Estafa con planes sociales: la fiscalía anticipó que pedirá seis años de prisión efectiva para Soiza

El presidente del tribunal, Juan Manuel Kees, le pidió al fiscal Juan Narváez que precise si al finalizar el juicio de cesura solicitará penas de prisión efectiva para las 12 personas condenadas por la estafa con planes sociales en Neuquén, y si además iba a requerir decomiso de bienes o algún tipo de reparación económica. El funcionario lo confirmó y tuvo que anticipar la pretensión con respecto a uno de ellos. Dijo que a Ricardo Soiza se le debe imponer seis años, el máximo previsto.

Sin la presencia del fiscal jefe, Pablo Vignaroli, Narváez se dedicó desde las 8.45 hasta las 13.34 a contestar cada uno de los argumentos del defensor de Soiza, Alfredo Cury, también condenado en esta causa. Planteó, por ejemplo, desde que se le revoque la detención domiciliaria a su asistido y que ambos accedan a la suspensión del juicio a prueba, hasta poder publicar en su canal de YouTube un alegato.

El tribunal le rechazó todo al abogado, salvo subir el video si protege la identidad de testigos.

Recién entonces comenzó el debate para determinar la pena que recibirán de acuerdo a la calificación por la que fueron condenados: administración fraudulenta, agravada por haber sido cometida contra la administración pública. Muy lejos de la asociación ilícita, el delito por el que se los acusó, y que los jueces entendieron por unanimidad que no fue probado.

Pese a que ninguna de las partes está satisfecha con la sentencia -todas afirmaron que impugnarán- necesitan para eso culminar con esta parte del proceso.

Los jueces deben evaluar atenuantes y agravantes: la naturaleza de la acción, los medios empleados para ejecutarla, la extensión del daño, la participación que haya tomado esa persona en el hecho, la edad, si tiene antecedentes penales, entre otros aspectos.

En este caso la sentencia consideró que hubo una maniobra «delictiva sistemática y organizada en el ministerio de Desarrollo Social» de Neuquén, entre septiembre de 2020 y julio de 2022, durante la gestión del gobernador Omar Gutiérrez en la que los condenados se quedaban con parte del dinero destinado a subsidios por desempleo para «alimentar una estructura de clientelismo político» que desarrollaba el Movimiento Popular Neuquino con un «gravísimo perjuicio al erario público provincial». El monto histórico es de $153 millones y actualizado asciende a $1.147 millones.

«Lavarse un poco las culpas»

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Narváez aseguró que pedirá penas privativas de la libertad para las 12 personas condenadas. Su alegato fue escueto, lo que le valió el pedido de aclaración de Kees y luego el reproche de todas las defensas.

Inesperadamente el querellante, Gustavo Kohon, en representación de la fiscalía de Estado, no se limitó a adherir a los fundamentos de Narváez sino que brindó los propios.

«No sólo el delito causó un perjuicio patrimonial sino que se pusieron en peligro y se afectaron otros bienes e intereses jurídicos, y valores jurídicos. Se afectaron derechos humanos de personas vulnerables por su condición de desocupados«, remarcó.

Agregó que se utilizaron «los fondos públicos para montar un sistema clientelar político de un sector partidario» (nunca se refirió al MPN). Enfatizó en que la maniobra se desplegó durante la pandemia «donde había más necesidad de esta asistencia».

Uno de los abogados que se expresó fue Gonzalo Rodríguez, defensor del exministro de Desarrollo Social, Abel Di Luca. Manifestó que el exfuncionario es inocente y que en tal caso debe recibir una pena que no supere los tres años de ejecución condicional. Subrayó que en los 40 años que lleva en la administración pública nunca tuvo siquiera un “llamado de atención”.

Fabián Flores, defensor de Luis Gallo, exdirector de Finanzas, cuestionó que la fiscalía pidiera penas de prisión para todos “sin individualizar, ni anticipar si a uno le corresponde 4, 5 u otros 6”.

“Entiendo también la presión, si bien uno por ahí dice “bueno la fiscalía ya cumplió con su trabajo” al momento de realizar el juicio. También es cierto que esta causa, no lo van a desconocer, atraviesa la política en Neuquén y estamos desde que el gobernador cuando era recién electo decía “quiero a los responsables presos”. Luego del juicio, ya como gobernador, en el ejercicio de sus funciones dice “no me alcanza con esto” quería la asociación ilícita, “quiero gente presa” y un poco la fiscalía se hace eco de esto”, insistió.

El abogado Pablo Gutiérrez, quien defiende a Tomás Siegenthaler, Laura Reznik y Julieta Oviedo del «grupo Anaya», mencionó que le sorprendió que la fiscalía antes de escuchar la prueba establezca que todos los condenados merecen pena de prisión efectiva, sin distinción.

Sostuvo que en respuesta a lo que los acusadores «no hicieron» en el juicio de responsabilidad (para los jueces no se citó a declarar a referentes que aparecen en los listados como el diputado emepenista Claudio Domínguez) «ahora nos vienen a pedir condenas de efectivo cumplimiento para lavarse un poco las culpas».

El único planteo de Cury que el tribunal sí aceptó fue pedirle al fiscal qué indique la pena que pretendía para él y para Soiza. Narváez contestó: «no comparto que la fiscalía deba adelantar las sanciones penales que va a adoptar al final del juicio de cesura, porque no podemos decir que vamos a solicitar tal cantidad de años cuando todavía falta prueba por reproducir».

A regañadientes señaló que para Soiza iba a pedir la máxima de seis años y en cuanto a Cury una mayor a los tres años.

Mañana, a partir de las 8.30, empezará la ronda de testigos. Está previsto que haya audiencias hasta el lunes 1 de diciembre.