Certificados médicos truchos en Río Negro: la Fiscalía ya identificó a 132 responsables
La investigación se inició en junio del año pasado por una denuncia encabezada por el gobernador Weretilneck.
El fiscal Juan Pedro Peralta conduce el equipo de investigación de los certiticados truchos. Foto: Pablo Leguizamón
En junio del año pasado, el gobierno provincial denunció a médicos por la presunta confección de certificados apócrifos para que agentes públicos accedan a licencias por razones de salud.
Un año después, el equipo de fiscales identificó a tres responsables de la cuestionada maniobra y, además, 129 estatales que accedieron a documentación falsa para su presentación en el Estado provincial.
La presentación original se formalizó ante el fiscal de Viedma, Juan Pedro Peralta por parte del gobernador Alberto Weretilneck; el fiscal de Estado, Gastón Pérez Estevan; y su adjunto, Luciano Minetti Kern.
Con los certificados cuestionados entregados, la investigación enseguida derivó en allanamientos y secuestros de documentación, celulares y computadoras de una médica de Roca – y su pareja, un agente penitenciario- y un psiquiatra de Regina.
Posteriormente, la pesquisa continuó con aquellos agentes públicos que solicitaron de los servicios. Esa nómina ya alcanzó a 129 estatales, entre ellos, 90 policías y 28 penitenciarios. La lista de la causa penal se completa con cinco docentes y seis miembros de la plantilla del municipio de Roca.
El trámite está centrado en las notificaciones a esos empleados de su responsabilidad en los hechos investigados. La acusación de la autoría recaerá en los profesionales firmantes, mientras que los estatales serán acusados como partícipes necesarios.
En febrero se conformó un equipo de cuatro fiscales para acelerar la investigación por la “complejidad y la voluminosidad de los hechos investigados”.
El Ministerio Público derivó que los organismos notifiquen al personal alcanzado por la causa penal y, según el parte de los mismos, cerca de medio centenar ya habría recepcionado la comunicación judicial.
El gobierno provincial realizó esta denuncia en junio del año pasado, conjuntamente con críticas al mecanismo de las licencias médicas, con sus excesos. La ofensiva gubernamental anticipaba otras presentaciones que después no se concretaron. En Bariloche, Weretilneck aludió a una veintena de profesionales en la mira que, evidentemente, la Fiscalía de Estado no habrá logrado después armar acusaciones sólidas para sus presentaciones.
En febrero, la Fiscalía General activó la investigación y conformó un equipo por la “complejidad y voluminosidad de los hechos investigados”.
El mismo se integró con Peralta, en Viedma, y además la fiscal Mariana Giammona, y los adjuntos Francisco Marano y Candelaria Molineux.
Un cruzamiento actual de la investigación se corresponde si los agentes que elevaron certificados truchos no concurrieron, efectivamente usaron esas licencias y no fueron a cumplir con sus labores.
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