La estafa con tarjetas del BPN se realizó con subsidios para los desocupados en Neuquén

El ministro de Desarrollo Social rompió el silencio e informó que se le rescindió el contrato que tenían 6 personas que trabajaban en la administración de los planes para desempleados. Auditarán las tres áreas que manejan programas sociales.

El ministro de Desarrollo Social de Neuquén, Abel Di Luca, informó que se creó una comisión especial que hará una auditoría de los planes sociales, dijo que no iba a responder al pedido de renuncia que le formuló el dirigente de la lista Azul y Blanca del MPN, Guillermo Pereyra, y confirmó que a las personas que supuestamente están involucradas en la estaba con tarjetas del BPN se les rescindió el contrato.

Di Luca rompió el silencio que mantuvo hace tres semanas cuando se conoció que había personas de la cartera que administra que cobraban en nombre de otras planes sociales, mediante la extracción de dinero con tarjetas en el BPN, e hizo declaraciones a LU5.

Dijo que la investigación la hicieron entre el ministerio que conduce y las autoridades del BPN y aportaron información a la Justicia la que también les ha ido solicitando detalles. Se defendió al indicar que su cartera no administra las tarjetas en forma física sino que son entregadas por el BPN.

Reconoció que “hace un par de meses” le aportaron información a la Justicia y al banco aunque admitió que, en realidad, hay una sola persona que es la que hace la denuncia de no haber cobrado un programa “que todavía no sabemos si es nacional o provincial”. Después hay alrededor de 190 personas que serían las perjudicadas con esta maniobra.

En ese tren de defensa, informó que entre las medidas administrativas que se tomaron está la de “separar y dar de baja” a seis personas que fueron identificadas y que revestían en Desarrollo Social en calidad de contratados.

Un modus operandi, una auditoría y una renuncia

Apuntó que la semana pasada, en el allanamiento que ordenó la Fiscalía a las dependencias de la cartera provincial, se llevaron los legajos de las personas que habían sido separadas y la documentación de las 192 que fueron damnificadas.

Di Luca dijo que la información que tiene es que el modus operandi de estas personas era entrar al cajero con más de una tarjeta y sustraer dinero que luego, no se sabe, si entregaban a los titulares de las tarjetas.

Agregó que se inició una auditoría y “es sobre todos los programas provinciales para eso dictamos una resolución con el armado de un equipo para hacer una auditoría programa por programa”.

Describió que en Desarrollo Social hay tres sectores administrativos que manejan programas: el área de Familia que tiene a cargo los planes para la niñez, adolescencia y familia; el área de Subsidio Social Transitorio y el área de Desocupación.

Reveló que las seis personas que fueron separadas de su cargo revestían en el área de Desocupación.

En relación con el pedido de renuncia que le formuló Pereyra, Di Luca dijo que “como todos los ministros, cuando asumimos sabemos que esto es un cargo político y que tiene una fecha de inicio y una fecha de duración”. Agregó que su renuncia la tiene el gobernador a su disposición desde el primer día que asumió como ministro.

Fundamentó su silencio “por una cuestión de respeto” a fin de que avance la investigación y que se “pueda castigar a las personas que cometieron el ilícito”.


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