En Río Negro proponen límites para el ingreso de exfuncionarios políticos en el Poder Judicial

El legislador José Luis Berros presentó un proyecto de Ley para modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial con el objetivo de limitar el ingreso de exfuncionarios políticos en cargos jerárquicos de la Justicia provincial.

El presidente del bloque Vamos con Todos propone que sólo puedan hacerlo «cinco años después de cesar en sus funciones» y para eso busca modificar el artículo 13 de la Ley K 5190, que «solo establece inhabilidades genéricas» con el objetivo de «fortalecer la independencia judicial, la transparencia institucional y la confianza ciudadana en el sistema de justicia, incorporando una restricción específica para exfuncionarios políticos».

Explicó que «hay que poner límites a la concentración de poder por parte del gobernador. La Justicia no puede ser, como muestran los aprietes o encubrimientos, según sea el caso, un apéndice del poder para condicionar a aquellos que piensan diferente al partido del gobierno».

Agregó que «la propuesta apunta a evitar la relación de ida y vuelta entre política y Justicia, donde un día están de un lado u otro del mostrador, según las necesidades del poder».

Berros establece «un plazo de enfriamiento de cinco años» para exfuncionarios políticos, ministros, legisladores y secretarios, entre otros; para que puedan accedan inmediatamente a la magistratura.

El parlamentario puso como ejemplo que «el exsecretario político del bloque legislativo del partido de gobierno, Sergio Ceci, pasó a ser juez del Superior Tribunal sin más trámite que su afinidad con Weretilneck».

En ese sentido puntualizó que «estoy seguro que no va a fallar ni revisar los casos de corrupción del gobierno provincial, puesto que hasta hace nada era parte del mismo» y «tenemos el caso del exlegislador Nicolás Rochas, que también consiguió un cargo en la Justicia tras rendirse a los pies del gobernador».

Para Berros «existen infinidad de casos» y denunció que la Justicia está «muy desprestigiada» y con una «actitud cómplice debido a la connivencia entre un poder y otro».

«Con la propuesta que estamos haciendo intentamos limitar que el gobernador se siga entrometiendo y manejando a control remoto a jueces y fiscales», concluyó.