Juicio por la bicisenda en Dina Huapi: «Cuando un funcionario trabaja, hay persecución política»

Comenzó el juicio por incumplimiento de los deberes en la función pública y malversación de caudales públicos que involucra al ex intendente Danilo Rojas y a su entonces secretario de Obras Públicas, Carlos Morazani.

«Soy inocente y tengo mi consciencia limpia. Se que las personas que trabajan conmigo también». De esta forma, el exintendente de Dina Huapi, Danilo Rojas, se defendió al inicio del juicio que se lleva adelante por incumplimiento de los deberes en la función pública y malversación de caudales públicos.

La acusación está vinculada a la segunda etapa de la obra de la bicisenda en Dina Huapi, entre abril y julio del 2015.

Al comienzo de la audiencia que comenzó pasadas las 9, el fiscal Guillermo Lista recordó que la denuncia a Rojas y a su entonces secretario de Obras Públicas, Carlos Morazani, correspondió al Tribunal de Contralor. «Incumplieron lo estipulado por la ordenanza de Dina Huapi que establecía un monto máximo de 92.000 pesos para la contratación directa. Los acusados, en cambio, dispusieron una subdivisión de la obra en tres etapas», señaló Lista. Detalló que Rojas firmó tres resoluciones, ordenando una contratación por 84.000 pesos en primer lugar, luego por 91.000 pesos y finalmente, por 78.000 pesos.

Lista recalcó que, además, «a través de otra resolución, Rojas y Morazani ordenaron la compra de materiales por 35.000 pesos argumentando que eran para la bicisenda. Pero ese material no fue usado para obra. Esos hierros fueron entregados a otro señor en concepto de pago por la construcción de una parrilla para el polideportivo».

El defensor Sebastián Arrondo insistió que «no hubo lesión al erario público». «La bicisenda es la obra pública que tenemos que investigar. Y hoy la disfrutan miles de vecinos de Dina Huapi. Es una obra que estuvo bien hecha y ejecutada».

El ex intendente Danilo Rojas pidió la palabra al inicio del juicio. Foto: Marcelo Martínez

Rojas pidió tomar la palabra durante el inicio del juicio. «No somos culpables de lo que se nos acusa. Se trabajó de acuerdo a lo que se podía, en beneficio del pueblo de Dina Huapi. Nunca se pensó en otra maniobra», aseguró.

Y agregó: «Trabajé en la comisión de Fomento de Dina Huapi ad honorem durante 17 años. Entré a la política para ver si podía cambiar algo. Pero cuando un funcionario trabaja, hay persecución política. Yo me siento de esa manera: perseguido políticamente. Lo que hicimos fue en beneficio de Dina Huapi».

A su turno, Morazani planteó que tiene 87 años, 20 años como residente en Dina Huapi y más de 70 años en la construcción de caminos y puentes. «No se puede acusar de peculado o desvío de fondos a quien dejó un buen pedazo de su vida. Es la primera vez que me siento en el banquillo de los acusados y hace siete años que estoy esperando que alguien me pregunte por qué hicimos las cosas».

El fiscal Guillermo Lista y el abogado querellante, Alejandro Pschunder. Foto: Marcelo Martínez

Insistió en la necesidad evaluar el contexto: «Las promesas eran difíciles de cumplimentar. Entonces, había que hacer concesiones. Era un contexto de elecciones y había una necesidad de hacer obras. El gobierno provincial me delegó la obra, me dio la plata y la orden y yo debía adaptarme«, cuestionó.

Aclaró que la compra de material se hizo por licitación y solo se subdividió la contratación de la mano de obra. «Hay un desconocimiento de la mecánica. La obra la hicimos contratando por licitación pública a una empresa que provee hormigón. Había seis oferentes ganó el mejor precio», planteó.


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