Policía y portación de armas de fuego

Nuevamente surgen desde la Legislatura neuquina proyectos que llevan a discutir cuándo, dónde y cómo debe o no el personal policial portar armas.

Parece razonable limitar a los casos indispensables la portación y eventual uso de armas de fuego por parte de funcionarios públicos, siempre el uso de la fuerza en sus modalidades más letales debe ser limitado y excepcional, y estamos a favor de aspirar a una sociedad más pacífica y respetuosa de la vida.

En ese sentido aporta el proyecto presentado por el diputado Eduardo Fuentes de limitar la portación de armas de fuego por parte de personal policial al momento en que el mismo se encuentra en funciones, agregando a ello que, aún en caso de encontrarse en funciones, se prohíbe su portación en los casos de manifestaciones públicas organizadas o espontáneas.

Los casos de Teresa Rodríguez y Rodrigo Barreiro, entre otros, nos demuestran en forma contundente las consecuencias de que el personal policial las porte en las manifestaciones públicas. Los casos de Matías Casas o el más reciente del joven zapalino Facundo Guiñez son solo algunos ejemplos de la inconveniencia de que se obligue al personal policial a portar armas aún fuera de sus funciones. La normativa propuesta, no solo encuentra fundamento en el sentido común, sino en la práctica e historia local que nos muestra que la portación de armas por la policía debe darse en el marco de la función, la necesidad y evitando todo riesgo innecesario, y no como regla, pues lejos de tener fundamento alguno en razones de seguridad o conveniencia publica, son una costumbre institucional que pone en riesgo grave las vidas de las personas en general.

El CELS, en su informe “Muertes naturalizadas, letalidad policial sin control y sin justicia” nos brinda los siguientes datos: “el uso de la fuerza fuera de servicio tiene una incidencia muy alta en la muerte de personas, tanto de particulares como de funcionarios. Los datos muestran que desde 1996 hasta 2017 un 46% de las víctimas de la acción de las fuerzas de seguridad en CABA y Conurbano murieron a manos de funcionarios que no estaban en servicio. Ese porcentaje fue de un de un 67% en 2015, 54,4% en 2016 y de 64,5% en 2017”.

Respecto de la inconveniencia de usar armas en manifestaciones públicas ya hay antecedentes normativos. En los “Criterios Mínimos sobre la Actuación de los Cuerpos Policiales Fuerzas de Seguridad en Manifestaciones Públicas”, fijados por el Ministerio de Seguridad de la Nación en el año 2011, también se estipulaban prohibiciones de utilizar armas letales o potencialmente letales en manifestaciones públicas.

Por otra parte, siguiendo información de la oficina de la mujer (OM) de la CSJN, “…de 278 femicidios cometidos en 2018 al menos 18 sujetos activos pertenecían a fuerzas de seguridad/armadas al momento de cometer el femicidio. Esta cifra (dice la OM) es más baja que la aparecida en informes basados en datos periodísticos y esto puede relacionarse con la alta presencia de “sin datos” en la variable que registra ocupación de los sujetos activos. Esta variable debe analizarse conjuntamente con la identificación de once armas de fuego reglamentarias de integrantes de fuerzas de seguridad empleadas para cometer los femicidios. Es decir, que estas cifras rondan el 6% de los femicidios cometidos en ese periodo”.

Con estas consecuencias constatadas ¿Cuál es el sentido de seguir esperando nuevos resultados luctuosos si no existen razones válidas para mantener este estado de cosas?

Desde Pensamiento Penal sostenemos que este proyecto es un avance en favor de la vida y la paz social.

* Organización no gubernamental, sin fines de lucro, integrada por personas relacionadas al sistema penal -por su ocupación en la magistratura, defensorías, fiscalías, el ejercicio de la abogacía, la academia, estudiantes y personas privadas de libertad- interesadas en la promoción de una justicia moderna, ágil y eficaz, en sintonía con el programa constitucional y con los requerimientos de la sociedad.