casanova; la actual subsecretaria de Cultura del municipio de Bariloche, María V. Arroyo Menéndez; la directora de Arquitectura del Ministerio de la Familia, Beatriz A. Marucci; la directora del Programa Comer en Familia, Mónica Álvarez; el gerente técnico del Área de Planificación Estratégica de ese ministerio, Miguel Muñoz; el jefe de Departamento, Miguel Ángel Chimatti; el jefe de Sueldos del Ministerio, Rosendo Manuel Bartolo, y la lista sigue y sigue. Funcionarios provinciales y municipales -que ya tienen un sueldo del Estado-, parientes, dirigentes y punteros de un gobierno «corrupto».

Los mismos que entregaron 24 millones de dólares a Cribsa -y que nunca más aparecieron-, los 112 millones de dólares a Galme Pesquera, los 4 millones de dólares a la empresa Coerpe, 8 millones de dólares a la firma Toddy, 2 millones de dólares a Lahusen, entre otros.

Para algunos pocos rionegrinos -como usted-, lamentablemente conocer y recordar estas cosas es parte de un show mediático; para otros, se trata de empezar a prepararnos y contagiarnos con la esperanza de que dentro de poco habrá justicia.

Martín Ignacio Soria, DNI 24.941.308 Roca