Dirigentes de organizaciones sociales de Neuquén seguirán imputados por extorsión con la causa archivada

Un grupo de dirigentes de organizaciones sociales seguirán imputados en una causa por presunta extorsión que está archivada sin formulación de cargos, porque el juez Juan Guaita rechazó el pedido de sobreseimiento. El fallo del magistrado conocido este martes está en línea con el pedido de la fiscalía y de la fiscalía de Estado, que hizo la denuncia.

Guaita rechazó el pedido que los imputados formularon a través de sus defensores con un argumento procesal: «al no haber formulación de cargos no existe una descripción de los hechos, menos una calificación, me pregunto sobre qué voy a sobreseer», expresó en su resolución.

Los defensores Federico Egea, Mariano Pedrero, Fernando Diez y Marcos Pastorutti citaron dos casos en los que la fiscalía consintió el sobreseimiento de imputados sin formulación de cargos, pero Guaita marcó una diferencia: en uno de ellos el ministerio público no se opuso al pedido de la defensa, y en el otro la denunciante demostró desinterés por continuar la investigación. Ninguno de los dos supuestos ocurre en este caso.

La imagen pública

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Los abogados también dijeron que al mantenerlos bajo un estado de sospecha permanente, los dirigentes sociales sufren un daño en su imagen pública. La respuesta de Guaita fue: «Lamentablemente en pos de la tutela efectiva, las facultades de investigación del Ministerio Público Fiscal, aparentemente el titular de la acción penal estaría dentro de un actuar lícito. De registrarse una situación que menoscabe la integridad de los defendidos, deberán recurrir a acciones civiles o las que consideren».

A otro planteo, relacionado con el tiempo que pueden llegar a estar sometidos a proceso -la causa puede estar en archivo sin plazos- el juez señaló que «es hipótetico, estoy resolviendo hoy a menos de un año de la denuncia».

Como informó diario RÍO NEGRO, este caso comenzó el 13 de mayo del 2024 con una denuncia de la fiscalía de Estado por diversos delitos que habrían cometido dirigentes de organizaciones sociales. En julio la fiscalía de Delitos Económicos realizó 14 allanamientos simultáneos con gran repercusión pública en la que hubo detenidos, en su mayoría mujeres.

La fiscalía a cargo de Pablo Vignaroli y Juan Narváez dividió los legajos: por un lado investigó una supuesta defraudación multimillonaria, y por el otro una presunta extorsión a militantes sociales. El primero de los casos tuvo su formulación de cargos pero el segundo fue archivado en febrero por falta de pruebas para continuar. Según la defensa, no registra movimientos desde diciembre del 2024.

La supuesta maniobra consistía en extorsionar a los militantes con quitarles beneficios -subsidios o bolsones de comida- si no asistían a movilizaciones o si no entregaban parte del dinero recibido.

Por esa acusación siguen imputados -porque el archivo no les quita esa condición- Gladys Ester Aballay; Graciela Ester Leuno; Romina Soledad Pacheco; Vanesa Vanina Zava; Darío Sebastián Holtz; Diego Augusto Mauro; Sonia Elizabeth Barrios; Lilian Larroza Velázquez; Ana María Montoya; Araceli López y Claudia Ruminot.