La Justicia revisará la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner: este lunes será la audiencia clave
La Cámara Federal de Casación Penal evaluará si la expresidenta debe cumplir su condena en prisión común o continuar en su domicilio.
Cristina Kirchner apuntó contra Javier Milei.
Cristina Fernández de Kirchner vuelve a estar en el centro de una definición judicial trascendental. Este lunes, la Cámara Federal de Casación Penal celebrará una audiencia clave para revisar las condiciones de la prisión domiciliaria que cumple la expresidenta en su departamento de la calle San José, en el barrio porteño de Monserrat. El tribunal deberá evaluar los planteos de la Fiscalía, que insiste en que cumpla su condena en una cárcel, y los de la defensa, que pide eliminar la tobillera electrónica y levantar las restricciones en el régimen de visitas.
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La cita será a las 12 del mediodía en el primer piso de los tribunales de Comodoro Py, ante los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, los mismos que en noviembre pasado confirmaron la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua por administración fraudulenta en la causa «Vialidad». En esa oportunidad, Hornos incluso votó por agravar la pena, según informó el medio Infobae.
La audiencia se convierte así en un segundo capítulo en torno a la ejecución de la sentencia. El Tribunal Oral Federal 2 había otorgado el 17 de junio la prisión domiciliaria a la expresidenta, luego de que la Corte Suprema dejara firme la condena. Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso fundamentaron su decisión en la edad de Cristina Kirchner —72 años— y en razones de seguridad, especialmente tras el intento de asesinato que sufrió en 2022.
En su fallo, el tribunal dispuso que la exmandataria permanezca en su domicilio con una tobillera electrónica, se abstenga de generar disturbios en el vecindario y cumpla con un régimen de visitas limitado. Si bien puede recibir sin autorización a familiares, médicos, abogados y custodios, cualquier otra persona debe pedir permiso judicial, como sucedió la semana pasada con la visita del presidente de Brasil, Lula da Silva.
Fiscales y defensa presentaron apelaciones cruzadas sobre la modalidad de cumplimiento de la pena
Sin embargo, tanto la defensa como la Fiscalía apelaron distintos aspectos de esa resolución. Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola insistieron en que «jamás existieron motivos reales» para no aplicar la regla general del Código Penal: que las penas de prisión se cumplan en establecimientos penitenciarios. Incluso señalaron que el ministerio de Seguridad había ofrecido alternativas de detención que garantizaban la integridad de la expresidenta, y cuestionaron que el Tribunal no las haya valorado.
También solicitaron, en caso de que se mantenga la prisión domiciliaria, que no se cumpla en el domicilio actual. Argumentaron que el lugar representa un riesgo para la propia Cristina Kirchner y una fuente constante de conflictos con los vecinos. Citaron manifestaciones, problemas con servicios esenciales y denuncias por ruidos molestos. Plantearon que, de mantenerse la detención en su casa, debe fijarse otro sitio que mitigue los riesgos.
Por su parte, la defensa de la expresidenta, a cargo de los abogados Alberto Beraldi y Ary Llernovoy, impugnó el uso de la tobillera electrónica por considerarlo un «castigo adicional» con fuerte carga simbólica. Recordaron que Cristina Kirchner siempre estuvo a derecho, que regresó de cada viaje autorizado y que es una figura pública custodiada por la Policía Federal, por lo que no existe riesgo de fuga. Incluso incorporaron un informe de expertos internacionales que desaconsejan el uso del dispositivo en su caso, y pidieron que dos de esos especialistas sean citados en la audiencia.
Sostienen que las condiciones impuestas a Cristina Kirchner exceden lo habitual en casos similares
Respecto del régimen de visitas, la defensa cuestionó que existan restricciones que obliguen a pedir autorización judicial para ciertas personas. Señalaron que esa pauta no se aplica en otras prisiones domiciliarias y que los jueces no explicaron por qué lo hicieron en este caso.
La audiencia será encabezada por el fiscal de Casación Mario Villar, quien tiene previsto exponer oralmente y presentar un escrito. Su postura será clave, ya que debe decidir si mantiene el pedido de sus colegas Luciani y Mola para que Cristina Kirchner sea enviada a prisión común.
Tras la audiencia, los jueces de la Sala IV quedarán en condiciones de resolver. Aunque el plazo legal es de cinco días hábiles, se espera que haya una definición dentro de la próxima semana. El fallo podría modificar el modo en que la expresidenta cumple su condena y sentar un precedente para futuras decisiones judiciales de alto impacto político.
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