Estafa con planes sociales en Neuquén: «Se trabajaba mal, se omitía la ley», el testimonio revelador de una exfuncionaria

Una exfuncionaria del Ministerio de Desarrollo Social revolucionó el juicio contra 14 imputados en la presunta estafa cometida con planes sociales entre 2020 y 2022. Se trata de Griselda Cittadini, quien declaró en la audiencia de este martes y reveló que los expedientes para justificar los pagos se armaban meses después, por eso «no tienen coherencia ni correlatividad». Para completar la apariencia de legalidad, un auditor que figura entre los acusados era quien aportaba el visto bueno.

Cittadini era la testigo que más les preocupaba a los defensores, a tal punto que este martes a la mañana se vio en la sala a algunos abogados que no habían asistido a ninguna de las 16 audiencias previas. Fue el caso de Ricardo Mendaña, quien se sumó al equipo que asiste a Tomás Siegenthaler, Julieta Oviedo y Laura Reznik: hacia estos tres apuntó en particular la declaración de Cittadini.

Además de revelar irregularidades en la tramitación de los subsidios, la exfuncionaria -que hoy ocupa un puesto en el ministerio de Trabajo- dijo que en Desarrollo Social «se adulteraban facturas» destinadas al pago de contrataciones.

La maniobra según la fiscalía

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Para comprender el alcance de sus declaraciones, se debe tener en cuenta cuál es la teoría del caso de la fiscalía. El fiscal jefe Pablo Vignaroli y el fiscal del caso Juan Narváez han señalado que la organización delictiva solicitaba al Tesoro provincial un monto mensual para subsidios, pero nunca informaba el número de beneficiarios.

La acusación señala que precisamente el número de beneficiarios y el dinero que recibía cada uno era manipulado para cometer la defraudación. Después se «dibujaba» el expediente respectivo, que se completaba hasta tres meses después de efectuados los pagos. Un auditor de la Contaduría general, que era parte de la banda (aunque por razones de salud no lo están juzgando), le daba un viso de legalidad a todos los movimientos.

Otra arrepentida

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Cittadini conoció todos esos movimientos desde adentro, a tal punto que en una época estuvo imputadas en la causa. Es un caso parecido al de las empleadas «arrepentidas» -las que iban a los cajeros a extraer el dinero depositado- pero en un nivel jerárquico superior.

Con amplia experiencia en los circuitos de la administración pública, en 2018 trabajó en el ministerio de Educación. Allí conoció a Tomás Siegenthaler y Laura Reznik, dos de los imputados en la estafa con planes sociales.

Según declaró en la audiencia de ayer, después de muchos años como planta política recién hace «pocos meses» pasó a planta permanente del Estado.

«La ministra no tenía poder de decisión»

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En la época que se juzga (2020/2022), Siegenthaler era Coordinador Provincial de Administración del Ministerio de Desarrollo Social. Tenía una oficina en la Casa de Gobierno y otra en Anaya y Planas. La testigo Cittadini dijo que «asumió el 10 de diciembre del 2019, a mí me dijo que lo convocó el gobernador Omar Gutiérrez».

A ella la nombraron directora general de Administración. La ministra de Desarrollo Social en esa época era Adriana Figueroa, pero según Cittadini «no tenía poder de decisión. Muchas veces me llamó por teléfono pidiéndome por favor que intercediera ante Tomás para tener un viático, porque era ministra y no tenía ni viáticos».

Por lo que describió la testigo, las decisiones al menos en cuanto a planes sociales las tomaban Abel Di Luca -subsecretario y luego ministro-, Siegenthaler y Ricardo Soiza.

El pago con cheques

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Dijo que lo primero que cuestionó fue que se libraran cheques por menos de 50.000 pesos. «Además no contenían la leyenda ‘no a la orden’, o sea que se pueden endosar, el titular del cheque lo da vuelta, lo firma y cualquier persona lo puede cobrar. Yo lo cuestioné, y me dijeron dijeron que era una metodología, que había que pagarlo, que la provincia se prendía fuego si no pagábamos, y había que hacerlo«.

Expresó su preocupación porque «los subsidios representaban 23 millones de pesos, y el presupuesto del ministerio eran 2.000 millones».

Omar, el de rulitos

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Respecto de los expedientes que se armaban para justificar el pago de los subsidios, Cittadini dijo que «los beneficiarios de planes sociales no están dentro de la nómina de proveedores del estado», de modo que por ley «esos expedientes se podían rendir meses después del pago. Tres meses después, mínimo».

Lo describió así: «Llegaba un colaborador de Soiza llamado Omar, de rulitos, a nuestra tesorería, se sentaba en una computadora que le prestaban, ahí armaba los listados, ensamblaba todo y lo mandaba al área de rendiciones para que se genere el descargo».

Sin coherencia ni correlatividad

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Agregó que «por eso en el expediente hay agregadas actuaciones de Soiza que no tienen fecha, las actuaciones del director provincial son previas al inicio del expediente, y el expediente no tiene coherencia ni correlatividad. Se trabajaba mal».

«Era bastante particular cómo estaba conformada esa administración de Desarrollo Social, lo conocés cuando entrás -declaró-, y tiene que ver con que la formación real contable que cada uno tenía no era vasta para poder desarrollar todas las tareas. Después entendés que no es un hecho aislado», reflexionó.