Los numerosos antecedentes de violencia policial en Cipolletti
El hecho del fin de semana no fue asilado. Desde el inicio de la pandemia las causas contra la fuerzas han crecido exponencialmente.
Le robaron el celular y la billetera. Foto Archivo: Flor Salto.
La policía de Cipolletti sumó un nuevo caso de abuso de autoridad a su extenso prontuario que se acentuó desde el inicio de la pandemia. Detenciones por fuera de ley, muertes en comisarías y uso indebido de las armas que provee el Estado son algunos de los recientes antecedentes. Pero no los únicos, la semana que viene comenzará un juicio por torturas contra varios efectivos de la Comisaría 45.
Los casos de violencia policial crecen en la región y las autoridades, pareciera, no encuentran como ponerle un freno al uso desmedido de la fuerza. Puertas adentro, las discrepancias con las conducción son cada vez más evidentes.
La madrugada del sábado el cabo de la Comisaría Cuarta Franco Águila disparó su arma disuasiva a «quemarropa» -así sostuvo la fiscalía- contra un joven de 22 años que se encuentra internado en grave estado. Ayer quedó imputado por el delito de lesiones gravísimas agravados por el uso de arma de fuego y por ser funcionario policial. Le dictaron seis meses de preventiva.
Hace poco más de un mes, la Policía de Cipolletti estuvo en el ojo de la tormenta por una violenta detención de una ciudadana con permiso nacional para consumir cannabis medicinal. En ese procedimiento no solo golpearon a la mujer, sino que detuvieron a un testigo que filmó, hicieron un allanamiento ilegal y dejaron a una niña al desamparo sin darle intervención a la Secretaría de la Niñez (Senaf). Las autoridades mostraron una impávida actitud, a pesar de que RIO NEGRO intentó conocer la opinión de la ministra de Seguridad Betiana Minor.
En cambio, a nivel local, el jefe de la regional Daniel Uribe y el comisario titular de la Unidad 24 ofrecieron explicaciones contradictorias. El Poder Judicial no convalidó ese accionar y rechazó el uso del artículo 38 del digesto contravencional, sancionado durante la dictadura. Después de eso, legisladores del oficialismo anunciaron una progresiva reforma de esa normativa.
Uribe, pese a que los movimientos policiales son frecuentes dentro de la institución, es el único comisario que se mantiene firme desde hace años en Cipolletti.
El fin de semana, la jueza Rita Lucía dictó seis meses de prisión para el policía de la Comisaría Cuarta que le disparó a un joven en medio de un tumulto en la plaza San Martín. Allí se reconoció la capacidad de los uniformados de influir, negativamente, en las investigación. Por eso la medida cautelar.
Fue lo que ocurrió en agosto de 2020, en plena pandemia, con un caso parecido. La misma policía de la unidad cuarta, con el argumento de unas supuestas detonaciones en el barrio Costa Norte, encabezó un procedimiento en el que hirieron de bala al joven Franco Cabrera.
El muchacho estuvo muchísimo tiempo internado al borde de la muerte y se salvó de milagro. La policía simuló que se trataba de un enfrentamiento entre delincuentes y explicó que en ese contexto, los – inexistentes – rivales de Cabrera le habían disparado. Nada de eso ocurrió.
Después se supo que el policía Leandro Pastene, quien fue sometido a juicio por la muerte de Santiago Sagredo en un calabozo de Cipolletti, era uno de los cuatro uniformados implicados en la causa del joven que recibió el balazo en Costa Norte.
Sagredo murió detenido en un calabozo, luego de haber sido arrestado por una contravención de tránsito (con el mismo digesto de la dictadura).Tres uniformados fueron condenados en el juicio por incumplimiento de los deberes de funcionario.
También durante la pandemia, la Policía intervino por un robo en una iglesia. En ese contexto, el ladrón fue abusado sexualmente por un uniformado que le introdujo una tonfa. Ese caso se juzgará como torturas, uno de los pocos hechos con tamaña calificación legal (salvo los de lesa humanidad).
Las detenciones por fuera de toda normativa se incrementaron en la cuarentena con episodios que incluso se colaron en la agenda de medios nacionales.
En 2015, en un caso parecido al que ocurrió el fin de semana, un adolescente de 15 años recibió un disparo en su ojo en medio de un disturbio. El policía Mario Leiton fue acusado de haberle gatillado. Al otro día, los médicos le confirmaron que había perdido la visión. Leiton fue condenado a cuatro años y dos meses de prisión efectiva.
La radiografía de la violencia policial en Alto Valle es voluminosa. Casos como el del periodista de Catriel que fue detenido y golpeado sin razón y hasta el asesinato de un joven en Navidad (Nicolas Scorolli) incrementan el triste historial.
Silencio en febrero, declamación de condena en Semana Santa
La Policía de Río Negro ha adoptado una intensa política comunicacional, aunque no siguen muchas de las recomendaciones que consignan los manuales. Envían declaraciones para destacar “procedimientos positivos” pero eligen el silencio ante situaciones incómodas.
No hubo respuesta oficial cuando en febrero, efectivos de la Unidad 24 detuvieron a una mujer enferma que consumía – con los permisos correspondientes – cannabis para aliviar sus malestares.
El fin de semana, en coincidencia con las pascuas, la institución informó que condenaba “cualquier hecho por fuera de la ley y la normativa vigente, que nada tienen que ver con la formación y nuevos paradigmas en seguridad implementados”. También que habían separado preventivamente al integrante de la fuerza que está preso, con el consecuente retiro de su arma de fuego.
El fin de semana, en coincidencia con las pascuas, la institución informó que condenaba “cualquier hecho por fuera de la ley y la normativa vigente, que nada tienen que ver con la formación y nuevos paradigmas en seguridad implementados”. También que habían separado preventivamente al integrante de la fuerza que está preso, con el consecuente retiro de su arma de fuego.
Esa comunicación generó muchísimo malestar, al menos en las redes sociales de la institución. Se observaron cerca de 130 comentarios que cuestionaban el accionar de la conducción policial y el tratamiento diferencial para casos que involucran jefes y para los que protagonizan subordinados.
El más llamativo es el de la jueza de Paz de Las Perlas, Laura Noemí Pino. La funcionaria pública escribió: ¿“Por qué detenido? ¿Están dados los presupuestos de la prisión preventiva? De no ser así se están violando derechos constitucionales!!!”, en un claro cuestionamiento a la decisión de la jueza de garantías Rita Lucia que dictó la preventiva.
La jueza Laura Pino ha sido duramente cuestionada por organizaciones de derechos humanos, justamente por hacer uso de las facultades del digesto contravencional que se pretende derogar. La última vez que recibió reclamos había detenido por diez días a un grupo de personas que se manifestaban frente a su juzgado.
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