Pérez Balda sigue ligada al Estado como directora de Enarsa

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Pérez Balda aparece en la web de Enarsa como directora clase “B” y “C”.

CIPOLLETTI (AC).- Tamara Pérez Balda, ex subsecretaria de Hidrocarburos del gobierno de Miguel Saiz, integra el directorio de la empresa nacional Enarsa en representación de las provincias que decidieron ser accionistas. No renunció a pesar de que el signo político de Río Negro cambió y, según fuentes del sector hidrocarburífero, en caso de tener que hacerlo, tiene asegurado un puesto técnico en la estructura. Pérez Balda, una abogada que entró en la estructura de Hidrocarburos casi sin conocimiento del tema y terminó armando cuatro rondas de licitación de áreas, no es la única ex funcionaria de extracción radical que continúa representando a Río Negro. Algo parecido ocurre en el Consejo Federal de Energía Eléctrica con Jorge Santolaria. Como inicialmente Pérez Balda, con poco conocimiento del tema, Santolaria llegó a la conducción de la empresa provincial de transporte de energía Transcomahue de la mano de Horacio Jouliá, que por entonces manejaba el sector eléctrico de Río Negro y se disponía a privatizar la empresa ERSA (hoy Edersa). A poco de asumir, Saiz dispuso la salida de Santolaria de la empresa pero le dio un premio consuelo: la representación del gobierno de Río Negro ante el Consejo Federal, que administra recursos de obras de electrificación, desde las menores financiadas con el fondo Fedei hasta buena parte del dinero del Plan Federal de Transporte. “Santolaria está en el lugar donde nos es más útil: Buenos Aires, a 1.100 kilómetros”, solía bromear en privado el último presidente de Transcomahue bajo gestión radical, Alejandro Betelú. Lo cierto es que Santolaria continúa siendo el delegado de la provincia en el Consejo Federal de Energía Eléctrica. Pérez Balda enfrenta una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito y está imputada por incumplimiento de deberes por no responder pedidos de informes de la Defensora del Pueblo. Además afronta otro proceso judicial que investiga la posibilidad de que el área hidrocarburífera Puesto Morales Este haya sido explorado y explotado por la empresa Petrolífera Petroleum varios meses antes de que ese sector le fuera formalmente adjudicado.