Internación involuntaria, cierre de hospitales y más: qué propone la Ley de Salud Mental que el Gobierno mandará al Congreso

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que se enviará al Congreso un proyecto de Ley de Salud Mental que plantea varios cambios a las normas vigentes en el país. Se trata de modificaciones que estarían en línea con las propuestas en la Ley Bases y que fueron eliminados durante las negociaciones con la oposición.

El texto estaría «guardado de momento» en el Ministerio de Salud a la espera de la opinión del Ministerio de Justicia. El Gobierno adelantó que se espera que la propuesta ingrese a Diputados este semana o «más tardar», la próxima.

Qué propone la Ley de Salud Mental que el Gobierno mandará al Congreso

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Fuentes de Ministerio de Salud de la Nación informaron que se busca actualizar el marco normativo del sistema con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta del sistema sanitario y «proteger a pacientes y terceros frente a situaciones que hoy no encuentran adecuado encuadre».

El fin es superar limitaciones actuales para el abordaje de casos de riesgo y emergencia, clarificando conceptos, criterios y adaptándolos a las necesidades asistenciales de cada jurisdicción. El relevamiento previo para la elaboración del proyecto incluyó aportes de familiares, pacientes, profesionales de salud mental y actores judiciales y legislativos.

Según lo expresado, uno de los principales problemas detectados es la falta de aplicación uniforme de la legislación actual en el país: solo 16 jurisdicciones adhirieron formalmente a la ley, 18 provincias cuentan con hospitales generales con servicios de salud mental y 20 disponen de camas de internación, lo que genera desigualdades en la atención.

Entre los cambios propuestos, el proyecto plantea reemplazar el término «padecimiento mental» por el concepto de «trastornos mentales o del comportamiento para lograr mayor precisión». También redefine el criterio de riesgo, focalizándolo en «situaciones de riesgo de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros», con evaluación del contexto y antecedentes para permitir intervenciones preventivas.

Sobre las internaciones, el texto propone mantener el carácter de recurso excepción, pero prevé que el médico psiquiatra pueda indicar las internación involuntaria en casos urgentes. Estos deberán ser ratificada por un equipo interdisciplinario en 24 horas, y el plazo de notificación judicial se extenderá de diez a veinticuatro horas.

En internaciones voluntarias: si el paciente pide el alta y se considera que su capacidad está afectada, la internación podrá pasar a ser involuntaria con notificación a la Justicia.

Por otra parte el proyecto reconoce que el cierre de hospitales psiquiátricos, como impulsa la ley vigente, no siempre resulta posible por limitaciones de infraestructura, personal y seguridad, ya que en la actualidad existen 30 instituciones públicas monovalentes y al menos 139 privadas. Ante esta situación, se propone fortalecer una red de atención en salud mental de distintos niveles de complejidad, incluyendo hospitales especializados, servicios en hospitales generales, dispositivos ambulatorios y residencias asistidas.

Finalmente se busca fortalecer los sistemas de información -en particular el RESAM (Registro Nacional de Personas Internadas por motivos de Salud Mental) y el REFES (Registro Federal de Establecimientos de Salud)- y ampliar la participación del Ministerio de Salud en el Órgano de Revisión, incorporando áreas técnicas como la Dirección Nacional de Salud Mental, Habilitación y Fiscalización y SEDRONAR, para una mejor supervisión del sistema.