El ministerio de Justicia destinará un edificio de la exESMA a fiscales federales en CABA
El inmueble, de más de 5.000 m², será utilizado en el marco de la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal. El cambio forma parte del plan de reformas impulsado por el presidente Javier Milei.
“Será utilizado para fortalecer la infraestructura judicial y contribuir de forma directa a la lucha contra la inseguridad”, indicó el Ministerio de Justicia de la Nación al anunciar que un edificio de más de 5.000 m², ubicado en la Ex-ESMA, se pondrá a disposición de los Fiscales Federales. La medida se enmarca en la implementación del Código Procesal Penal Federal, prevista para el 11 de agosto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El inmueble estaba previamente destinado a programas ideológicos y actividades político partidarias. Será reacondicionado para el uso del Ministerio Público Fiscal. La decisión responde al mandato presidencial de achicar el Estado. Busca reasignar recursos para una Justicia más eficaz, según el comunicado oficial.
La cartera que encabeza el ministro Mariano Cúneo Libarona destacó que esta decisión se enmarca en la política del gobierno nacional de eliminar gastos innecesarios y redireccionar los recursos existentes. El objetivo, subrayaron, es avanzar hacia una Justicia “rápida, eficaz y al servicio de los argentinos”.
Además, el Ministerio reafirmó su compromiso de brindar herramientas concretas a jueces y fiscales para que puedan avanzar en sus investigaciones y lograr condenas efectivas. El comunicado asegura que se trata de un paso más para enfrentar la inseguridad desde el fortalecimiento institucional.
De centro de memoria a sede judicial: el debate en torno a la Ex-ESMA
El uso del predio de la Ex-ESMA, donde funcionó un centro clandestino de detención durante la dictadura, ha estado tradicionalmente vinculado a políticas de memoria, verdad y justicia. El cambio de destino de uno de sus edificios podría generar debates sobre el sentido histórico y simbólico del luga
Si bien el comunicado oficial no hace mención a las implicancias históricas del sitio, la medida reabre discusiones sobre el uso de espacios públicos que tienen una fuerte carga memorial y que hasta ahora estaban ligados a programas culturales o de derechos humanos.
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