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El Poder Judicial de Río Negro fijó su presupuesto 2023, con un alza del 112%

Pidió 38.800 millones frente a 18.000 millones que usará este año. El STJ recuerda que los salarios concentran el 90% de sus pagos. 

El Poder Judicial presentó su presupuesto para el 2023, con un requerimiento de recursos de casi 38.800 millones de pesos.

Este número es la primera estimación de recursos que el Estado de Río Negro formaliza para el año próximo. Antes de concluir noviembre, el Ejecutivo elevará el proyecto general y se estima su tratamiento legislativo para mediados de diciembre.

Esa iniciativa incluirá la elevación planeada por la Justicia, que seguramente tendrá recortes. En principio, el Superior Tribunal de Justicia cumplió con sus estimaciones -según la acordada N° 33/2022- y prevé 38.736 millones de pesos.

Esa partida tiene propone distintas comparaciones. Por ejemplo, sus ejecuciones del 2022 estarán en unos 18.000 millones entonces el presupuesto fijado por el STJ representa un alza del 112% de lo que desembolsará este Poder durante este año. La variación es superior si se coteja con lo aprobado por la Legislatura, que fue de 13.809 millones.

Economía pidió a los ministerios que preparen estimaciones ajustadas al cálculo macroeconomía de la Nación, que refleja un 60% de inflación para el 2023. Esa solicitud también fue planteada al STJ aunque este cuerpo tuvo un análisis diferente. Por eso, se infiere que su previsión no será plenamente respetada.

En el Poder Judicial se plantea una lectura centrada que Personal es el componente central, superando el 90% de sus erogaciones. Así, proyecta que su masa de diciembre -con los aumentos pactados con Sitrajur- estará en unos 1.750 millones. Esa partida significa unos 22.750 millones anuales y concluye así con un pedido de 34.117 millones para los sueldos del 2023. Se concluye con una suba de casi 50%.

Un dato adicional: la ejecución salarial enero rondó los 850 millones y la última del 2022 -la de 1.750 millones– representará un alza del 105%. Esta evolución incluye los ingresos de personal, que es un debate puntual entre el STJ y el Ejecutivo.

Ese contrapunto se evidencia en la elevación. Se expresa que se realizaron “las previsiones atinentes a la cobertura de todas las vacantes de cargos de magistrados, funcionarios judiciales y de ley”, pero después el STJ comunica que “no dispondrá designaciones de personal de ninguna jerarquía, ni procederá a la implementación de nuevos organismos jurisdiccionales y/o del Ministerio Público creados por el Poder Legislativo, sin que se cuente” con la “asignación presupuestaria específica”.

En la composición de los 38.736 millones pretendidos, el área “Jurisdiccional” -juzgados y tribunales- figura con 18.241 millones (47%), el “Ministerio Público” con 12.341 millones (31,9%), los “organismos auxiliares” con 8.042 millones (20,8%) y el Consejo de la Magistratura completa con 110,9 millones (0,3%).


Previsiones de obras por 2.311 millones


El Poder Judicial contempla partidas para obras por 2.311 millones, concentrada en la “continuidad de la Ciudad Judicial de Cipolletti”, con unos 1.500 millones. La segunda asignación pertenece al inicio del complejo de El Bolsón (310 millones para el primer año).

El proyecto prevé también otras 16 construcciones. Una decena de ellas ya estuvieron en el presupuesto para el 2022. La nueva lista contempla la “refuncionalización” de los tribunales barilochenses, la “finalización del Complejo Judicial de Jacobacci”, la readecuación de dos inmuebles de Cipolletti, trabajos de “conectividad”, “tareas preliminares” para “la futura ciudad judicial de Bariloche” y el complejo de Choele Choel, como también, en otros, el inicio el de San Antonio.

También se mencionan las “refacciones en sedes de los Centros Judiciales de Mediación”, “la construcción del Juzgado de Paz en Huergo”, “reparaciones en sobretechos” de los tribunales de Viedma, refacciones en el inmueble del Consejo de la Magistratura.


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