La asistencia extraordinaria de la Provincia al Ipross llega al 25% de sus recursos totales
Su aporte extraordinario anual está presupuestado en 3.000 millones y equivale al 16% de los ingresos. Pero, no será suficiente y requerirá de más fondos. La obra social se centra en el mejoramiento de los controles.
El funcionamiento de la obra social provincial, otra vez bajo la lupa. Foto: Marcelo Ochoa.
El desfinanciamiento del Ipross no es nuevo, ni exclusivo en el sistema médico público. Ya se enmarca en la situación general de las obras sociales. Pero, evidentemente, la irrupción pandémica profundizó su estructural déficit económico.
Actualmente, además de sus obligados aportes y contribuciones como «patronal» de sus empleados, el Estado provincial financia -adicionalmente- entre un 25% a 30% del funcionamiento de la obra social provincial, porque los ingresos totales no alcanzan.
Parte del auxilio está formalizado en el presupuesto y así para el 2022 se fijaron 3.000 millones de asistencia «extraordinaria», que equivale al 16% de los recursos del instituto.
Esa disponibilidad significa el tercer mayor ingreso, siguiendo a lo percibido por aportes y contribuciones de los estatales (53%) y las transferencias de la Anses por los jubilados (17%). Un 11% se integra con envíos de los municipios por sus empleados afiliados.
Del Estado provincial se prevé un auxilio adicional y, todavía, impreciso para este año porque saldrá del cierre y el déficit de las cuentas . Serán, según estiman, otros 1.500 a 2.000 millones, que se trasladarán mayormente al 2023, con forma de deuda flotante.
El desfasaje es evidente al cotejar que el organismo percibe en promedio algo menos de 6.400 pesos mensuales de afiliados obligatorios cuando el costo prestacional supera los 9.000 pesos.
En concreto, el Ipross percibe unos 2.600 pesos menos de un afiliado promedio -un 29%- de lo que debe abonar en sus prestaciones. Esa diferencia, tarde o temprano, tiene respuesta del Estado provincial.
Su reparación económica por los ingresos está casi vedada. Nadie abre la instancia de un aumento de los aportes que cumplen los estatales (que es del 4% de las sumas remunerativas).
La actual conducción, liderada por Alejandro Marenco, intenta una opción, con la implementación de un plan para «afiliados voluntarios» para participar del mercado de las prepagas, con valores promocionales (cuota base de 17.500 pesos), y la expectativa de afiliaciones que garanticen recursos adicionales. Sus resultados, todavía, están por verse.
Desestimada una revisión de los recursos, la Junta de Administración advierte -con razón- que la exploración recae indefectiblemente en la composición de las erogaciones.
Casi un tercio de los desembolsos se concentra en los medicamentos ambulatorios (farmacias). Pero, crece al 48% con los restantes suministros medicinales (crónicos, oncológicos, especiales). Esta concentración deriva en una dificultad para el instituto, a partir de las fuertes variaciones de costos, como también, limitada posibilidad de negociación.
Hace más de dos años, el organismo introdujo un cambio en las coberturas por farmacias y se estableció un límite de precio de sus productos, a partir de un costo medio fijado por los promedios de diferentes marcas. Un diseño válido, pero acumula quejas porque la tabla de valores del Ipross queda desactualizada enseguida por la inflación y entonces el porcentaje de cobertura se reduce, llegando a ubicarse entre el 30% y 35%. En el organismo se reconoce esa situación pero, por momento, demora la nueva resolución y deriva en un ajuste temporario de la prestación.
Persiste, además, el objetivo de reducir el vademécum de medicamentos, pues se asegura que el habilitado es demasiado amplio frente a los vigentes por sus pares o las prepagas.
La implementación de la aplicación incorporó un registro directo y control de las prestaciones, empezando por recetas electrónicas y consultas.
Las experiencias exponen diariamente la necesidad de mejoras en la fiscalización. La causa por estafa de farmacéuticos roquenses, durante seis años, es una prueba palpable.
Clara Busso, vocal gremial por Unter en la Junta, resalta la cobertura general del Ipross mientras acepta obligadas correcciones, desde avanzar en las informatizaciones pendientes en el instituto para mejorar el seguimiento y la consolidación del trabajo en las auditorías. Plantea la búsqueda de una «respuesta para todos» pero lo entiende con aplicación de «criterios de razonabilidad», que resalta con un repaso de innumerables casos detectados por la Junta de excepciones pedidas que, claramente, son excesos.
Menciona prescripciones de 600 barbijos mensuales o de 10 pañales diarios para algunos afiliados. No faltaron ejemplos de requeridas prótesis de nivel olímpico para pacientes comunes, ni los fallos judiciales que exigieron viajes al exterior.
En lo estructural, Busso plantea que se impone la «rediscusión de las políticas de salud» y, en esa línea, alienta que «el Estado debe constituirse en un regulador», destacando el descontrol de precios advertidos en la medicina y el impacto en el sistema público.
La estrechez de recursos del Ipross es evidente y, además, se acentúa cuando la Provincia dispone de subas salariales no remunerativas y, por eso, no se vuelcan al instituto. Esa variante de la masa salarial ya ronda el 50%.
O los plazos de las transferencias de los aportes y contribuciones no tienen la rigurosidad pretendida.
En el cierre del año, la deuda estará entre los 5.000 a 5.500 millones
El Ipross cerrará el año con un pasivo entre los 5.000 y 5.500 millones, a partir del arrastre de deudas estructurales y del déficit de la última coyuntura.
El monto definitivo y oficial es un registro poco conocido, como también, negado por la Provincia.
En mayo, la administración de Alejandro Marenco admitió que las obligaciones ascendían a unos 4.500 millones, a partir de un endeudamiento de 2.000 millones y el desborde posterior, con las exigencias de la pandemia.
Luego, esa información fue relativizada por el mismo gobierno, más ocupado en ignorar el tema que afrontarlo con modificaciones.
Un código para el control de las consultas de los médicos
En octubre, el Ipross ajustará la validación de las consultas de los médicos a los afiliados, lo cual, constituirá un control mayor al actual mecanismo.
Casi uno de cada cuatro pesos que desembolsa el instituto se corresponde con esa atención médica. Suman unos 300 millones mensuales.
Actualmente, el profesional carga la consulta en la APP del Ipross con el DNI del afiliado y, desde el 19 de octubre, será obligatorio que esa prestación sea convalidada con un token (código numérico y seguro de 6 dígitos ) que proporcionará la aplicación.
Ese cruzamiento permitirá una fiscalización inmediata y, además, proporcionará datos adicionales del número de consultas.
Actualmente, esa información es precaria por las demoras en la informatización del Ipross, como también, porque los convenios son por cápita y eso relativiza ese número de atenciones.
En Viedma, el instituto abona al Colegio Médico algo más de 13,5 millones mensuales por las consultas.
Esa entidad distribuye -según su escala de antigüedad y especialidad- aunque con un tope de unas 250 consultas por mes por profesional.
La vocal gubernamental, Silvia Laguardia afirmó que el médico solicitará el token para «convalidar que efectivamente la consulta se hizo. La idea es evitar que por error u omisión aparezca más de una consulta para un afiliado en el mismo día». El nuevo mecanismo -aclaró- no será necesario en los mayores de 60 años donde se mantendrá la aceptación con el número del DNI.
Laguardia prefirió hablar de «error u omisión», pero la vocal gremial, Clara Busso fue categórica en resaltar que el mecanismo permitirá un control de los profesionales que cargan consultas inexistentes. Su conocimiento indican de su existencia y, además, tuvo una experiencia directa.
«Estaba en el Ipross y la aplicación me indica la carga de una consulta de un médico de Viedma que nunca me atendió y, obviamente, no había realizado esa consulta. Así que obviamente formalice la denuncia».
El debate legislativo bien alejado de la problemática
La Legislatura tiene una comisión especifica de «Seguimiento del Ipross», con seis miembros (Graciela Valdebenito, Nancy Andaloro y Helena Herrera por JSRN; Pablo Barreno y María Eugenia Martini por FdT, y Juan Martín de JxC).
Pero, la misma no se reunió nunca en más de dos años, ni designó sus autoridades. En los últimos días, la bancada del Frente de Todos, que preside Martini, reclamó «por sexta vez» su convocatoria, recordando además de distintos «pedidos de informes y proyectos sin respuesta» y «detalló múltiples problemáticas» que «enfrentan los afiliados a la obra social».
Insistió en un llamado «urgente» porque «hay cuestiones de fondo que deben ser tratadas, como la cobertura de prestaciones, medicamentos, sistema de turnos, análisis de la situación financiera y económica».
Barreno advirtió de demoras en el pago de los reintegros. «Los afiliados pagan las prestaciones y recién varios meses después se reintegra parte de lo pagado», describió. Además, detalló que «se registran ajustes fuertes» en la cobertura de los medicamentos. «Se deberían cubrir al 50 por ciento» pero «apenas son cubiertos entre un 20 y un 26 por ciento», explica.
El Ipross modificó su criterio de la cobertura y limita el porcentaje a una tabla de precios (originada por los promedios de los medicamentos). Martini insiste que no hay respuestas a sus reclamos, ni convocatoria durante todo el período.
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