El daño invisible del consumo: aumentan los imputados que no comprenden su causa penal en Neuquén
Cada vez más personas llegan a los tribunales de Neuquén sin entender de qué se las acusa. Consumo, calle y abandono confluyen en un daño que el sistema penal enfrenta con las herramientas rústicas que tiene a mano. ¿Pacientes o imputados?
Los casos necesitan una respuesta integral y no del sistema penal, coinciden las fuentes consultadas. (Archivo)
Un cóctel de abandono familiar desde la cuna, analfabetismo, consumo de sustancias a partir de los 11 años y tres décadas en situación de calle colocaron a JMY (hoy de 39) al borde de la incapacidad procesal: un estado en el que una persona no puede comprender aquello que se le imputa, ni defenderse de manera adecuada, seguir el curso del proceso e instruir a sus abogados.
Jueces, fiscales y defensores de Neuquén consultados para esta nota coinciden en que cada vez más personas llegan al sistema penal en similares condiciones, y que el panorama solo tiende a empeorar. En el caso de JMY, si bien se dictaminó que está apto para afrontar el juicio, se ordenó que cumpla prisión preventiva bajo custodia policial en el área de Salud Mental del hospital Castro Rendón y reciba tratamiento.
Pero el sector transita su propia crisis: los profesionales realizaron esta semana manifestaciones públicas para visibilizar los problemas que atraviesan por falta de recursos. El hospital se negó a recibirlo, le dieron turno de preadmisión para tratamiento ambulatorio y JMY volvió a la celda de una comisaría. La pulseada escaló: ahora el juez volvió a ordenar la internación bajo apercibimiento de desobediencia a una orden judicial.
El último es el único
«No pienso para nada que el sistema penal sea la herramienta adecuada para tratar la situación de las personas con padecimientos mentales. Pero la realidad de esta ciudad para las personas en situación de calle, con bajos recursos, es que el último recurso termina siendo el único», dijo el juez Luis Giorgetti, quien dispuso la internación de JMY por 30 días.
Durante ese período, los profesionales de la salud deberán elaborar “un tratamiento integral para su salud”. En esa tarea también deberán intervenir la fiscalía y la defensa, “y obtener la respuesta que puedan del Estado. Si la respuesta no es la adecuada, veremos qué planteo hacen”, agregó el magistrado.
Primero pacientes, después imputados
«Desde lo penal yo podría conseguir la menor pena posible, pero él necesita otra solución, necesita un sistema de apoyo afuera», advirtió la defensora oficial Andrea Cornejo. «Tengo otros legajos muy parecidos al de JMY, y cada vez van a haber más. Hay que pensar en qué tipo de respuesta se brinda al imputado, a las víctimas y a la sociedad. Son primero pacientes, antes que imputados».
«El sistema penal pone de resalto un problema, genera una reacción rápida, pero no es una solución», señala el fiscal jefe Mauricio Zabala.
El hombre que cuida el escobillón
Según reconstruyeron dos psiquiatras, una psicóloga y una asistente social que lo entrevistaron, JMY nació en Allen (posiblemente el 26 de octubre de 1985, según consta en un viejo expediente de Río Negro). Por motivos que él mismo no puede explicar, nunca recibió contención familiar. Solo vio una vez a su madre y nunca a su padre. En las audiencias judiciales fue incapaz de dar sus nombres y, en algunas, ni siquiera pudo recordar su número de documento. La defensa pública le está tramitando el DNI y el certificado de discapacidad.
Pasó por varios hogares de internación en la región y en Buenos Aires. Se estima, a partir de su relato, que vive en situación de calle desde los 11 años. A esa edad comenzó a inhalar pegamento. También consumió o consume alcohol, marihuana, cocaína, pastillas y crack. «Está en situación de extrema marginalidad», describen quienes lo entrevistaron.
Duerme en el Parque Central o en una plaza. En un nicho de gas esconde una mochila, un colchón, y su pertenencia más preciada es un escobillón con el que barre la vereda de una panadería a cambio de pan.
Todas las acusaciones en su contra son por delitos contra la propiedad. La mayoría fueron tentativas: por su estado físico y mental, JMY no pudo consumar los hechos.
Condenado, reincidente
En 2017 fue condenado en Río Negro a seis meses de prisión. En 2023 recibió una condena a cinco meses de prisión efectiva en Neuquén por tentativa de robo, y fue declarado reincidente por primera vez.
Ya entonces, su defensor público —Alfredo Ferreyra— advirtió que tenía dificultades para comprender de qué se lo acusaba.
A la audiencia de formulación de cargos del 30 de agosto de 2023 llegó golpeado, apenas podía caminar y llevaba 48 horas sin comer. El juez dispuso su atención médica inmediata.
Leña, carbón, baterías
Ahora enfrenta una nueva acusación por 12 tentativas de hurto (a diferencia del robo, sin violencia ni fuerza sobre personas o cosas). ¿Qué intentó llevarse? Baterías de autos, leña, carbón, alambre, cobre, perfiles metálicos.
El fiscal jefe Zabala concede que «criminológicamente son hechos poco relevantes, pero hay que dar una respuesta. El dueño de la leñera no es un millonario, es un señor mayor. El robo por el que lo condenaron en 2023 lo cometió contra un matrimonio al que le vendía cobre. Es necesario dar una respuesta a las víctimas».
Su actual defensora, Andrea Cornejo, planteó que se encuentra en estado de incapacidad procesal.
«Ilusorio»
Luego de escuchar a los peritos, el juez concluyó que JMY puede afrontar el proceso. Aunque matizó:
«Para ser muy honesto, si no hay un debido trabajo de la defensa, es ilusorio pensar que en el marco de la audiencia la mayoría de las personas que transitan estas salas comprenden de qué se está hablando«.
Aquella condena a cinco meses de prisión efectiva en 2023 fue en un acuerdo pleno, es decir JMY se hizo responsable de la tentativa de robo. El defensor Ferreyra dijo en la audiencia: «se le explicó varias veces, minuciosamente. No entendía muy bien cómo su defensa técnica quería llegar a un arreglo. Fue incorporándolo y hoy tiene clara noción de aceptar responsabilidad y la condena».
El juez que lo condenó, Marco Lúpica Cristo, le preguntó si entendía lo que estaba pasando. «Sí», respondió JMY mecánicamente.
Cada vez más frecuente
Consultado por diario RÍO NEGRO, Giorgetti advirtió que “es una situación extendida, se da cada vez con mayor frecuencia: personas en situación de consumo que caen en situación de calle, o al revés: pierden la contención familiar, se deterioran y terminan cayendo en el consumo”.
Y concluyó: “Estos casos llegan a la justicia penal porque desde el Estado no se pudo ofrecer otra forma de contención. No es una situación deseable, pero sí posible. Lo ideal sería que no transiten por el proceso penal”.
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