Condenaron al municipio de Bariloche por violencia “verbal y de género” cometida por un exfuncionario

La Cámara Laboral Segunda de Bariloche le impuso una sanción económica millonaria al municipio local por actos de “violencia de género en el ámbito laboral” atribuidos a un exfuncionario de la gestión anterior, que hostigó a una empleada del área de Fiscalización con cambios compulsivos de tareas y maltrato verbal, alusivo a su condición femenina.

En realidad la sanción al municipio es por haber omitido una intervención disciplinaria o de otro tipo contra el responsable de los hechos, que ocurrieron entre 2020 y 2022. Por tratarse de un funcionario político, la investigación estuvo a cargo del Tribunal de Contralor, pero el expediente terminó cerrado sin decisión alguna.

La víctima cumplía tareas de jefatura en un departamento del área de Fiscalización y debido a las presiones laborales reiteradas, incluido el despojo arbitrario de funciones, sufrió trastorno de stress postraumático, según quedó comprobado por una pericia psicológica.

El fallo no fue difundido por el Poder Judicial, que solo emitió una síntesis a través de la oficina de Prensa y omitió, entre otros detalles, el nombre del agresor, quien integró el gabinete del exintendente Gustavo Gennuso.

El caso fue seguido de cerca por el Soyem, cuyos directivos revelaron que el imputado por los maltratos es el exdirector de El caso fue seguido de cerca por el Soyem, cuyos directivos revelaron que el imputado por los maltratos es el exdirector de Comercio e Industria del municipio, Sebastián Hernández.

El fallo, sin embargo, no fue contra él sino contra el municipio por la deficiencia de las actuaciones internas que lo dejaron sin sanción.

Según la Cámara Laboral, el Estado municipal incurrió en “responsabilidad por omisión” y fue condenado a indemnizar a la víctima por “daño moral agravado” con el equivalente de 15 salarios mínimos. Según calcularon en el Soyem, la cifra rondaría los 23 millones de pesos. Pero el fallo es apelable.

La empleada municipal cumplía tareas en Fiscalización y denunció haber sido “despojada progresivamente de funciones, presionada para dejar el cargo, desplazada sin causa formal y finalmente reubicada en condiciones que el tribunal calificó como indignas”, dijo la comunicación.

Agregó que el hostigamiento “incluyó insultos, gritos, desautorizaciones públicas y comunicaciones con contenido discriminatorio”, al punto de que los jueces consideraron probada “la existencia de violencia verbal, simbólica y psicológica, con connotaciones de género”.

Actuación defectuosa del municipio

La secretaria general del gremio, Brenda Morales, dijo que lo ocurrido fue “grave”, en especial porque el caso pasó de largo en la instancia administrativa, y el municipio no tomó decisión alguna en resguardo de la víctima, ni reparó el daño.

Durante el proceso judicial, la municipalidad negó que hayan existido hechos de violencia y dijo que la reubicación fue “administrativa”, derivada del “mal desempeño funcional de la víctima”, según refirió el comunicado.

La demora de varios años en lograr un resultado a partir de la denuncia inicial también fue cuestionada por el Soyem. El secretario adjunto del gremio, Juan Ivanisevich, dijo que la investigación defectuosa termina en que “los errores ocurridos durante la gestión Gennuso los paga este intendente. Y ahora con el referéndum pasará lo mismo. Las consecuencias caerán sobre el próximo”.

Morales agregó que a partir del caso de la empleada de Fiscalización y de otros similares el gremio decidió impulsar cambios en la ordenanza de violencia de género en el ámbito laboral, para que las actuaciones disciplinarias sean más ágiles. “Pedimos un procedimiento sumarísimo y la intervención de la Junta de Disciplina para los empleados de planta. Y cuando es con funcionarios que intervenga una comisión del Concejo, con participación del gremio”, afirmó.

El Soyem también promueve otros cambios para asegurar “el acompañamiento a la víctima”, que estuvo ausente en este caso. Según Morales, los casos de maltrato laboral y de género se repiten en el municipio, ya ocurrían durante la gestión Gennuso “y casi se duplicaron en la actual”.