Paritarias inútiles
Si los ingresos de los asalariados dependieran del poder de los sindicatos, los trabajadores argentinos estarían entre los mejor remunerados del planeta pero, desgraciadamente para todos, en última instancia reflejan la productividad del sector que los emplea y de la economía en su conjunto, razón por la que, a pesar de más de medio siglo de militancia sindical y etapas en que los jefes de la CGT virtualmente cogobernaban, en nuestro país los obreros perciben menos que en cualquier otro en que una proporción sustancial de la población es de origen europeo. La situación lamentable así supuesta no está por cambiar. Aun cuando los negociadores sindicales consiguieran convencer a sus interlocutores de la validez de sus reclamos, sería escasa la influencia de las paritarias que están iniciándose en el bienestar de los incluidos en la economía formal. En el caso de que los gremios más poderosos lograran aumentos del 40% o más para los afiliados, como algunos pretenden, sería a costa de otros trabajadores y de quienes dependen de las vicisitudes de la parte “negra” de la economía nacional. Asimismo, es de prever que el Estado siga negándose a prescindir del dinero que recauda de Ganancias como quisieran aquellos sindicalistas que lideran la campaña contra la presión impositiva. Tampoco lograrán mucho los representantes de los empresarios. De imponerse el criterio del presidente de la Unión Industrial Argentina, Héctor Méndez, el que para indignación tanto de los sindicalistas como de ciertos funcionarios del gobierno, dice que los eventuales incrementos deberían ser inferiores al 20% “como máximo”, los asalariados perderían una proporción sustancial de su poder adquisitivo, lo que con toda seguridad tendría repercusiones económicas muy negativas en el corto plazo, aunque, con suerte, a la larga ayudaría a frenar la inflación. Parecería que lo que tienen en mente los empresarios es un ajuste consensuado que a su entender serviría para reducir las distorsiones económicas graves que se han producido en el transcurso de la gestión kirchnerista, pero es nula la posibilidad de que los funcionarios del gobierno y los sindicalistas prestaran atención a tal propuesta. A los sindicalistas, políticos y lobbistas empresariales como Méndez les gustan las paritarias porque les brindan oportunidades para hacer pensar que están participando del manejo de la economía en nombre de los sectores que presuntamente representan. En cierto modo lo están, pero a juzgar por lo logrado a través de los años, sus esfuerzos combinados en tal sentido han sido contraproducentes. Sucede que la Argentina es un país tan diverso y complicado que no pueden prosperar los intentos a someterlo a un régimen corporativista en que funcionarios del gobierno procuran reconciliar las aspiraciones de representantes de los trabajadores por un lado y empresarios por el otro. Si bien nos hemos acostumbrado a los ritos así supuestos, la verdad es que no sirven para mucho. Aun cuando los protagonistas no tuvieran que tomar en cuenta los estragos provocados por una tasa de inflación altísima que parece haberse reducido un poco últimamente pero que muestra señales de estar por acelerarse, las ilusiones alentadas por las paritarias no tardarían en esfumarse. Puesto que la inflación rampante es una realidad, cualquier arreglo podría verse desactualizado en un par de meses. A los gremialistas les resulta fácil justificar reclamos que en otras latitudes motivarían asombro. Pueden señalar que ha caído mucho el poder de compra de los afiliados y que por lo tanto tienen derecho a pedir aumentos significantes, pero aun cuando los concedieran el gobierno y el empresariado, su efectividad dependería de la evolución de la economía nacional que, según virtualmente todas las previsiones salvo las formuladas por el gobierno, seguirá en recesión por mucho tiempo más. Superar dicha situación no será del todo fácil. Los sindicalistas se ven constreñidos a tratar de defender el poder adquisitivo de los afiliados, pero entenderán que son muchas las empresas que sencillamente no podrían gastar mucho más en salarios. Por su parte, los empresarios tienen que privilegiar la rentabilidad, lo que los obliga a asumir una postura que, desde el punto de vista de la mayoría, es muy antipática.
Si los ingresos de los asalariados dependieran del poder de los sindicatos, los trabajadores argentinos estarían entre los mejor remunerados del planeta pero, desgraciadamente para todos, en última instancia reflejan la productividad del sector que los emplea y de la economía en su conjunto, razón por la que, a pesar de más de medio siglo de militancia sindical y etapas en que los jefes de la CGT virtualmente cogobernaban, en nuestro país los obreros perciben menos que en cualquier otro en que una proporción sustancial de la población es de origen europeo. La situación lamentable así supuesta no está por cambiar. Aun cuando los negociadores sindicales consiguieran convencer a sus interlocutores de la validez de sus reclamos, sería escasa la influencia de las paritarias que están iniciándose en el bienestar de los incluidos en la economía formal. En el caso de que los gremios más poderosos lograran aumentos del 40% o más para los afiliados, como algunos pretenden, sería a costa de otros trabajadores y de quienes dependen de las vicisitudes de la parte “negra” de la economía nacional. Asimismo, es de prever que el Estado siga negándose a prescindir del dinero que recauda de Ganancias como quisieran aquellos sindicalistas que lideran la campaña contra la presión impositiva. Tampoco lograrán mucho los representantes de los empresarios. De imponerse el criterio del presidente de la Unión Industrial Argentina, Héctor Méndez, el que para indignación tanto de los sindicalistas como de ciertos funcionarios del gobierno, dice que los eventuales incrementos deberían ser inferiores al 20% “como máximo”, los asalariados perderían una proporción sustancial de su poder adquisitivo, lo que con toda seguridad tendría repercusiones económicas muy negativas en el corto plazo, aunque, con suerte, a la larga ayudaría a frenar la inflación. Parecería que lo que tienen en mente los empresarios es un ajuste consensuado que a su entender serviría para reducir las distorsiones económicas graves que se han producido en el transcurso de la gestión kirchnerista, pero es nula la posibilidad de que los funcionarios del gobierno y los sindicalistas prestaran atención a tal propuesta. A los sindicalistas, políticos y lobbistas empresariales como Méndez les gustan las paritarias porque les brindan oportunidades para hacer pensar que están participando del manejo de la economía en nombre de los sectores que presuntamente representan. En cierto modo lo están, pero a juzgar por lo logrado a través de los años, sus esfuerzos combinados en tal sentido han sido contraproducentes. Sucede que la Argentina es un país tan diverso y complicado que no pueden prosperar los intentos a someterlo a un régimen corporativista en que funcionarios del gobierno procuran reconciliar las aspiraciones de representantes de los trabajadores por un lado y empresarios por el otro. Si bien nos hemos acostumbrado a los ritos así supuestos, la verdad es que no sirven para mucho. Aun cuando los protagonistas no tuvieran que tomar en cuenta los estragos provocados por una tasa de inflación altísima que parece haberse reducido un poco últimamente pero que muestra señales de estar por acelerarse, las ilusiones alentadas por las paritarias no tardarían en esfumarse. Puesto que la inflación rampante es una realidad, cualquier arreglo podría verse desactualizado en un par de meses. A los gremialistas les resulta fácil justificar reclamos que en otras latitudes motivarían asombro. Pueden señalar que ha caído mucho el poder de compra de los afiliados y que por lo tanto tienen derecho a pedir aumentos significantes, pero aun cuando los concedieran el gobierno y el empresariado, su efectividad dependería de la evolución de la economía nacional que, según virtualmente todas las previsiones salvo las formuladas por el gobierno, seguirá en recesión por mucho tiempo más. Superar dicha situación no será del todo fácil. Los sindicalistas se ven constreñidos a tratar de defender el poder adquisitivo de los afiliados, pero entenderán que son muchas las empresas que sencillamente no podrían gastar mucho más en salarios. Por su parte, los empresarios tienen que privilegiar la rentabilidad, lo que los obliga a asumir una postura que, desde el punto de vista de la mayoría, es muy antipática.
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