Para los amigos
Cuando Néstor Kirchner se puso a “construir poder” a partir de las elecciones del 2003, no sólo pensaba en conseguir el apoyo decidido de una cantidad suficiente de mandatarios provinciales, intendentes municipales y legisladores que le permitiera gobernar sin sobresaltos. También se proponía dotar al movimiento incipiente que formaba de una rama empresaria que le asegurara un fuerte respaldo económico. So pretexto de estar impulsando el desarrollo de una “burguesía nacional”, Kirchner y colaboradores estrechos como el ministro de Planificación, Julio De Vido, pronto comenzaron a hostigar a empresas vulnerables que serían compradas por personas afines al gobierno. Pues bien, la mayor distribuidora de gas del país, Metrogas, ya está en manos del gobierno luego de haber solicitado el concurso preventivo de acreedores por no estar dispuesta a pagar una deuda de 20 millones de dólares. Puede que siga formando parte del creciente imperio empresarial gubernamental o, lo que es más probable, que termine vendiéndose a personas que son confiables a juicio de los Kirchner que, como es notorio, son partidarios resueltos de la modalidad tercermundista que se llama “capitalismo de los amigos”. La razón por la que Metrogas, cuyo accionista mayoritario es British Gas, en asociación con YPF, ha dejado de ser viable no constituye un secreto. A pesar de una devaluación brutal, una tasa de inflación muy alta y el aumento constante de costos –los voceros de la empresa dicen que a partir del 2001 han subido el 210%– desde hace 11 años se ha visto obligada a mantener las mismas tarifas. El motivo por el que el gobierno se ha resistido a permitirle incrementarlas no es “social”. Se debe a que Metrogas se ha negado a retirar su demanda en el Ciadi, el tribunal arbitral del Banco Mundial, por incumplimiento de contrato, donde ganó un juicio contra el Estado nacional por 185 millones de dólares, lo que, huelga decirlo, la ubicó entre los enemigos declarados de quienes no suelen tolerar a aquellos empresarios que se atreven a desafiarlos. Es evidente que los Kirchner toman muy en serio la consigna según la que “hay que subordinar lo económico a lo político”, o sea a sus propios intereses inmediatos, pero acaso deberían pensar más en las consecuencias de obligar a empresas como Metrogas a funcionar durante muchos años a pérdida. Al fin y al cabo, tarde o temprano resultará necesario actualizar las tarifas energéticas para que los ingresos de las empresas del sector guarden cierta relación con los costos operativos, pero cuanto mayor sea el retraso, más traumático será el ajuste destinado a reducirlo. El caso de Metrogas ha sembrado alarma entre los preocupados por la costumbre oficial de aprovechar su poder para asfixiar a empresas importantes con el propósito de incorporarlas al sector público, de forzarlas a echar a ejecutivos reacios a obedecer las órdenes de funcionarios como el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, o de prepararse para ser compradas por empresarios vinculados con los Kirchner, sea cuestión de los cortesanos de siempre o de personajes que se han enriquecido en un lapso sumamente breve merced a su proximidad al poder. Conforme al secretario de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, el mendocino Omar De Marchi del Partido Demócrata, cuando del respeto por el derecho de propiedad se trata “estamos cada vez más cerca de Venezuela”. No exagera demasiado. Como su “amigo” Hugo Chávez, los Kirchner nunca han vacilado en premiar a los empresarios amigos y castigar a quienes no lo son, con el resultado de que durante buena parte de la gestión del matrimonio han escaseado los dispuestos a decir en público lo que realmente pensaban sobre la política económica del gobierno. Últimamente han surgido señales de que la situación así supuesta está modificándose, en parte porque se ha difundido la sensación de que el ciclo kirchnerista está por terminar y en parte porque muchas empresas se encuentran en apuros a causa del intervencionismo oficial, pero parecería que la presidenta y su marido no tienen la más mínima intención de dejarse influir por las quejas de empresarios convencidos de que “el modelo” se agotó hace tiempo y que por lo tanto convendría reemplazarlo cuanto antes por otro que sea menos arbitrario.
