El municipio de Ramos Mexía debe pagar $1,8 millones por una auditoría realizada en el 2017.

El municipio de Ramos Mexia deberá afrontar el pago de una millonaria deuda originada en el marco de un conflicto político durante la gestión del ex intendente Patricio Colil (FpV), quien estuvo al frente del Ejecutivo entre 2015 y 2019.

Al poco tiempo de asumir la intendencia de esta localidad de la Región Sur rionegrina, se abrió un frente de conflicto entre Colíl, quien le había ganado las elecciones por tres votos de diferencia al ex intendente Javier Giménez (2011-2015), de extracción peronista pero aliado a JSRN, y la oposición.

La situación derivó en una auditoría general contable jurídica, realizada por el Estudio Larrañaga, Rueda y Asociados, al Poder Ejecutivo municipal, entre el 10 de octubre de 2015 y el 30 de junio de 2017, que arrojó datos muy preocupantes como falta de comprobantes y rendiciones por más de 22 millones de pesos.

Los $770.000 de honorarios por la auditoría, contratada el 4 de agosto de 2017 y realizada en tiempo y forma por el contador Sebastián Larrañaga y la contadora Natalia Rueda, jamás fueron abonados por quienes solicitaron sus servicios y, con el correr de los meses, la deuda ascendió a $2.346.339,49

La semana pasada, con acuerdo del Tribunal de Cuentas y el Concejo Deliberante, el intendente Nelson Quinteros (PS) logró frenar el avance de causa judicial y llegar a un acuerdo con la parte demandante.

“El acuerdo logrado consiste en una reducción superior al medio millón de pesos, a abonar en 8 cuotas de $225.000, constituyendo una suma total de $1.800.000” detalló el jefe comunal.

Quinteros resaltó la importancia de haber llegado a un acuerdo para cancelar la deuda y la demanda judicial que pesa sobre la municipalidad, evitando conflictos legales y medidas cautelares contra el municipio y en beneficio de la comunidad.

En este sentido, detalló que esta deuda se suma a otra de más de $ 7.600.000 generada por malversación de fondos durante la gestión del ex intendente Javier Giménez, con un embargo judicial de $650.000 mensuales que la Justicia provincial retiene de la cuenta del municipio y que, “dada la lentitud de la Justicia”, al día de la fecha no se pudo suspender el mismo, llevando un acumulado de casi $4.000.000 pagados por el municipio.

“Para un municipio con el nuestro estas deudas representan un golpe muy fuerte. Por suerte hemos podido llegar a un acuerdo para seguir funcionando con normalidad, ante la situación que nos plantea la pandemia de COVID-19, y con una coparticipación reducida a la mitad” sostuvo y agregó que a pesar de ello, la municipalidad se encuentra ordenada, con un importante nivel de obras en ejecución que mejorarán la calidad de vida de vecinos. “Como aprendizaje, las disputas políticas jamás deben volver a comprometer los recursos de la municipalidad y su comunidad” sentenció el jefe comunal.