Neuquén tiene un único municipio con bancas para representantes mapuches

La comisión municipal de El Huecú aprobó por ordenanza, el 2 de agosto de 2004, la modificación de su composición. A los cinco integrantes elegidos por voto popular sumó dos representantes de las comunidades mapuches sobre las que se erigió el pueblo: Mañke y Maripil. Desde hace 18 años la localidad es la única de la provincia de Neuquén que institucionalizó la participación indígena en la vida política. Los lonkos pueden opinar en las reuniones y votan cuando se trata un tema que los incube directamente.

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Este cambio se introdujo durante la administración de Rodolfo Canini, que estuvo al frente del municipio desde 1999 hasta 2007, en ese momento por el Movimiento para la Unidad Vecinal (MUV). La ordenanza se trabajó con las comunidades pero su apoyo no fue unánime: un concejal del MPN -Omar Encina- la rechazó.

En los fundamentos la norma plantea que tanto Mañke y Maripil se encuentran dentro del ejido municipal. Menciona que el artículo 75 inciso 17 de la Constitución nacional reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas y establece que debe garantizarse su participación en “la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten”. Tras la reforma de 2006 la Constitución provincial también incorporó este reconocimiento.

Cita además el convenio 169 de la OIT, ratificado por Argentina, que prevé la consulta a los pueblos indígenas y que compromete al Estado a crear los medios para que esa participación se ejerza “a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole, responsables de políticas y programas que les conciernen”.

Es por eso que la comisión municipal -que sería un equivalente a un concejo deliberante- resolvió que hasta tanto la provincia adecue su legislación y diseñe un mecanismo que garantice la participación indígena en la toma de decisiones políticas, El Huecú incorporará la representación de las comunidades con dos bancas. Si se produce este cambio, la ordenanza dejará de regir. Hasta ahora nunca se concretó tal adaptación, y de hecho Neuquén fue condenada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación por no hacerlo en el caso de Villa Pehuenia.

“Cuando llegué (al Huecú) había mucho racismo, las comunidades eran aisladas, marginadas, y eso se revirtió totalmente, hoy los lonkos son orgullosos de ser lonkos mapuches, ha favorecido la convivencia”, consideró Canini y recordó que la experiencia, inédita en esa época, fue valorada por el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel.

Fernando Maripil es el lonko de Mañke y por ende su representante en la comisión. Además es coordinador general del Consejo Zonal Picunche. Contó que uno de los impactos que tuvo la participación indígena en el gobierno comunal fue el cambio de nombre de la calle Roca que ahora se llama José Mañke Cayucal, la primera autoridad de la comunidad. Además del uso de la Wenufoye (bandera mapuche) en los espacios públicos, como oficinas y escuelas. Actualmente en la sede municipal no está.

“Le preguntamos porqué y nos dicen que porque no la consiguen, porque no están los recursos, me parece que no hay ganas de que la bandera mapuche esté ahí”, afirmó Maripil. Señaló que este es un proceso que generó resistencias, especialmente tras la salida de Canini.

“Hay un sector que está de acuerdo con la representación nuestra y hay otro sector de la población que dicen que nosotros vamos reclamando derechos y como que los vamos despojando a ellos. Hasta nos han dicho que nosotros nos queremos quedar con toda la tierra del pueblo y sacar a los habitantes de ahí, cuando nosotros reconocemos el derecho de la otra persona, pero el tema es tratar de convivir en ese espacio”, agregó el lonko. Hubo un intento por declarar inconstitucional la ordenanza que fracasó (ver aparte).

Sostuvo que uno de los cuestionamientos más fuertes fue que ellos no son elegidos por el sistema electoral. “La Constitución y el convenio 169 es claro donde dice que los Estados deben reconocer las autonomías de las comunidades y la representación política de las comunidades”, indicó.

Aclaró que están en las reuniones siempre, así sea un tema en el que no tienen voto igual firman su acompañamiento, o lo rechazan para dejar sentada su posición. Desde 2011 perciben una compensación, que es una remuneración menor a la del resto del cuerpo, por el trabajo que desempeñan.

Cada cuatro años, cuando las comunidades renuevan sus autoridades, eso puede modificar la representación en la comisión.

Para Maripil esta participación mejora la democracia ya que no es una consulta simbólica: “son escuchadas todas las voces, y no es un sector el que puede definir por todos».

El lonko Cristóbal Álvarez Lebiluan de la comunidad Maripil remarcó que estar en la banca les permite tener una incidencia efectiva. “Estos días de frío, en mi caso yo estoy en permanente contacto con el campo, soy también de una familia criancera, tengo la necesidad de primera mano con las cosas que van ocurriendo dentro de la comunidad y eso me permite hacer una comunicación directa o una solicitud directa que agiliza muchísimo”, enfatizó.

¿Se podría pensar en replicar esta iniciativa en otros órganos deliberativos municipales o incluso en la Legislatura? Maripil no lo descartó: “es un camino largo, es un proceso largo, pero también no es imposible hacerle llegar a la Legislatura esto de que en la provincia de Neuquén hay un pueblo preexistente al Estado, más donde se debaten las leyes que después tenemos que cumplir todos, mapuches y no mapuches”.

La ordenanza 227/04 que incorporó la representación indígena a la comisión municipal de El Huecú fue impugnada ante el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén (TSJ). Jorge Arias, con el patrocinio de Mario Ferrari y Roberto Rodríguez Bello quienes fueron luego consejeros de la magistratura, pidió que sea declarada inconstitucional y solicitó como medida cautelar la suspensión de su vigencia. Dijo que la norma afectaba “las instituciones republicanas” y “la igualdad ante la ley”.

Afirmó que había habido un exceso de facultades de parte de la comisión, que por ordenanza amplió el número de integrantes con una forma de selección distinta a la prevista por el sistema electoral “pues so pretexto de garantizar los derechos de las comunidades indígenas se atenta contra la democracia, quebrantando las instituciones de gobierno establecidas por la Constitución Provincial para los Municipios de tercera categoría”. Cuando se le corrió traslado a la fiscalía de Estado coincidió en ese punto.

El TSJ desestimó la cautelar el 1 de julio de 2015. Los vocales -Roberto Fernández, Eduardo Badano, Jorge Sommariva, Felipe Cia y Ricardo Kohon- respondieron: “atento al marcado cariz restrictivo con que deben ponderarse este tipo de peticiones precautorias, cuando se enderezan a la suspensión de la vigencia de normas emanadas de los órganos que ejercen las funciones del poder público, se impone el rechazo del requerimiento cautelar bajo análisis, dado que los argumentos actorales no alcanzan para enervar tal criterio.”

El 10 de octubre de 2006 el máximo tribunal provincial declaró la caducidad de la instancia, esto significa que se extinguió el proceso porque quien impulsaba la acción de inconstitucionalidad no realizó ningún acto por el cual manifestara su voluntad de continuar el trámite en el plazo legal.