Estafa con planes sociales en Neuquén: la fiscalía pedirá prisión para los condenados

Los 12 condenados por la estafa con planes sociales en Neuquén afrontarán desde este martes la segunda etapa del juicio oral, en la que se determinarán las penas que deberán cumplir por haber participado de la maniobra. La fiscalía anticipó que pedirá prisión efectiva para los principales acusados.

Los jueces serán otra vez Juan Kees, Luciano Hermosilla y Juan Guaita, quienes condujeron las más de 30 audiencias que marcaron un récord en la historia judicial de la provincia.

La acusación estará a cargo de los fiscales Pablo Vignaroli y Juan Narváez, y de Gustavo Kohon como querellante por la fiscalía de Estado.

Administración fraudulenta agravada

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Como se sabe, el Tribunal no hizo lugar a la figura de asociación ilícita y el encuadre fue «administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública».

Los condenados como coautores fueron Orlando Abel Di Luca, Tomás Siegenthaler, Ricardo Nicolás Soiza, Luis María Gallo, Laura Carolina Reznik Mastronardi, Julieta Mariana Oviedo y Néstor Pablo Sánz.

Como partícipes primarios, en tanto, fueron declarados responsables Valeria Noemí Honorio, Isabel Natalia Montoya, Marcos Ariel Osuna, Emanuel Rodolfo Victoria Contreras y Alfredo Cury.

Las defensas estarán a cargo de los abogados particulares Pablo Gutiérrez, Gonzalo Rodríguez, Fabián Flores, Carlos Fernández, Alfredo Cury y por la defensa pública Laura Giuliani, Carolina Johansen y Juan Pablo Piombo.

Atenuantes y agravantes

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Para cada delito el Código Penal fija un mínimo y un máximo de pena. La graduación depende de atenuantes y agravantes. Eso es lo que se discutirá a partir de este martes.

Por ejemplo, un agravante es «la extensión del daño causado». Para demostrar ese extremo, la fiscalía presentará el testimonio de Vanina Barrionuevo, subcontadora de la Contaduría General de la Provincia de Neuquén.

«Hubo afectación a derechos de personas vulnerables. Barrionuevo explicará de qué manera los fondos que mes a mes eran expropiados y derivados tenían que ver con el deber institucional del Estado de dar asistencia social», explicó Kohon.

Inconsistencias patrimoniales

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Por otra parte, la fiscalía varió su estrategia respecto de las inconsistencias patrimoniales de los imputados. Sobre ese tema declararán las encargadas de la pericia contable, Agustina Martínez y Melisa Benítez, quienes participaron de la anterior etapa del juicio.

Al principio quería demostrar que Sánz, Montoya y Honorio se habrían beneficiado económicamente con la maniobra, compraron terrenos, vehículos y montaron un centro de estética. Pero los jueces remarcaron en la sentencia que no se demostró que se quedaron con el dinero de la estafa. Por el contrario, los más de mil millones de pesos se destinaron a financiar actividades políticas del Movimiento Popular Neuquino.

Por eso en las últimas audiencias el fiscal jefe Vignaroli anunció una nueva línea argumentativa: si tenían dinero para esas inversiones, no tenían necesidad de delinquir.

Los viajes al exterior

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Lo mismo con los viajes al exterior de Siegenthaler y Cury. El acusador explicó que citó a declarar a personal de Migraciones porque quiere probar esas salidas del país.

«Hay que analizar lo que motivó a una persona a delinquir. Desde ese punto de vista, realizar viajes al exterior con frecuencia demuestra tener determinado nivel económico que no lo justificaban para delinquir. No postulamos que viajó con dinero malhabido», aclaró.

Los antecedentes personales

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Como ya informó este medio, también se presentarán en el juicio policías que intervinieron en una vieja denuncia de Ricardo Soiza -condenado en esta causa- contra Isabel Montoya y el fallecido piquetero Héctor «Zapallito» Molina.

El fiscal jefe dijo que ambos eran pareja, algo que durante el juicio fue negado por la mujer. En 2016 los acusaron de irrumpir de manera violenta en una entrega de cheques a subsidiados en un club de Centenario. Montoya recibió una suspensión de juicio a prueba, que no es equivalente a una condena.

«Queremos acreditar que ya desde esa época era una persona involucrada en situaciones relacionadas con planes sociales, así como las conductas que desplegaba, de pedir por la fuerza», explicó.