Un exfiscal denuncia a una legisladora por seguir con su profesión y la acusa de incompatibilidad
El extitular de la Fiscalía Administrativa, Marcelo Ponzone fue a la Justicia contra la parlamentaria Picotti, del PRO. La acusa de seguir trabajando con su profesión de oftalmóloga. La respuesta de la acusada.
En los tribunales de Bariloche, el exfiscal de Investigaciones Administrativas, Marcelo Ponzone, presentó una denuncia penal en contra de la legisladora del PRO, Gabriela Picotti, por la aparente continuidad del ejercicio profesional cuando su pertenencia a la administración pública no se lo permite, según el texto de la Constitución provincial y la ley de Ética Pública.
La denuncia fue acompañada por una factura del Centro Quirúrgicos del Sur de Roca a su nombre por prestaciones médicas por 111.320 pesos, que en el renglón de “observaciones” indica “Oct. Bilateral con la dra. Picotti, Gabriela».
El artículo 127 de la CP menciona que el cargo de legislador es “incompatible” con el “ejercicio de profesión o empleo, con excepción de la docencia e investigación”.

Esos son los hechos planteados, con sus particularidades del momento actual. Ponzone fue fiscal de Investigaciones Administrativas en el período 2012-2018 y, actualmente, es un dirigente de La Libertad Avanza en Bariloche, incluso esa fuerza se encargó de difundir su denuncia penal.
Picotti es oftalmóloga y fue consultada por el Diario RIO NEGRO por esta presentación. La legisladora negó que actualmente realice prestaciones y, frente a la factura, no la reconoció y dijo que no podía hacerse cargo de una factura que no era suya.
La presentación judicial recuerda el caso del exlegislador Bartorelli, que fue imputado -hace unos diez años- por ocupar una banca y además facturar a la obra social provincial.
Explicó la continuidad en la lista de prestadores, aunque insistió en que eso no significa su actuación profesional. Argumentó la complejidad de su reinserción si se da de baja y, por eso, sigue en la nómina del Colegio.
Después, en un comunicado, Picotti ratificó no tener “ningún tipo de vínculo laboral, contractual ni económico con el Ipross, ni con ninguna otra obra social, consultorio, clínica o instituto de salud. Es absolutamente falso que haya trabajado o emitido facturación alguna durante el desempeño de mi función pública”.

En su denuncia, Ponzone agregó la factura del Centro Quirúrgico para acreditar el “pago por prestación médica” a Picotti del pasado lunes 13 de octubre y ratificó así que la “legisladora continúa ejerciendo funciones en el ámbito privado en su profesión de oftalmóloga”. Suma el link de la cartilla de profesionales activos donde aparece la parlamentaria y, además, especula que “sería prestadora” del Ipross, lo cual, dice, “agrava su incompatibilidad y genera un evidente conflicto de intereses”.
Indica que ese “vínculo con el Ipross implicaría la percepción de ingresos o beneficios indebidos de forma simultánea” a la “la tarea legislativa y un quebrantamiento claro de los principios de transparencia exigidos a los funcionarios públicos”.
Al final de la presentación, Ponzone recuerda y señala el antecedente del exlegislador peronista Luis Mario Bartorelli, que fue “condenado por circunstancias equivalentes”.
En ese caso, el médico roquense fue imputado por el delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público” por incompatibilidad y, además, porque era legislador y facturaba a la obra social provincial.
En los tribunales de Bariloche, el exfiscal de Investigaciones Administrativas, Marcelo Ponzone, presentó una denuncia penal en contra de la legisladora del PRO, Gabriela Picotti, por la aparente continuidad del ejercicio profesional cuando su pertenencia a la administración pública no se lo permite, según el texto de la Constitución provincial y la ley de Ética Pública.
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