Pasajeros estafados, una situación que se repite

Actualizado a las 20:30

San Carlos de Bariloche (Télam).- La quiebra de la empresa Cinco Zonas, que dejó abandonados en San Carlos de Bariloche a unos 440 estudiantes y a más de 800 que compraron el paquete sin poder viajar, tiene numerosos antecedentes, por lo que autoridades y empresarios reclaman mayor control y una legislación nacional preventiva. Al cerrar sus puertas, esa compañía dejó también en Bariloche una deuda -según varios operadores, de entre 400 y 500 mil pesos- y compromisos incumplidos con estudiantes de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y Mendoza por alrededor de un millón de pesos.

Las secretarías de Turismo de la Nación y de Bariloche convocaron a operadores del sector, quienes acordaron completar la prestación de servicios a los jóvenes abandonados y asegurar al resto un viaje de siete días a Bariloche, con buena parte de las actividades contratadas. Este beneficio no lo tuvieron los cientos de perjudicados por quiebras anteriores, de las que las más resonantes en relación a Bariloches fueron las de Buenos Aires Río Estudiantil, Lapa Estudiantil y El Rápido Estudiantil, por ser las más grandes.

En segundo orden figuran los cierres de Sansó Tour, Sevitur, Daminato, Country Travel, Den Travel, Baysat y Lecol, la mayoría de Buenos Aires y otras de Rosario, Mar del Plata y Córdoba. Hace tres años, autoridades y empresarios barilochenses comenzaron a reclamar una legislación y control nacionales que resulten preventivos, en favor de los pasajeros y de las firmas que cumplen y sufren las consecuencias del problema.

Uno de ellos, Ricardo Rimoldi, dueño de las discos más importantes de Bariloche, sostiene que la solución es constituir un fondo especial o fideicomiso, que funcione como garantía. «Nosotros sufrimos especialmente esto, pero no es privativo del turismo estudiantil. Todos recordarán los casos de Guamatur, Turisclub y Sol Jet, que dejaron cientos pasajeros varados en el mundo y tuvo que salir el Estado argentino a buscarlos», dijo.

Rimoldi afirmó a Télam que «debe ser revisada la ley de agentes de viajes para prevenir estas cosas, pero una revisión seria y desapasionada, que le dé más y más fiscalización y poder de policía a Turismo de la Nación», porque «hay muchos agentes de turismo que sólo son un sello de goma. Por eso propone que en lugar de exigirles un respaldo patrimonial, hay que establecer la obligación de contribuir a un «fideicomiso o seguro de caución».

Ese fondo, dijo, no se tocaría y sólo debería destinarse al pago de servicios que no se prestan o a la devolución del dinero si la prestación no se otorga, «como se usa en fideicomisos financieros para el pago de obligaciones negociables». «Hoy, para sacar un crédito personal se recibe un exhaustivo monitoreo del Banco Central, pero para transportar a 50.000 personas no hay nada de eso», afirmó. El concejal Hugo Cejas recordó a Télam sus tiempos de secretario de Turismo de Bariloche, cuando impulsó junto a la ciudad cordobesa de Carlos Paz una legislación específica para el turismo estudiantil.

«Pedíamos un fondo de garantías para las ciudades, para que en un caso como el de Cinco Zonas resulte neutralizado el perjuicio para los pasajeros y los destinos. Para darles los servicios adeudados y regresar a origen», dijo. La idea proponía que las empresas pongan 10 pesos por pasajero, y si el dinero no era usado por un problema semejante, podía destinarse a mejorar la estructura y fiscalizar, o a promoción del turismo estudiantil, pero no llegó a concretarse.

El empresario Jorge Batica, dueño de Setur, una agencia cordobesa que nunca tuvo problemas y la que traerá a los estudiantes defraudados por Cinco Zonas, también reclamó una solución para el problema. En declaraciones a la televisión local consideró que hay posibilidades de controlar fehacientemente a las empresas si la Secretaría de Turismo nacional ejerce una mayor fiscalización en el mercado.