Pisos muy altos
En otras partes del mundo la austeridad se ha puesto de moda al darse cuenta, un tanto tardíamente, los gobiernos de que perder “competitividad” suele tener consecuencias negativas para todos salvo una minoría de afortunados. Conscientes de los peligros que enfrentan, políticos tan diferentes como el presidente del gobierno español, el socialista José Luiz Rodríguez Zapatero, y el primer ministro británico, el conservador David Cameron, no sólo se oponen a los aumentos salariales sino que también han llegado al extremo nada popular de ordenar rebajas para quienes están empleados en el sector público. Huelga decir que la posibilidad de que algo similar ocurra en nuestro país es escasa. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner raramente deja pasar una oportunidad para afirmarse contraria por principio a “los ajustes”, ya que a su juicio siempre resultan contraproducentes y, de todas formas, los responsables de manejar una economía en plena expansión como la argentina no tienen por qué preocuparse por lo que está sucediendo en otras latitudes. Mientras tanto los sindicalistas más influyentes, incluyendo a aliados presuntamente estratégicos del gobierno kirchnerista como el camionero y mandamás de la CGT, Hugo Moyano, han desatado una carrera salarial que amenaza la recuperación que está en marcha al obligar a los empresarios a demorar inversiones por temor a que la tasa de inflación resulte ser aún más elevada que la prevista. Si bien conforme a los datos disponibles el crecimiento macroeconómico se ha reanudado luego del bajón del año pasado, la puja salarial que se ha desatado podría frenarlo. La incertidumbre que sienten tantos empresarios es lógica. La esperanza de que el “reacomodamiento de precios”, para usar el eufemismo preferido por el ministro de Economía, Amado Boudou, no supere por mucho el 20% anual –índice que ya está entre los más altos del mundo– parece poco realista desde que diversos sindicatos, encabezados por el de los trabajadores de Aceite y el de la Industria de la Alimentación, consiguieron más del 35%. Como ya es rutinario, quienes no se han visto beneficiados por convenios similares han tomado tal porcentaje por un “piso” que todos deberían respetar, lo que obliga a sus dirigentes a reclamar más o correr el riesgo de verse repudiados por los afiliados. En este ámbito, Moyano es un moderado, puesto que según él los camioneros se conformarían con un magro 25%, pero no es demasiado probable que se resigne por mucho tiempo a que su sindicato, el que últimamente se ha encargado de señalar a los demás donde debería ubicarse “el techo” para los aumentos salariales, se vea rezagado en comparación con otros. Al fin y al cabo, el apoyo que le brindan los camioneros, y por lo tanto su influencia política, se ha debido a su capacidad innegable para colmarlos de beneficios materiales. Todos los sindicalistas dicen coincidir en que en su opinión los aumentos salariales son una cosa y la inflación es otra, como si creyeran que duplicar, digamos, los ingresos de los asalariados no tendría impacto alguno en el costo de vida. Asimismo, políticos “progresistas” que no simpatizan con el gobierno insisten en que es necesario dar prioridad a la defensa del poder adquisitivo de los trabajadores y que por lo tanto los aumentos siempre tienen que ser superiores a la tasa de inflación. Por desgracia, a juzgar por nuestra larga experiencia en la materia, a menos que las “conquistas” salariales se vean acompañadas por aumentos todavía mayores de la productividad, sólo servirán para consolidar la pobreza, en especial la de la gran cantidad de trabajadores que no están protegidos por los convenios colectivos y dependen por completo del nivel de actividad económica. Además de hacer subir los costos, y en consecuencia los precios, los aumentos claramente superiores a la tasa de inflación agravan el problema planteado por el desempleo y atentan contra las inversiones, ya que en un clima de incertidumbre los empresarios no querrán arriesgarse. Convendría, pues, que el gobierno asumiera una postura menos permisiva en el marco de una estrategia antiinflacionaria coherente, aunque es poco probable que deje de minimizar la gravedad de los problemas del “modelo”, ya que enfrentarlos le supondría demasiadas dificultades.
