Poderes policiales

Ya quedan lejos aquellos días en que los líderes políticos competían para ver cuáles serían capaces de reducir más los poderes de la policía de su jurisdicción, asestando así lo que tomarían por un golpe demoledor contra la «cultura autoritaria» que según muchos estaba en la raíz de los males del país. En la actualidad, casi todos los políticos, asustados por el auge de la delincuencia, prefieren insistir en la presunta necesidad de aumentar los poderes de los miembros de las fuerzas de seguridad, de ahí la voluntad del gobierno nacional de permitir que la Policía Federal mantenga detenidos a sospechosos durante doce horas, elabore actas durante una requisa sin la presencia de testigos e interrogue sin permiso judicial a cualquiera que se encuentre en un lugar donde se haya cometido un delito. En principio, las modificaciones propuestas parecen razonables y los poderes adicionales resultantes no serían distintos de los ya habituales en muchos países que son indudablemente democráticos, pero por desgracia es necesario tomar en cuenta el hecho de que aquí la policía no es de confiar. Como dijo con crudeza un legislador: «Si esta norma se propusiera en Holanda, yo la apruebo, pero con esta policía, no». Asimismo, el que el gobierno nacional y los diputados de la Comisión de Legislación Penal se hayan puesto a apurar el proyecto de ley en un momento en que el clima estaba enrarecido debido a varios episodios llamativamente sanguinarios no hace suponer que las reformas serán redactadas con la prolijidad necesaria.

Desde hace muchos años, la crisis de la seguridad en la Argentina tiene dos caras: una es la supuesta por las deficiencias flagrantes de todas las reparticiones policiales del país; otra es la provocada por la sensación generalizada de que la ciudadanía es víctima de repetidas olas de criminalidad. Según las circunstancias, una de estas caras parece más terrible que la otra y la sociedad, con los políticos a la cabeza, reacciona conforme al orden de prioridades así sugerido. Por lo tanto, en los años que siguieron al colapso de la dictadura militar, la mayoría coincidía en que la violencia policial que con ingenuidad atribuía exclusivamente al «proceso» planteaba el peligro mayor, pero últimamente las actividades bien publicitadas de los delincuentes comunes han estado ocasionando más alarma, con el resultado de que son cada vez más los dispuestos a minimizar los perjuicios causados por policías que son innegablemente brutales pero que, se supone, son por eso más «eficaces» que sus compañeros que se obstinan en respetar los reglamentos. Huelga decir que la situación supuesta por la disyuntiva así planteada difícilmente podría ser más perversa. Todos los intentos de reformar la policía, profesionalizándola y familiarizando a los agentes y a los jefes con la idea de que les convendría subordinarse a la ley, pronto se ven frustrados por el aumento -auténtico o imaginario, da igual- de la delincuencia común. Para colmo, es del interés de ciertos políticos y jefes policiales que la ciudadanía tenga buenos motivos para temer a los criminales comunes porque el miedo les permite erigirse en abanderados de la mano dura, lo cual podría suponerles muchos votos o, en el caso de los últimos, conseguir más facultades que, además de ayudarlos en su trabajo, servirían para que disfrutaran de un grado mayor de impunidad.

Atrapada entre delincuentes desalmados por un lado y policías de mentalidad predemocrática, por decirlo de la forma más suave, por el otro, la ciudadanía depende de la capacidad de los gobernantes y legisladores para reformar a las fuerzas policiales, para que puedan desempeñar sus funciones de manera eficaz sin que ningún grupo de uniformados degenere en una banda criminal más.

Sin embargo, se dan algunos políticos muy influyentes que actúan y hablan como si a su juicio la «solución» consistiera en tolerar la corrupción policial y consentir el «gatillo fácil». En la provincia de Buenos Aires no sólo ha aumentado la inseguridad a pesar de -o a causa de- la combatividad del gobernador Carlos Ruckauf, sino que también lo han hecho los casos de brutalidad policial, mientras que en el país en su conjunto transcurren pocos días sin que se trascienda que algunos policías han estado involucrados en actividades criminales.