Estafa con planes sociales en Neuquén: las defensas intentaron derribar la pericia contable de la fiscalía

El defensor Pablo Gutiérrez le pidió unos minutos al tribunal antes de continuar con el interrogatorio. Se paró. Cruzó la puerta estilo vaivén, que separa al público del juicio, y ahí nomás lo tomó del brazo el fiscal Juan Manuel Narváez. No trató de suavizarlo, ni disimularlo:

-Decile que la voy a denunciar, es tu testigo.

El contraexamen es la oportunidad que tienen las partes para exponer contradicciones y cuestionar la credibilidad de la prueba. En el juicio por la estafa con planes sociales, las defensas intentaron ayer derribar la pericia que hicieron las contadoras Melisa Benítez Jaccod y Agustina Martínez del equipo de la fiscalía de Delitos Económicos, dando a entender que su enfoque era parcial y arbitrario, ya que habían estado involucradas en la investigación al punto de participar cuando se tomaron declaraciones.

Este informe de 250 páginas es parte de la prueba admitida y ambas profesionales se encargaron de presentarlo por separado.

Ayer era el turno de que Jaccod respondiera a las consultas de las defensas. Su imposibilidad de contestar por sí o por no, como se le pedía, hizo muy difícil el interrogatorio. Usó todas las oportunidades que tuvo a mano para ampliar o sumar comentarios.

El propio presidente del tribunal, Juan Manuel Kees, le solicitó que se ajuste a esta modalidad cuando escuchaba las preguntas. «Si son capciosas ¿qué hago?», le manifestó la contadora.

Uno de los puntos críticos fue que para la exposición en el juicio la testigo había seleccionado evidencia que no consignó en el informe. Por ejemplo, colocó una captura del Sicopro (Sistema Contable Provincial) en dónde «a simple vista» se veían los beneficiarios, acreditaciones y cheques. Su compañera el día anterior había dicho que para llegar a esa información había que colocar algunos filtros.

Gutiérrez, que defiende al «Grupo Anaya» donde funcionaba el ministerio de Desarrollo Social, logró mostrar que efectivamente se necesitaba de un camino hasta llegar a esos datos.

El cruce más fuerte ocurrió cuando el defensor le preguntó si le constaba que Julieta Oviedo, una de sus asistidas y exdirectora de Tesorería del ministerio, contaba con más información al momento de una rendición. «Está mal formulada la pregunta, no sé a qué apunta», afirmó Jaccod. El que se impacientó fue Kees que le advirtió que no le correspondía a ella interpretar el fin de la consulta, sino responderla.

Pensión y cuota alimentaria

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El defensor y acusado, Alfredo Cury, quiso inquietar a la testigo y le señaló que él la había denunciado ante el Colegio de Contadores. «No me llegó la notificación», aseguró Jaccod. Ante las consultas por las inconsistencias patrimoniales de Ricardo Soiza, exdirector de Planes Sociales e imputado como uno de los jefes de la asociación ilícita, enfatizó en que había basado su trabajo en la información declarada ante el ARCA (exAFIP).

Soiza, autorizado a tomar el micrófono, mencionó que iba a comunicarle al tribunal todo su patrimonio. «Lo escucharemos en ese momento», agregó Kees.

Carolina Johansen, defensora pública de Valeria Honorio y Fernando Cardozo Regidor acusados de cobrar cheques de beneficiarios de planes, también sembró dudas sobre la selección de información que hizo la contadora a la hora de armar su presentación en el juicio, y lo que redactó en el informe. La testigo planteó que todo ese cúmulo de datos había sido valorado y que no se trataba de una «omisión deliberada».

En cuanto al desfasaje patrimonial de Néstor Sánz (otro de los imputados como «cabeza» de la banda) e Isabel Montoya, la testigo subrayó que los evaluó de forma conjunta por que son una pareja. La defensora pública Laura Giuliani indicó que el lugar donde funcionaba el centro de estética de la acusada no era de su propiedad, sino que tenía un contrato de comodato, y sostuvo que cobraba una pensión por sus dos hijos adolescentes, además de las cuotas alimentarias.

La testigo admitió que no consideró esa información por que la desconocía, pero que era muy probable que no llegara a cubrir los 11 millones de pesos, que es lo que según su pericia, el matrimonio no puede justificar.

Jaccod insistió que si Montoya tenía una remuneración por actividades informales no lo podía saber, y que su análisis se limitaba a la facturación e ingresos declarados en ARCA. Aclaró que el resto de imputados e imputadas no tienen inconsistencias en sus patrimonios.