Policía y Justicia, de espaldas a la tecnología
SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB)- El registro de huellas digitales desde 1891, y las pruebas de ADN desde fines del siglo XX, constituyen pruebas científicas irrefutables para el esclarecimiento de delitos. La filmación y grabación de ciertas diligencias de la policía y la justicia podrían ayudar en muchos casos, pero prácticamente se desconocen como auxiliares de la justicia, pese a que están al alcance de las economías familiares. Las nuevas tecnologías están al servicio del hombre y la sociedad en la industria, el comercio, la cultura y la investigación, pero la policía y la justicia casi no las utilizan. Por no utilizar un grabador o una filmadora en los procedimientos o diligencias formales, las actas policiales y los testimonios de policías casi carecen de valor en sede judicial, e incluso los testimonios suscriptos durante la instrucción de una causa y ante un magistrado, pueden no ser valoradas en la audiencia de debate, que es la instancia a la que mayor valor se le asigna. El análisis se origina en el reciente debate de una causa por homicidio, donde los testigos desconocieron dichos que habían suscripto ante el juez de Instrucción, y dos de ellos acusaron al magistrado de haberlos presionado y amenazado con la cárcel para que declararan en contra del imputado en el crimen. Los jueces podrán valorar si los testigos mintieron o no, y cuándo, pero la historia judicial rionegrina registra otros hechos casi inverosímiles. Hace aproximadamente 13 años, durante la investigación de un presunto delito de narcotráfico surgió de las escuchas telefónicas otro de corrupción y malversación de caudales públicos: Un ministro y altos funcionarios aparecían derivando fondos de Acción Social de la provincia para captar adhesiones en una interna partidaria en El Bolsón. El camión con la mercadería desviada fue secuestrado por la Caminera en esta ciudad, pero la justicia determinó que la grabación se realizó por la sospecha de otro delito, le restó validez y desestimó iniciar actuaciones, porque estaba fuera de contexto. Es decir que si hubieran confesado un homicidio en sus conversaciones tampoco podría activarse la acción fiscal. En otra ocasión, casi contemporánea, el hombre que acababa de matar al amante de su esposa mientras mantenían relaciones sexuales se entregó en la comisaría de El Bolsón con el cuchillo. Luego se abstuvo de declarar por consejo profesional, y debieron absolverlo, porque no hubo testigos de la confesión, ni de la recepción del cuchillo, y el testimonio de la esposa, por el vínculo legal, careció de validez para incriminarlo. A partir de 1891, cuando el antropómetro yugoslavo-argentino Juan Vucetich creó el sistema de identificación basado en los dibujos papilares, comenzaron a esclarecerse crímenes hasta entonces de imposible resolución. La Policía Federal y poco después las de todo el mundo, implementaron el sistema, que pronto se convirtió en uno de los mayores auxiliares de la justicia. Es muy poco lo que la justicia avanzó desde entonces, como si se tratara de una lucha justa donde al delincuente debieran garantizarle la oportunidad de que su delito quede impune.
Serafín Santos ssantos@rionegro.com.ar
SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB)- El registro de huellas digitales desde 1891, y las pruebas de ADN desde fines del siglo XX, constituyen pruebas científicas irrefutables para el esclarecimiento de delitos. La filmación y grabación de ciertas diligencias de la policía y la justicia podrían ayudar en muchos casos, pero prácticamente se desconocen como auxiliares de la justicia, pese a que están al alcance de las economías familiares. Las nuevas tecnologías están al servicio del hombre y la sociedad en la industria, el comercio, la cultura y la investigación, pero la policía y la justicia casi no las utilizan. Por no utilizar un grabador o una filmadora en los procedimientos o diligencias formales, las actas policiales y los testimonios de policías casi carecen de valor en sede judicial, e incluso los testimonios suscriptos durante la instrucción de una causa y ante un magistrado, pueden no ser valoradas en la audiencia de debate, que es la instancia a la que mayor valor se le asigna. El análisis se origina en el reciente debate de una causa por homicidio, donde los testigos desconocieron dichos que habían suscripto ante el juez de Instrucción, y dos de ellos acusaron al magistrado de haberlos presionado y amenazado con la cárcel para que declararan en contra del imputado en el crimen. Los jueces podrán valorar si los testigos mintieron o no, y cuándo, pero la historia judicial rionegrina registra otros hechos casi inverosímiles. Hace aproximadamente 13 años, durante la investigación de un presunto delito de narcotráfico surgió de las escuchas telefónicas otro de corrupción y malversación de caudales públicos: Un ministro y altos funcionarios aparecían derivando fondos de Acción Social de la provincia para captar adhesiones en una interna partidaria en El Bolsón. El camión con la mercadería desviada fue secuestrado por la Caminera en esta ciudad, pero la justicia determinó que la grabación se realizó por la sospecha de otro delito, le restó validez y desestimó iniciar actuaciones, porque estaba fuera de contexto. Es decir que si hubieran confesado un homicidio en sus conversaciones tampoco podría activarse la acción fiscal. En otra ocasión, casi contemporánea, el hombre que acababa de matar al amante de su esposa mientras mantenían relaciones sexuales se entregó en la comisaría de El Bolsón con el cuchillo. Luego se abstuvo de declarar por consejo profesional, y debieron absolverlo, porque no hubo testigos de la confesión, ni de la recepción del cuchillo, y el testimonio de la esposa, por el vínculo legal, careció de validez para incriminarlo. A partir de 1891, cuando el antropómetro yugoslavo-argentino Juan Vucetich creó el sistema de identificación basado en los dibujos papilares, comenzaron a esclarecerse crímenes hasta entonces de imposible resolución. La Policía Federal y poco después las de todo el mundo, implementaron el sistema, que pronto se convirtió en uno de los mayores auxiliares de la justicia. Es muy poco lo que la justicia avanzó desde entonces, como si se tratara de una lucha justa donde al delincuente debieran garantizarle la oportunidad de que su delito quede impune.
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