Piden indagatoria a tres camaristas de Cipolletti

CIPOLLETTI (AC).- La causa por estafas reiteradas que se inició en 2004 e involucró, entre otros, al ex jefe de despacho de la Cámara Laboral de Cipolletti, cambió de juez, salió del letargo y tuvo un giro inesperado. El fiscal Oscar Cid promovió acción penal contra los tres miembros del Tribunal, además del ex secretario, por considerar que habrían actuado negligentemente, omitiendo y/o violando las reglamentaciones inherentes a sus cargos, «dando ocasión a que terceros se apoderen de caudales públicos que fueran puestos para su administración y cuidado judicial por razón de cargo y funciones legales».

Cid solicitó que Edgardo Albrieu, Jorge Douglas Price y Alfredo Pozo sean llamados a prestar indagatoria por un delito culposo; además de otras medidas «urgentes» (ver aparte).

«Río Negro» supo que el fiscal elevó la ampliación de promoción penal el viernes. Lo hizo ante el juez Gustavo Herrera, quien desde hace muy poco tiempo tiene la causa en sus manos. La investigación la inició María del Carmen García García.

Trascendió que Cid habría solicitado varios pedidos de pronto despacho para poder actuar en el expediente pero no habría tenido respuestas. La causa, si bien había acumulado algunos procesamientos y sobreseimientos, estaba prácticamente inactiva. Ante ello, Cid habría elevado una nota a su superior, el fiscal de Cámara Ricardo Maggi, quien planteó la situación a la Superintendencia Penal. Fue así como García García -investigada además por su presunto mal desempeño en el caso Otoño Uriarte- perdió la competencia por la inactividad y la causa pasó a manos de Herrera.

Cid ahora amplió la promoción de acción penal contra Pozo, Albrieu y Douglas Price -tres jueces reconocidos- y requirió que por «la misma conducta negligente» se lo llame a indagatoria al ex secretario de la Cámara, Walter Peña, quien había sido sobreseído en el mismo expediente por «sustracción de caudales públicos». Requirió que se los investigue en esta instancia «por el delito imprudente» previsto en el artículo 262 del Código Penal, que tiene una pena que se reprime con multa que va del 20 al 60% del valor sustraído.

«Cabe aclarar que este Ministerio Público a lo largo de la causa no ha encontrado pruebas que indicaran delitos dolosos en relación a los funcionarios aludidos en cuanto a la investigación de la sustracción de depósitos bancarios mediante estafas reiteradas con el uso de documentos públicos falsos, por lo que debió esperarse hasta esta instancia a efectos de evaluar la transgresión a la figura penal imprudente», aclaró el fiscal en el escrito que le elevó a Herrera.

Según la acusación, los jueces Pozo, Douglas Price y Albrieu, y el ex secretario de la Cámara, «habrían actuado negligentemente, omitiendo y/o violando la reglamentación a su cargo, principalmente la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Reglamento Judicial, dando ocasión de esa manera a la sustracción ilegítima de fondos provinciales y/o de capital privado perteneciente a terceros depositados en el ex banco Patagonia sucursal Cipolletti a la orden del Tribunal, y para su administración, fondos destinados de procedimientos laborales de dicho organismo judicial, provocándose un perjuicio al Estado provincial y a terceros particulares».