El debate por las dos tasas judiciales de Río Negro que cobran el gremio y los Colegios
“Hay que terminar con los dos kioscos”, lanzó el legislador Acevedo (ARI). El proyecto aprobado el jueves solo elimina el aporte al sindicato, pero se planteó el análisis por los pagos a las entidades de los abogados. Los montos, los antecedentes y las defensas.
El gremio y el colegio de abogados de la circunscripción perciben por los juicios patrimoniales. Foto: Marcelo Ochoa.
El pago de tasas judiciales en expedientes de juicios patrimoniales en favor del gremio y, también, de los Colegios de Abogados generó un importante debate en la Legislatura.
La discusión se concentra en las transferencias o depósitos bancarios que surgen del legislado 2 por mil que se deben abonar a esas organizaciones por parte de quienes inician juicios contenciosos y voluntarios”. Ese porcentaje se calcula del monto reclamado o, en todo caso, existe un pago mínimo (10% del valor judicial JUS).
“Hay que terminar con esos dos kioscos”, sintetizó en el recinto el presidente del bloque ARI, Javier Acevedo.
Esas cargas impuestas están en discusión, aunque, en principio, la Legislatura avanzó con la quita del aporte al gremio Sitrajur, con su aprobación en primera vuelta, y existe un requerimiento -hoy minoritario- que la exclusión alcance también a los colegios de las cuatro jurisdicciones.
Salvo concesiones políticas, no existen razones sólidas que justifiquen esos costos en el servicio de justicia que se corresponden con asignaciones directas al sindicato y las entidades de los abogados privados.
Un misterio radica en los montos embolsados. Ocurre que no hay registros estatales por un simple motivo: esos fondos no ingresan a las arcas públicas porque los ciudadanos transfieren o depositan directamente en las cuentas del gremio o los colegios.
Sitrajur no aportó información en el Plenario legislativo, pero, según registros extraoficiales, su percepción anual rondaría los 100 millones, mientras que las cuatro organizaciones profesionales se dividen -según su jurisdicción- un monto equivalente por ese concepto.
El motivo de la contribución
La contribución al gremio se restituyó en el 2009, después que se había eliminado en 1998, tras 23 años de vigencia. Ese pago se prevé en el artículo 178 de la Ley Orgánica de la Justicia y la última inclusión tuvo respaldo unánime de la Legislatura. ¿El motivo? Se encuadró en la compensación del poder al gremio judicial que resistía la implementación del régimen jubilatorio que garantizó el 82% para jueces y funcionarios de la Justicia. La oposición sindical se relativizó con esa tasa prometida. Ambos expedientes se trataron en la misma sesión del 18 de septiembre de ese año.
En el nuevo debate, el STJ se desentendió y no opinó, bajo el argumento de una posible futura intervención judicial.
La legisladora libertaria Yolanda Mansilla (Primero Río Negro) es la autora del aprobado proyecto que elimina exclusivamente la parte del gremio pero, en el debate legislativo, aceptó “la discusión” por los pagos a los colegios, que es un reclamo de los legisladores del ARI y de los libertarios.
Previamente, Mansilla justifica la asignación a las entidades profesionales por funciones delegadas por el STJ, en referencia a la matriculación y control de la profesión. El oficialismo difícilmente acepte esa supresión.
El titular de Sitrajur, Marco Calarco anticipó que se seguirá con la defensa de la tasa para el gremio, pero también defiende las transferencias para las entidades de abogados.
La custodia de las asociaciones se centra en diferenciar la naturaleza jurídica y la vinculación no obligatoria del gremio, mientras que en los Colegios alcanza a personas públicas no estatales y tiene el ejercicio de prerrogativas y potestades del derecho público, mencionándose la administración de la matrícula y el control disciplinario sobre la misma. Esas funciones -agregan- “facilitan y habilitan el acceso a la justicia, mediante el único vehículo profesional habilitado para ello, esto es, el profesional de derecho”.
Sitrajur dará “batalla” y defiende el aporte
La conducción del gremio judicial seguirá con su resistencia. “Vamos a dar batalla en todos los frentes y trabajar en torcer la voluntad” planteada por la Legislatura, afirmó el secretario general de Sitrajur, Marco Calarco, en referencia a la aprobación en primera vuelta de la eliminación de la contribución.
Aclaró que la organización “siempre va a existir”, seguirá “la herramienta” y “no depende de una cuestión económica”, “más allá del ataque que significa al salario indirecto del trabajador judicial y la sociedad misma”. Informó que esos fondos sirven a la capacitación o van a compensar ciertas prestaciones.
Calificó que el oficialismo “está usando” a la legisladora autora Yolanda Mansilla (PRN) porque “está queriendo pescar algunos votos de derecha”.
Calarco defendió también la asignación a los Colegios y, en referencia al apartamiento del inicial proyecto aprobado, lo encuadró en que integran y “tienen votos en el Consejo de la Magistratura. Por eso, habrá alguno que debe favores políticos; entonces el oficialismo no cuestiona esa tasa”. Pero aclaró que esa contribución “no es cuestionable” para el gremio porque “es sumamente importante” que se mantengan esos pagos a los Colegios por el rol que cumplen.
El STJ prefirió no opinar
El STJ no quiso opinar cuando los legisladores enviaron el proyecto en consulta.
El máximo tribunal, que actualmente preside Cecilia Criado, se excusó con el habitual motivo de una potencial intervención judicial.
La respuesta recuerda la “función asignada al Poder Judicial en el control de constitucionalidad” y, por eso, se “es cauto al momento de emitir opinión en el proceso de formación y o modificación de ley”. Reafirma que “cualquier valoración” podría “significar un prejuzgamiento” y “el mencionado control de constitucionalidad debe ser prácticamente resguardado”.
Aun ese apartamiento, el STJ entiende que no es “desinterés de tomar conocimiento de aquellos proyectos que pudieran referirse a cuestiones judiciales”, sino que es “reparo prudencial”.
El pago de tasas judiciales en expedientes de juicios patrimoniales en favor del gremio y, también, de los Colegios de Abogados generó un importante debate en la Legislatura.
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