Explosión en la destilería NAO: pidieron suspensión de juicio a prueba para un imputado

El juez de Garantías, Diego Chavarría Ruiz, resolverá mañana si acepta la suspensión del juicio a prueba de uno de los seis imputados por la explosión de la destilería New American Oil S.A de Plaza Huincul. Familiares de Fernando Jara, Víctor Herrera y Gonzalo Molina, las tres víctimas del incendio, participaron esta mañana de la primera jornada del control de acusación.

Solo un imputado, el jefe de planta Guido Torti, asistió a la sala de la Oficina Judicial de Cutral Co. El resto lo siguió vía Zoom.

El magistrado rechazó la acusasión única de la querella que pidió el abogado Juan Coto, que asiste a cinco de los acusados. La sexta imputada es defendida por Diego Simonelli.

Las acusaciones

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El fiscal jefe Gastón Liotard abrió la ronda y pidió que el gerente general de la empresa, Rodrigo Germán Arias, llegue a juicio acusado por el delito de estrago culposo agravado, como autor.

Liotard detalló la serie de irregularidades de la destilería. Señaló que Arias conocía las deficiencias en la zona de tableros eléctricos, con tanques -el 205 que explotó y el 206 – que no tenían válvulas de escape obligatorias y contaba con un artesanal sistema contraincendios.

«Sabiendo que hubo un paro de planta y modificación de equipos, privilegió el volumen de venta a la seguridad pública», subrayó. El incendio y explosión del 22 de septiembre de 2022 derivó en la muerte de los operarios más la lesión del vigilador Juan Narambuena.

Coto, defensor de Arias, pidió la suspensión del juicio a prueba. Explicó que de ser hallado responsable, la pena «podría ser de ejecución condicional, es decir menor a tres años de prisión en suspenso».

Recordó como antecedente la causa de la explosión de la escuela de Aguada San Roque, donde uno de los imputados accedió a lo que comúnmente se conoce como probation: una persona acusada de un delito (no de cualquier tipo) evita el juicio si cumple con una sentencia en el que se le fijan determinadas condiciones, durante un período de tiempo.

En este caso Coto ofreció una serie de medidas: aporte económico para bomberos voluntarios de Plaza Huincul, mantener el domicilio, no abusar de alcohol ni drogas, entre otras.

Tanto la Fiscalía como las querellas -representadas por Lucas Dumigual, por la familia Jara y Gabriel Contrera, Laila Herrera y Germán Álvarez Gattoni por Herrera- rechazaron el planteo. Liotard especificó que, superada esta etapa pedirá un tribunal colegiado para ir a juicio oral. «No se aplica cuando existió conmoción pública y vaya si la hubo en Cutral Co y Plaza Huincul», fundamentó el fiscal jefe.

El juez dispuso un cuarto intermedio para resolver el planteo, por lo que este martes se conocerá su decisión.

El resto de los imputados

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«Un sinfín de irregularidades», fue la frase que sintetizó los planteos de los acusadores. Más el hecho de haber privilegiado la remuneración económica al cuidado del personal a cargo, de las y los imputados, según los roles.

Para el caso del jefe de planta, Guido Torti -acusado por estrago doloso agravado- y el único presente en la sala de audiencias, la fiscal del caso Ana Mathieu detalló que, a pesar de tener real conocimiento de las instalaciones, «le resultó indiferente la vida de operarios ante la remuneración económica».

Para Silvio Saibene, jefe de mantenimiento, se indicó que a pesar de estar «fuera de norma, permitió que funcionara» las instalaciones.

En cuanto a la licenciada en Seguridad e Higiene contratada por NAO, Gimena Brillo, se indicó que no tomó medidas, ni sugirió mejoras o las ejecutó hacia los trabajadores. «No realizó la recomendación de los peligros. Sobre el tanque 205 no tomó medidas adecuadas, porque no tenía inyección de espuma, sin manómetro, termómetro y omitió documentar todos los riesgos», dijo Liotard.

A Alfredo Eduardo Novaro, el auditor externo de NAO, el abogado Contrera le endilgó que «NAO tenía rol de incendio, cumplía con el material y equipos móviles, que hacía simulacros parciales y totales y había mantenimiento de red contra incendio», entre las falencias.

Describió que la auditoria fue presentada en junio de 2022 a la Secretaría de Energía y que sin ella no podía funcionar la destilería, con todas estas deficiencias. La explosión fue el 22 de septiembre de ese mismo año. Nueve meses antes se produjo un evento similar en origen aunque no en consecuencias.

«Incumplió sus tareas: viene por la figura de estrago doloso, agravado por el resultado muerte de tres operarios», concluyó.

De la técnica en Seguridad e Higiene, Natalia González, el abogado Dumigual indicó que no hay instructivos ni informes que se realizaron de un plan de mantenimiento, ni visualizó ni registró que no se cumplían las normas, o cómo se entraba a los tanques ni especificaciones.

«El único explosímetro que había lo tenía ella, pero no el personal», dijo el abogado. «Un sinfín de irregularidades«, por lo que mantuvo la imputación por estrago doloso agravado por el resultado muerte.

La causa tuvo un séptimo imputado: el jefe de planta Ángel Obreque, quien fue sobreseído en una audiencia que se concretó el viernes pasado. Es por esta razón que quedó fuera de esta instancia.

La exigencia de justicia

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Mientras en la sala 1 de la Oficina Judicial de Cutral Co se desarrollaba la audiencia, afuera del edificio y a pesar de la neblina, familiares y amigos de la tres víctimas aguardaron en silencio.

Solo cantaban consignas contra la empresa en los momentos es que se dispusieron los dos cuartos intermedio de esta primera jornada.