La Justicia de Río Negro posterga las acusaciones por los certificados médicos truchos y pasa para fines de abril
La denuncia se formalizó en junio del 2024 por parte del gobierno provincial cuando se advirtió reiteradas y llamativas presentaciones por parte de profesionales. Son más de 120 imputados.
La médica roquense facilitaba certificados y habrían existido pagos por esos servicios. Foto: Marcelo Ochoa.
La Justicia preveía acusar finalmente el próximo lunes 16 de marzo a los responsables de la confección y de la utilización de certificados médicos truchos en el Estado provincial. Pero la audiencia fue postergada por pedido de la Defensoría y la nueva fecha fue fijada para el 28 de abril.
En junio del 2024, el gobierno provincial denunció a dos médicos por sus innumerables y sospechosas certificaciones médicas presentadas por agentes públicos para sus licencias y que suponía apócrifas por pruebas recopiladas.
En esta instancia, la Justicia formalizará las imputaciones a la profesional y su colaborador, pero también a casi 120 estatales de la Provincia -mayormente, policías o penitenciarios— por la adquisición y el uso de documentos falsos.
La calificación de los delitos se encuadrará en fraude a la administración pública y uso de documentación falsa, concentrados en los empleados que entregaron esos certificados para justificar sus ausencias en el Estado, mientras que la médica y el gestor serán imputados como partícipes necesarios.
Monto del trámite
- $ 5.000
- Monto requerido -en junio del 2024- para la tramitación de un certificado médico para una licencia.
La audiencia de formulación de cargos, que estará a cargo de Adrián Dvorzak, se programó para el auditorio mayor en los tribunales viedmenses, considerando el inédito número de convocados.
La denuncia original se formalizó con un fuerte impulso político. Se presentaron con las firmas del gobernador Alberto Weretilneck; del fiscal de Estado, Gastón Pérez Estevan; y su adjunto, Luciano Minetti Kern.
La intervención fiscal derivó en allanamientos a consultorios y domicilios, puntualmente a una médica de Roca y un psiquiatra de Villa Regina, con el retiro de documentación, de celulares y de computadoras.
La investigación avanzó en la operatoria, logrando constatar depósitos o transferencias de los agentes públicos -con suma de 5.000 pesos por certificados- en favor de la pareja de la médica (un penitenciario, que actuaba de gestor) y, simultáneamente, los estatales lograron certificados médicos para la obtención de una licencia por enfermedad del trabajo o por atención familiar. Esas documentaciones presentan la firma de la profesional de Roca.
Por su parte, el proceso del caso del psiquiatra reginense no llegó a la instancia de acusación porque sus certificaciones emitidas habían logrado la ratificación por parte de la Junta Médica. Esta validación debilitó las acusaciones y, por eso, no prosperaron.
Autores del delito: la médica y su pareja. En la acusación como partícipes necesarios figuran 90 policías, 28 penitenciarios, cinco docentes y seis agentes del municipio de Roca.
El expediente de la audiencia del 28 de abril se concentra en los trámites de la médica roquense. Además, la nómina estatal se concentra en policías y penitenciarios, pero con algunos docentes y empleados del municipio de Roca.
La presentación penal se cumplió con un equipo, liderado por Juan Pedro Peralta, conjuntamente con la fiscal Mariana Giammona, y los adjuntos Francisco Marano y Candelaria Molineux.
El volumen de implicados exigió un operativo especial para las notificaciones: la Justicia trasladó esa carga a los organismos donde revistan los acusados.
La presentación penal del gobierno constituyó una estrategia de cuestionamientos al nivel de licencias médicas formalizadas por los estatales rionegrinos. En esa ocasión, el gobernador también adelantó que existirían otras denuncias por excesos y aludió a una veintena de profesionales detectados, pero luego no existieron más presentaciones.
La Función Pública había detectado profesionales con recurrentes y reiterados certificados, pero, evidentemente, la Fiscalía de Estado entendió que la documentación y los datos no eran suficientes para su elevación a la Justicia.
La Justicia preveía acusar finalmente el próximo lunes 16 de marzo a los responsables de la confección y de la utilización de certificados médicos truchos en el Estado provincial. Pero la audiencia fue postergada por pedido de la Defensoría y la nueva fecha fue fijada para el 28 de abril.
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