Piedrabuena 2: el secuestro de computadoras retrasa al resto de las causas

La investigación por presunta coacción contra un fiscal tendrá su primera audiencia hoy. El juez reclama que le devuelvan sus dispositivos.

El juez Diego Piedrabuena pidió que le devuelvan las computadoras y demás elementos secuestrados de su vivienda el viernes pasado, durante un allanamiento en una causa que lo tiene como imputado por presunta extorsión contra un fiscal.

El magistrado reclamó que le fijen de manera "urgente" una audiencia para discutir la procedencia de su solicitud. Señaló además que sus hijos necesitan los dispositivos para asistir a clases por vía remota.

La audiencia se realizará hoy a partir de las 8:30. Estaba prevista para ayer a las 13 pero se la postergó porque un corte de energía en Zapala le impidió conectarse a la jueza de Garantías del caso, Leticia Lorenzo, quien trabaja en esa ciudad.

La denuncia por coacción fue presentada por el fiscal Andrés Azar y se convirtió en el caso Piedrabuena 2. El número 1 es el legajo penal por el escándalo en el hipermercado, en el cual el juez está imputado por "atentado a la autoridad agravado por ser funcionario público, en carácter de autor".

Además deberá enfrentar un Jurado de Enjuiciamiento por presunto mal desempeño.


Embotellamiento


La causa principal y el jury, más otras derivadas del escándalo en el híper, están atascadas por diversos motivos y con distintos grados de avance. Ahora se suma un nuevo ingrediente: el magistrado dice que no puede defenderse porque le secuestraron las computadoras donde guardaba todo el material con sus escritos, documentos y estrategias.

No es la primera vez que el juez, que no está suspendido en sus funciones, recurre a este argumento. Ya lo dijo varias veces ante el Jurado de Enjuiciamiento, porque pidió que le designen defensores públicos pero no está conforme con los dos que lo representan.

Las diferencias se traducen en que presentan escritos por separado, y los defensores renunciaron tres veces. Otras tantas el Jurado los obligó a continuar en el cargo.

La cuestión es que el secuestro de sus dispositivos puede convertirse en un nuevo motivo de embotellamiento para que no avancen ninguno de los expedientes.

Se sumaría a las recusaciones de jueces, los continuos pedidos de revisión e impugnación de resoluciones, y a la seguidilla de licencias por razones personales de magistradas y funcionarias que han motivado la postergación de audiencias.


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