La fiscalía archivó la denuncia contra una exfuncionaria de Villa La Angostura por legítima defensa

La fiscalía de Villa La Angostura cerró la investigación contra una exfuncionaria municipal acusada de golpear a una joven, el 21 de enero de 2025, bajo el argumento de que actuó en legítima defensa.

La resolución fue dictada por el asistente letrado Jorge Ramiro Amaya.

De acuerdo a la descripción de los hechos una adolescente que se encontraba bajo custodia del Estado atravesó una crisis emocional luego de ser informada sobre su traslado compulsivo a un hogar de la ciudad de Neuquén.

Según el informe elaborado por la guardia de la dirección de Niñez, Adolescencia y Familia de la municipalidad de Villa la Angostura, la joven «incumplió en reiteradas oportunidades el acuerdo realizado con el equipo interviniente».

La entonces secretaria de Desarrollo Humano tomó la decisión de trasladarla a la ciudad sin su consentimiento. La adolescente la escupió y la funcionaria le respondió con una bofetada en el rostro.

El episodio quedó registrado por cámaras de seguridad y motivó la intervención policial y sanitaria.

La jueza de Familia local envió las actuaciones a la fiscalía para que investigue un presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Amaya consideró que la acción se encuentra encuadrada en la legítima defensa, «que consiste en la resistencia necesaria y racional de una agresión ilegítima, actual o inminente contra la propia persona, sin provocación suficiente por parte de quien se defiende».

«Esta agresión resulta ilegítima desde el momento en que resulta reaccionaria a una decisión adoptada por quien tenía competencia funcional para resolver en ese sentido«, afirmó. Planteó que no existió una conducta dirigida a provocar la ira de la chica «sino una decisión adoptada de acuerdo a aquello que la funcionaria entendió más adecuado a la situación que se le planteaba en ese momento determinado». También dijo que estaba acreditada la actualidad y la necesidad racional del medio empleado.

Enfatizó en qué: «una persona menor de edad puede desarrollar una agresión ilegítima y determinar con ello a otro para que se defienda de manera legítima».

«La moderación en la bofetada debe tenerse en cuenta al tiempo de analizar esa proporcionalidad. Y sobre este punto no es un dato menor, que la bofetada no provocó lesiones en el rostro de la joven», remarcó Amaya.

Sostuvo que no implica que la secretaria en otras circunstancias, «pudiera haber cometido delito, sino que de acuerdo con las circunstancias particulares de este caso, existe una causa de justificación para que el accionar típico de la funcionaria no traspase el tamiz de la antijuricidad».