Polémica por un edificio ocupado en Cipolletti

CIPOLLETTI (AC).- La ocupación de un edificio ubicado en la esquina de la avenida Fernández Oro y la calle Belgrano por parte de intrusos -y por muchos años- y los trámites que para su restitución llevan a cabo los propietarios, la familia Ortiz, una de las pioneras de la ciudad, han derivado en acusaciones contra el municipio y el fiscal actuante Oscar Cid, de las que se dio vista al presidente del STJ, Alberto Balladini.

Cid, fiscal de la Cuarta Circunscripción judicial, habría dispuesto una prohibición para que los propietarios ingresen al inmueble y el municipio habría tenido una «acción controvertida» para la contención del riesgo de derrumbe para ocupantes y terceros, oponiéndose a la tarea del contratista afectado a esas tareas.

El edificio está rodeado por una valla de madera, en una parte su techo es precario y riesgoso y algunas de las paredes internas están apuntaladas.

Sirvió para el albergue temporario, con la anuencia de sucesivas administraciones comunales, de gente sin hogar y muy humilde, aunque la mayoría se fue por sus medios o resultó trasladada por la propia municipalidad.

Los abogados Víctor Marcelo Ortiz y Alicia Garayo, el 11 del corriente se dirigieron al presidente del Superior tribunal de Justicia de Río Negro, Alberto Balladini.

En su presentación plantean una nueva serie de situaciones producidas en torno del inmueble propiedad de la familia, calificando de «equívoco» el proceder del fiscal Cid «que impide el ejercicio de nuestro derecho legítimo de propiedad y el cumplimiento de la neutralización de riesgos dispuesta por el municipio».

La familia Ortiz nombró como contratista a José Luis Cordero.

Hace pocos días, el ingeniero José María Jorge, los copropietarios Jacinta María Ortiz y Víctor Ortiz, entre otros, al igual que el contratista Cordero, verificaron en uno de los accesos por calle Belgrano una estiba de 21 tirantes de pinotea y de inmediato se dispuso el traslado a un lugar más seguro, recurriendo a los servicios de un fletero.

 

Prohibición del fiscal

Sin embargo, una vez cargado el camión, uno de los ocupantes les previno de la prohibición de retirar cualquier elemento por orden del fiscal Cid, lo que fue luego corroborado por personal policial convocado por el propio ocupante, y que llegó en dos patrulleros.

La familia propietaria impone a Balladini de lo que considera «equívoca e irregular» actuación del fiscal Cid: de la «controvertida acción y disposición» municipal para la contención del riesgo de derrumbes de ocupantes y terceros y del «desigualitario tratamiento» de que son objeto los propietarios quienes no pueden acceder a ninguna de las dependencias del inmueble de la discordia.

El edificio en cuestión se encuentra inmerso en una maraña de trámites administrativos y judiciales, fue desatendido durante años y atenta contra la estética de un sector que está cambiando incluso con la restauración de edificios históricos.

El edificio, en el que hay riesgo de derrumbe,al menos en varias de sus secciones, está expuesto a la vista de la gente que ingresa y egresa por el acceso Pacheco, se levanta a metros del que será el segundo flamante Centro Cultural de Cipolletti y de la nueva sede de la Universidad de Flores.