Habrá una reparación económica para los policías de Río Negro por la mala liquidación de la zona
El proyecto de Weretilneck ingresó en la Legislatura. El régimen es voluntario para uniformados con o sin acciones judiciales iniciadas.
El régimen propuesto pretende cerrar el frente judicial por las demandas judiciales de los policías por una errónea liquidación de la zona desfavorable. Archivo
El gobierno de Río Negro fijará un régimen voluntario para que los policías pueden “acceder al pago de una reparación extraordinaria por adicional por zona desfavorable”.
Esta iniciativa está formalizada en un proyecto de ley del gobernador Alberto Weretilneck enviado este miércoles a la Legislatura, previéndose su tratamiento en la sesión del jueves.
La reparación propuesta pretende cerrar el frente judicial originado por la mala liquidación de la zona desfavorable porque en su cálculo no se incluían adicionales no remunerativos, aplicados entre el 2007 y el 2015.
Inicialmente, desde enero pasado, el Ejecutivo regularizó la situación para adelante con un decreto donde incluye a esos pagos para la liquidación de la zona mientras que el régimen lanzado con el proyecto de ley pretende cancelar reclamos judiciales planteados y, además, ofrecer un pago a los uniformados que todavía no presentaron demandas.
Para determinar el monto de la “reparación”, la iniciativa contiene un anexo que fija montos para cada grado policial aunque la forma de su cancelación queda para precisar con la reglamentación, salvo que se establece que tendrá su actualización.
La tabla de los pagos diferencia también a las agrupaciones. Los valores en el personal de Seguridad van de los 2,5 millones a los 3,8 millones mientras que en los Técnicos oscilan de 1,6 millones a los 2,1 millones.
Se precisa que “para hacerse acreedor del pago” cada “agente deberá manifestar su adhesión voluntaria”, lo cual, significará “la renuncia a efectuar cualquier reclamo posterior”. En el caso de quienes tengan “acción judicial iniciada” deberán informar -indica el proyecto- que dan por “concluidas las actuaciones y renunciando a cualquier diferencia”.
Otro artículo establece que los retirados, con o sin demanda, “sólo podrán adherir cuando hubieran prestado servicios activos dentro de los últimos tres años anteriores”
En los fundamentos, el proyecto se justifica para “propiciar una solución general y extraordinaria que incluya al universo de agentes policiales”, “hayan o no promovido demandas judiciales”.
Además, se explica que se propone un “monto nominal para cada agrupamiento y jerarquía que se asume equitativo y cancelatorio en el marco de adhesión voluntaria”
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