Piden la destitución del juez de Neuquén que reivindicó el trabajo sexual

La presentación la realizó La Fundación Alameda ante el Consejo de la Magistratura de la Nación. Plantea que Alejandro Cabral, integrante del Tribunal Oral Federal de Neuquén, tiene un "inexcusable desconocimiento del derecho."

La Fundación Alameda anunció la presentación de un pedido de destitución contra el juez del Tribunal Oral Federal de Neuquén, Alejandro Cabral. La organización criticó los fundamentos del fallo en el que el magistrado considera que debe regularse el trabajo sexual.

Cabral intervino en un juicio en el que un hombre fue acusado de haber prestado colaboración secundaria a otra persona con el fin de prostituir a diez mujeres en el local Anfitrión de Plaza Huincul. Absolvió al imputado y en su resolución dedicó un extenso capítulo a reivindicar el trabajo sexual.

Señaló que en el caso que le tocó resolver “las mujeres trabajadoras sexuales son personas mayores de edad que han decidido dedicarse a ese trabajo para solventar su economía familiar y/o personal, a veces de mucha mejor manera que con otro trabajo que es peor pago.”

Se posicionó a favor de la regulación «para que justamente pueda ser controlado, que no existan abusos, que tengan derecho a una jubilación, a una obra social. Eso va a permitir perseguir la verdadera trata y la explotación laboral

La denuncia fue presentada por Gustavo Vera, presidente de la fundación, ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, que es el organismo encargado de analizar los pedidos de remoción de jueces y funcionarios judiciales.

En el escrito Vera sostuvo que «la legislación nacional adoptó el criterio abolicionista en materia de prostitución mediante la Ley nº 12.331″ y que «la tolerancia del Estado a la existencia de los prostíbulos constituye, entre otras cosas, una violación a su deber de modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basadas en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres (art. 5 inc. a de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer).»

Agregó: «La problemática se halla relacionada no sólo con la lucha contra la discriminación contra la mujer sino también contra las formas contemporáneas de la esclavitud. Con su pronunciamiento, el juez Cabral, va en sentido contrario.»

También citó los cuestionamientos realizados por la subsecretaria de las Mujeres de la provincia, Patricia Maistegui.

Vera afirmó que «existe un inexcusable desconocimiento del derecho por parte del magistrado denunciado, esencialmente en lo que hace a los pactos internacionales de derechos humanos –herramientas esenciales para luchar contra la trata de personas y las distintas formas de sometimiento y violencia que padecen las mujeres-, que lo inhabilita para continuar en su cargo.»


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